Los peligros del
proyecto Alto Maipo El programa En la Mira (Chilevisión) transmitió este
miércoles 25 de junio un especial sobre proyecto Alto Maipo. Esto ha permitido
poner en el debate este proyecto cuyo objetivo es alimentar la megatóxica mina
Los Pelambres (Luksic). Las consecuencias ambientales de Alto ). Intromisión
estadunidense AES Corp. es una de las principales empresas energéticas de
Estados Unidos. Está presente en 29 países y tiene cerca de 30 mil empleados.
En Chile controla AES Gener, tercera empresa de generación eléctrica por
potencia instalada. Produce 3 mil 129 mw, que representa 21% del total de la
energía de este país. Aes Gener cuenta con el respaldo del gobierno de Estados
Unidos. Cables de la embajada de este país en Santiago, dados a conocer por
Wikileaks en febrero de 2011, evidenciaron que la aprobación de la
termoeléctrica Campiche (2009), ubicada en el municipio de Puchuncaví, región
de Valparaíso, fue resultado de gestiones de altos funcionarios estadunidenses.
AES Gener comenzó a construir esta termoeléctrica en 2008 sin tener los
permisos correspondientes. Al parecer presumía de no necesitarlos. Esta empresa
no consideró que la normativa de urbanismo impedía poner en marcha industrias
contaminantes en áreas verdes. Tampoco le importó que la zona donde se
emplazaría ya estaba saturada de polución, y ni siquiera se detuvo ante una
resolución de la Corte Suprema que canceló definitivamente este proyecto en
mayo de 2009 al considerarlo ilegal. Luego de esta decisión judicial, el
secretario de Comercio de Estados Unidos Gary Locke escribió en octubre de 2009
una carta a diversas autoridades del gobierno de Bachelet conminándolos a
viabilizar el proyecto. El embajador Paul Simons se reunió con tres ministros
del gobierno de Bachelet, entre ellos el de Interior Edmundo Pérez Yoma, a
quienes les planteó “los daños a la imagen exterior” que sufriría Chile en caso
de no prosperar Campiche. Como resultado de estas diligencias el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, liderado entonces por Patricia Poblete, emitió el decreto
supremo 68 (publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2009), en el
que se reinterpretaba la ley de urbanismo con la finalidad de permitir la
puesta en marcha de Campiche. Fue un traje hecho a la medida de AES Gener. La
aprobación de Alto Maipo por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente
(Conama) también estuvo plagada de irregularidades. La Comisión de Recursos
Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados estudió
los errores y omisiones de este proceso. Y sus conclusiones fueron lapidarias.
El 14 de enero de 2010, tras seis meses de trabajo, esta comisión evacuó su
informe el que fue aprobado con 50 votos a favor y sin votos en contra. Entre
las conclusiones destaca que el permiso ambiental fue aprobado sin que Gener
tuviera los derechos de agua en los puntos de captación. Sólo este argumento
debió haber inviabilizado todo el proyecto. La directora de la ONG
ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, prestó su testimonio ante la
citada comisión de la Cámara de Diputados. Allí sintetizó las que, a su juicio,
eran las principales irregularidades que se cometieron en la aprobación del
proyecto. Larraín –quien en 1999 fue candidata presidencial independiente–
denunció que Alto Maipo este proyecto se aprobó sin considerar que afectaría
“sitios prioritarios de conservación” de la naturaleza cuya preservación es un
compromiso internacional de Chile.
Además, arguyó la
ambientalista: “Se va a intensificar la desertificación, al captar el
nacimiento de las aguas y trasvasijarlas hacia otras cuencas. Este proyecto no
es de centrales o de embalses, sino de pasada; pero hay un trasvasije de
cuencas. No es lo mismo que se tome agua en el río Maipo en este lugar y que
cincuenta metros más abajo se devuelva a este mismo río. En este caso se toma
agua en los ríos Volcán, Yeso y Colorado y se trasvasija en el río Maipo 70 kilómetros
más abajo”. En este mismo sentido, el ingeniero hidráulico Jack Stren declaró a
la mencionada comisión que los derechos de aguas que la empresa dice poseer son
mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen. “Esto indica que si el
proyecto se ejecuta, sacarán hasta la última gota de las cuencas, porque
–insistió– dicen tener los derechos sobre todas esas aguas”. Stern señaló que
es dable esperar que los ríos Yeso, Colorado y El Volcán se sequen. Y el río
Maipo disminuiría su caudal en un promedio anual de 40%, “por lo que se
convertirá en un simple zanjón, con sus riberas totalmente secas”. Larraín
subrayó que la autoridad ambiental no observó estos impactos en la reducción de
recursos hídricos lo que, en su opinión, “constituye un abandono de funciones”.
