Magali Zevallos Ríos
Gobierno se niega a publicar base de datos sobre pueblos
indígenas y excluye de procesos de consulta a comunidades de costa y sierra
donde está concentrada actividad minera.
La aplicación de la
Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas o
administrativas que los afecte directamente, en vigencia desde hace poco más de
un año, viene teniendo enormes retrocesos en el Perú. Bajo el paraguas de la
caída de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento
económico de China y Europa, a fines de abril el gobierno exoneró temporalmente
de la consulta previa a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del
país y que se encuentran en fase de exploración.
Tras las
declaraciones del presidente Ollanta Humala el 28 de abril, quien afirmó que
las comunidades indígenas con derecho a la consulta se encuentran en la selva y
no en la costa y sierra, han salido los voceros del gobierno con el discurso de
que un país competitivo no puede poner trabas a la inversión. Con la premisa de
la reducción de la pobreza, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Jorge Merino señaló que “tenemos un stock de inversiones mineras por US$54
millones” y que éstas deben desarrollarse en el menor plazo posible para seguir
recaudando fondos para los programas sociales impulsados por el Ejecutivo.
El actual gobierno
había dado importantes pasos con la ley y reglamentación de la consulta previa,
aunque esta última recibió cuestionamientos de los pueblos indígenas porque no
recogió sus aportes. En setiembre del 2011 Humala promulgó la Ley del Derecho a
la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios en un acto simbólico
en la ciudad nororiental de Bagua, lugar donde fallecieron 34 personas, entre
policías y civiles, tras un violento enfrentamiento ocurrido en junio del 2009
a consecuencia de una protesta contra la promulgación de una serie de decretos
legislativos emitidos por el entonces presidente Alan García (2006-2011) con
los que pretendía abrir las tierras amazónicas indígenas a la inversión privada
sin haberles consultado.
“La promulgación de
la ley en Bagua parecía marcar una nueva relación con los pueblos indígenas,
pero empezó a primar el discurso de que los pueblos indígenas y la consulta
previa constituyen trabas a la inversión”, señala a Noticias Aliadas la
congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el
seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la
República.
Conflictos por
concesiones
El interés de excluir
a la costa y sierra del proceso de consulta se debe a que en estas regiones se
encuentra concentrada la actividad minera del país. El mapa de proyectos
mineros del MEM reporta que en la costa y la sierra hay 50,516 concesiones
mineras vigentes, mientras que en la selva sólo 3,754.
El mapa de
superposición de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas
con las actividades mineras —incluido en el más reciente Informe del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, publicado por las organizaciones
CooperAcción, Grufides y Fedepaz en diciembre pasado— grafica que 49.6% del
territorio de las comunidades campesinas en la sierra tienen concesiones
mineras, y la superposición de la minería en territorios de las comunidades
nativas amazónicas sólo representa el 1.4%.
“Si el Estado no
aplica la consulta previa en la costa y sierra habrá un escenario de
conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”,
sostiene Mendoza. “No debemos olvidar penosos episodios por no optar por
mecanismos de diálogo, hemos perdido valiosas vidas por la imposición de
proyectos extractivos, en el caso Bagua, Cajamarca y Espinar”, en referencia a
los conflictos socioambientales contra el proyecto aurífero Conga, en el
departamento norandino de Cajamarca, y la mina cuprífera Tintaya, en la
provincia cusqueña de Espinar, que dejaron 17 muertos entre fines del 2011 y
mediados del 2012.
La legisladora
advierte además que las comunidades, amparadas en el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, podrían
demandar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
“Por no respetar el
derecho a la consulta tendríamos que asumir todos los costos que implique la
denuncia, gastos administrativos, de defensa, indemnización y reparación”,
dice.
La negativa del
ministro de Cultura Luis Peirano de hacer pública la base de datos de los
pueblos indígenas es otro entrampamiento del gobierno para no hacer viable el
proceso de consulta, y a un año de aprobarse el reglamento que permitió la
entrada en vigencia de la ley en abril de 2012, se desconoce qué poblaciones
están sujetas a este derecho.
“Lo único que explica
esta resistencia es la avidez de implementar los proyectos mineros”, sostiene
Mendoza.
Y esta avidez se
cobró la cabeza del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe,
quien a principios de mayo renunció al cargo por discrepar con la decisión de
Peirano.
Pueblos indígenas se
sienten traicionados
Otro gesto político
de la puesta en marcha del retroceso de la consulta previa en el Perú es que el
gobierno a través del MEM está decidido a continuar con el proyecto Cañariaco,
de la empresa canadiense Candente Copper, ubicado en el distrito de Cañaris, en
el noroccidental departamento Lambayeque. Su población, mayoritariamente
quechuahablante, es un pueblo indígena reconocido por la Defensoría del Pueblo y
por el propio Ministerio de Cultura, pues el Viceministerio de
Interculturalidad lo incluyó en el proceso de capacitación de intérpretes
quechuas cuando se inició la elaboración de la base de datos de pueblos
indígenas.
Frente a las
recientes declaraciones del ministro Merino, de que el proyecto cuprífero va de
todas maneras y que la empresa tiene un esquema de diálogo con la población,
Florentino Barrios Huamán, presidente de la Comunidad de San Juan de Cañaris,
asegura a Noticias Aliadas que en enero del presente año la Presidencia del
Consejo de Ministros instaló una mesa de diálogo, pero hasta la fecha no hay un
solo acuerdo.
“Cuando el gobierno
dice que la empresa tiene un plan de diálogo con la población está confirmando
que el Estado no va a escuchar a la población indígena. El Estado nos
traicionó, Ollanta Humala nos traicionó, somos una población mayoritariamente
quechuahablante, Cañaris existe antes de la República, tenemos títulos y
resoluciones que el Estado nos reconoce como comunidad indígena desde el año
1789, si nos imponen su modelo de desarrollo vamos a tener que recurrir ante la
CIDH por oponerse a la voluntad democrática del pueblo de Canaris”, dice
Barrios, y recuerda que en una consulta popular realizada el 30 de setiembre de
2012, el 95% de su población le dijo no a la empresa minera.
Según el mapa de
concesiones mineras elaborado por CooperAcción, organización no gubernamental
que trabaja con comunidades afectadas por las industrias extractivas, el 96%
del distrito de Cañaris se encuentra concesionado siendo los principales
titulares mineros las empresas Cañariaco Cooper Perú, subsidiaria de Candente
Copper, y la también canadiense Barrick Misquichilca.
A mediados de mayo,
el Ministerio de Cultura anunció la realización de consultas a comunidades
indígenas en las regiones de Loreto, en el nororiente, y Puno, en el sur
andino. El 23 de mayo se inició en Loreto el primer proceso de consulta previa
en el Perú.
Al respecto, la
congresista Mendoza aclara que ambas consultas estarán a cargo de los gobiernos
regionales y no del gobierno central, pues no se trata de proyectos de gran
minería. En el caso de Loreto se trata de la creación de un área de
conservación regional para el pueblo indígena Maijuna, y en Puno es sobre la
explotación del proyecto Chiquitosa, de mediana minería, con un impacto menos
controversial. — TOMADO DE envio de Noticias Aliadas
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