¿Por qué Yasuni es importante?
Matías Bianchi es Director Fundador de Asuntos del Sur. Es
politólogo de la Universidad de Buenos Aires, posee un MSc de la Universidad de
Oxford y un Master of Public Affairs del Instituto de Estudios Políticos de
Paris (Sciences Po). Ha sido becario FURP, Chevening, Excellence Eiffel y
fellow en Northwestern University. En 2010 fue convocado por el Council of the
Americas como parte de las Nuevas Voces de América Latina. Ha trabajado en el
Woodrow Wilson Center, UNDP, OEA, y el gobierno de Argentina. Actualmente es
Director Ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno.
El fracaso de la iniciativa Yasuni-ITT cruza
transversalmente debates neurálgicos sobre las relaciones Norte-Sur, la tensión
entre desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, el lugar de los
pueblos originarios en nuestros países y el rol que la región quiere jugar en
el escenario internacional. Estos debates no se circunscriben a Ecuador, ya
que el conflicto por el petróleo del Parque Yasuni es sintomático de las
decenas de conflictos socio-económico-ambientales que ocurren en este preciso
momento en toda América Latina, alrededor de la explotación de nuestras
riquezas naturales.
Yasuni-ITT. Para los que no hayan seguido la noticia
se las resumo brevemente: el parque Yasuni es una reserva de inmensa riqueza
natural localizada en plena cuenca amazónica del Ecuador, donde se calcula laexistencia
de al menos 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 600 de aves, 200
mamíferos, más de 3000 especies vegetales, además de ser hogar de los
pueblos Huo, Huaorani, Tagaeri y Taromenane.
El fracaso de la iniciativa Yasuni-ITT es una invitación
a responder qué relaciones queremos y podemos tener con el mundo, qué modelo de
desarrollo queremos y cómo pensamos utilizar nuestros recursos naturales y de
qué manera nos proponemos proteger la vida y el porvenir de nuestros hijos.
Hace una década encontraron reservas petroleras estimadas
por unos 850 millones de barriles al oeste del parque, en el bloque ITT
(Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Es así como con una propuesta innovadora del
gobierno, en el año 2007, creó el proyecto Yasuni-ITT como mecanismo para
proteger la biodiversidad y prevenir la emisión de gases que provocan el efecto
invernadero. En el mismo, el gobierno de Correa propuso dejar bajo
tierra el petróleo y así prevenir la emisión de más de 400 millones de
toneladas de CO2 y respetar el refugio de biodiversidad donde en una
hectárea viven más especies que en toda América del Norte junta. Se creó un
fondo especial donde la comunidad internacional depositaría a lo largo de 13
años unos US$3,6 mil millones, calculados como la mitad de la ganancia que
dejaría la explotación de crudo en ese mismo período.
Pese a las declaraciones y promesas de gobiernos e
instituciones, tras seis ños sólo se recaudaron US$13,3 millones, es decir, el
0,37% de lo esperado. Es por ello que el pasado 15 de Agosto el presidente
Correa anunció que el “mundo nos ha fallado” y que por ello daba de baja a la
iniciativa y pediría al Congreso que permita el otorgamiento de permisos de
explotación. Luego de intensas manifestaciones y reacciones en estas últimas
semanas ha accedido a permitir una consulta popular sobre el tema, en lo que se
está trabajando en este momento.
Norte-Sur, Sur-Sur. Uno de los debates que se
encuentra a flor de piel es a nivel países, específicamente la relación
Norte-Sur o como a algunos les gusta decir, economías desarrolladas-economías
emergentes. La iniciativa Yasuni ITT se inscribe en la tendencia reciente
que se da en las Cumbres Climáticas, los organismos multilaterales y
organizaciones ambientalistas (la mayoría con sede en países centrales) que
claman por la protección del medio ambiente y de los espacios y derechos de
las poblaciones originarias. Organizaciones como las Naciones Unidas, el
Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial del Trabajo
promueven legislaciones que protegen al medio ambiente y a las minorías
étnicas. Están en boga en ámbitos internacionales los esquemas como EITI
(Extractive Industries Transparency Initative) promovido por Tony Blair o los
bonos de carbono como la iniciativa REDD (Reduced Emmissions from Deforestation
and Forest Degradation) que buscan transparentar el manejo de los recursos
naturales y poner énfasis en el cambio climático. Es en este contexto que debe
entenderse a la iniciativa Yasuni ITT.