El ingeniero Stern definió como contradictorio el que como consecuencia de Alto
Maipo se degraden 100 mil hectáreas de tierras precordilleranas, sin considerar
que el nuevo Plan de Descontaminación de Santiago (2010) establece la necesidad
de forestar zonas en la precordillera para contar con una importante masa verde
que favorezca la descontaminación de la ciudad. Stern también señaló que
producto del cambio climático disminuirán las precipitaciones entre 14.5% y 31%
en la cuenca del Maipo. Esto, sumado a la eventual construcción del PHAM,
implicaría un escenario gravísimo de escasez de agua en el Maipo y, como
consecuencia, en el abastecimiento de agua de Santiago. Por otra parte, el
proyecto de AES Gener prevé la corta de varias especies arbóreas protegidas por
ley, entre ellas, olivillos y guayacanes. “La ley de Bosque Nativo expresa
claramente –señaló Larraín– que la autoridad no podrá aprobar planes de manejo
que impliquen corta de especies en categoría de protección y de sus especies
acompañantes, con la sola excepción de casos de interés público. Eso
particularmente referido a proyectos del Estado”. Por lo mismo, la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) de la RM no dio el permiso. Sin embargo, la directora
nacional de esta institución, Catalina Bau, presionó para que se aprobara el
plan de manejo de corta de estas especies conminándolos, de esta manera, a
contravenir la Ley de Bosque Nativo en los artículos 7° y 19. Y lo consiguió.
Otra irregularidad nace del hecho que Alto Maipo,
intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El
Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, los cuales están protegidos por
el decreto supremo 531, de 1967, y por la ley 18.362, del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la Convención de Washington, que
están vinculados. En este caso, las instituciones responsables de que no se
haya resguardado el glaciar fueron la Dirección General de Aguas (DGA) y el
Servicio Nacional de Geología y Minería, a pesar de que la Conaf las consultó
sobre este punto. Por otro lado, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) incurrió en otra falta que puede tener severas
consecuencias. Esta dependencia obvió el hecho de que al canalizarse los ríos
Volcán, Colorado y Yeso en un túnel de 70 kilómetros se reducirá la generación
de sedimento en una cantidad estimada de 2.3 millones de toneladas anuales, que
corresponde a 27% de la producción de sedimento de la cuenca. “Esto generará un
hundimiento, dado que las empresas areneras –señala Larraín según consta en el
informe de la Comisión investigadora– continuará con la extracción de áridos
para Santiago, lo que (…) va a generar un hundimiento del lecho del río Maipo,
provocando el riesgo (…) que los puentes de la infraestructura pública queden
en peligro debido al socavamiento de las bases”.
Se refiere específicamente al puente Los Morros, el nuevo
puente de acceso sur a Santiago y los puente de la carretera Panamericana,
tanto el destinado para vehículos motorizados, como el de trenes. Esta erosión
del río por extracción de áridos afectaría también las bocatomas de cinco
canales que riegan 107 mil hectáreas agrícolas, lo que perjudicará a predios y
a campesinos de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Padre Hurtado,
Maipú, Peñaflor, Buin, Talagante, Isla de Maipo y Paine. La negligencia de la
DOH consistió en entregar el permiso ambiental sectorial ignorando un estudio
de la Universidad de Chile, que fue anexado al estudio de impacto ambiental, el
cual señalaba que se iba a producir una importante disminución de áridos. Como
para subsanar esta omisión, el DOH pidió que se hiciera un nuevo estudio de
sedimentos antes de la operación de las centrales. Contrato secreto Hasta el 21 de enero de 2013 Alto Maipo marchaba
sobre ruedas. Pero el impacto provocado por un gran aluvión y el corte de agua
por este ocasionado en Santiago -debido a que la gran cantidad de barro que
cayó sobre el río Maipo impidió que la planta potabilizadora de la empresa
Aguas Andinas pudiera funcionar– modificó el panorama. En las semanas
siguientes no sólo se pudo conocer los pormenores y riesgos que supone el PHAM.
También se comenzaron a destrabar sus secretos. El 22 de enero de 2013, en
medio de un gran revuelo mediático, medio centenar de organizaciones reunidas
en la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo emitieron una declaración
denunciando la existencia de un contrato secreto entre Aguas Andinas y AES
Gener: “En el año 2011 Aguas Andinas firmó un contrato con AES Gener que
implica ceder parte del agua limpia para consumo humano que posee Santiago para
la generación eléctrica de estas centrales que aún no se construyen. Con esta
acción Aguas Andinas amplía su giro priorizando sus ganancias económicas por
sobre su labor fundamental, establecida por contrato con el Estado”. Los
defensores del río Maipo llevaban un año solicitando conocer este contrato. Se
lo pidieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS) pero ésta les
negó el acceso porque Aguas Andinas se opuso. Entonces los ambientalistas
recurrieron, en mayo de 2012, al Consejo de la Transparencia (entidad estatal
autónoma encargada de velar por el acceso público a la información). En fallo
entregado en junio de 2012 esta entidad también rechazó entregar esta
información. La Coordinadora Ciudadana no cejó: presentó un recurso de
reclamación a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que cuatro días después
del aluvión acogió en forma unánime el requerimiento: “Esta Corte no divisa la
razón en virtud de la cual la entrega del Convenio pueda comprometer el interés
patrimonial de Aguas Andinas SA y Gener, por el contrario, la seguridad
hidrológica respecto del servicio sanitario de la Región Metropolitana, es una
materia de tal trascendencia social y económica, que hace necesaria el
conocimiento de información que en él se contiene”, dice el fallo. En
entrevista con este corresponsal, la vocera de la citada coordinadora
ciudadana, Marcela Mella, sostuvo que este fallo “favorable y rápido”, tiene
mucho que ver con la situación generada tras el aluvión. Y añade: “Nosotros
confiamos en la Justicia y desconfiamos del parlamento y los gobiernos por la
forma turbia con la que se han comportado. La Concertación fue asquerosa: no
hizo ningún cambio a lo obrado por la dictadura… la ley eléctrica y la ley
minera siguen teniendo una categoría mayor que el resto de las leyes”. Mella
señala que el objetivo de obtener el citado contrato es dejarlo sin efecto:
“AES Gener requiere de esos recursos hídricos. Si ellos dejan de contar con los
recursos hídricos que le suministraría Aguas Andinas dejarían de ganar 45
millones de dólares al año lo que le quitaría atractivo a este proyecto”. Cabe consignar que la Coordinadora Ríos del
Maipo está impulsando una fuerte ofensiva judicial. Está a la espera de que la
Corte de Apelaciones falle respecto de un recurso de reclamación contra la
resolución de la DGA que aprueba las obras hidráulicas de Alto Maipo “por
vicios insalvables en su aprobación” que fue entregada por el gobierno de
Piñera. Mella afirma que si AES Gener perdiera esta causa quedaría casi sin
posibilidad de construir su central Alto Maipo”. Este recurso fue presentado
con el patrocinio del abogado Gustavo Manríquez, exdirector general de Aguas
durante 1990-1994. Ríos del Maipo también espera el resultado de una demanda de
nulidad de derecho público contra la resolución de calificación ambiental que
aprobó el proyecto en comento “por vicios insalvables”. Esta acción está
dirigida contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) continuador legal de
la Conama, contra la DOH y contra AES Gener. Esta demanda es llevada por el
abogado Jorge Reyes, que es experto en derecho administrativo.
A modo de conclusión, Marcela Mella señala que “cuando el
Estado no hace su trabajo y actúa sólo favoreciendo a una empresa
transnacional, a una comunidad no le queda otra que judicializar estos
permisos”.Mella señala que la lucha de los suyos es onerosa y muy sacrificada:
“No tenemos ningún tipo de financiamiento y para organizaciones como la nuestra
contratar abogados especialistas, a pesar de la conciencia que éstos tienen,
representan cifras importantes de dinero (…) terminamos haciendo el trabajo del
Estado y gastando mucho tiempo y plata”.Francisco Marín TOMADO D E EL CIUDADANO
POR SUGERENCIA EN BOLETIN GAL DE CHILE
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