Con el riesgo de caer en el simplismo, el proyecto consiste
en que Ecuador ofrece proteger el medio ambiente, pero los países ya
desarrollados -que son los principales contaminantes del mundo- pagan la cuenta
del costo de que Ecuador también se desarrolle y absorba las emisiones de
carbono que sus economías producen. Cabe recordar que los Estados Unidos y la
Unión Europea producen actualmente el 30% del dióxido de carbono mundial
-porcentaje que ha ido en declive con el ascenso de China como usina mundial (Global
Carbon Project).
No le falta entonces razón al presidente Rafael Correa
cuando denuncia de que “el factor fundamental del fracaso (del proyecto Yasuni
ITT) es que el mundo desarrollado es una gran hipocresía”. En definitiva,
Ecuador también tiene derecho a desarrollarse y a explotar los recursos tal
como lo hicieron los países ricos en su momento. El problema que se nos
plantea es que este modelo de producción es insostenible. Entonces, un
interrogante es cómo lograr que el sistema internacional obligue a las
principales economías del mundo accedan a este tipo de arreglos.
Pero, por otro lado, ¿puede permitirse la región echarle
la culpa al mundo desarrollado y no hacerse cargo de un modelo de producción
insostenible?
De la misma manera, ahora las relaciones son crecientemente
Sur-Sur donde la industria y la inversión provienen cada vez más del sudeste
asiático. Entre 2000-2012, los países emergentes pasaron de representar el 22
por ciento del producto global a un 36 por ciento. Aquí entra entonces otra
discusión: ¿se va a consolidar otro pacto neocolonial Sur-Sur en el cual
América Latina se inserta al mundo nuevamente como proveedora de materias
primas? Da la sensación de que el desafío no es cambiar de socios sino cambiar
de negocio.
Neo-extractivismo. Es en este sentido que también se
encuentra sobre la mesa el debate sobre el modelo neo-extractivista que se ha
consolidado en la última década. Durante este decenio los precios de los
commodities han recuperado los términos de intercambio de casi un siglo de
inestabilidad y caída. Indios, chinos y turcos ahora compran autos, multiplican
su ingesta de carne, construyen y gastan. La demanda de energía, comida,
metales y agua por el ascenso a clase media de más de 1,000 millones de
habitantes en la las últimas décadas hace que los precios se sostengan en sus
récords históricos.
Esta situación ha favorecido a que las economías de la
región hayan logrado duplicar su participación en la economía mundial pasando
del 4% en el año 2003 al actual 8%. El Economist llegó a nombrar este decenio
como la “década de América Latina”.
Sin embargo, en un reciente libro Havard Haarstad
sostiene que este tipo de crecimiento no es cualitativamente diferente a la
expansión ultramarina que acompañó la revolución industrial en el Atlántico
norte. Este modelo continúa basado en la extracción de recursos naturales,
una baja diversificación económica y la dependencia de los mercados
internacionales (2012).
La reprimarización de las economías regionales en la
última década ha sido sustantiva, en la cual la participación de los productos
primarios en las exportaciones pasaron del 27,2% al 42,3% en el mismo período. Esto
es así a tal punto que la Cepal acaba de publicar en un informe que el alto
precio de loscommodities explica el 47% del crecimiento económico de Chile y
el 35% de Ecuador en este pasado decenio (CEPAL, 2013). En este aspecto
pareciera no haber divisiones ideológicas, Bennington y Bebbington señalan una
“perversa confluencia” entre los gobiernos de Correa, Morales, Kirchner, Humala
con Piñera, Alan García y Santos (2012). La ola de gobiernos progresistas han
cambiado muchas políticas pero no el patrón extractivo de los recursos
naturales. Los únicos cambios han estado relacionados con una mayor apropiación
de renta por parte de algunos gobiernos.
El prefijo “neo” indica que la diferencia con la expansión
de las economías finales del siglo 19 y principios del siglo 20 son sutiles
pero las hay. Primero, somos más conscientes del impacto que la actividad del
hombre genera en el medio ambiente y, segundo, que es más difícil expandir la
explotación. La conjunción de marcos regulatorios permisivos – heredados del
neoliberalismo-, la expansión de la demanda y los altos precios, ha llevado a
la frontera de explotación a espacios naturales protegidos y donde poblaciones
originarias viven. Esto da pié a nuevos desafíos dentro de los países.
Desarrollo nacional versus justicia social. Estos
desafíos son centralmente las tensiones sociales que surgen tanto en Yasuni-ITT
así como en TIPNIS o Itika Guasu en Bolivia, en la mina Pascua Lama o la
represa hidroeléctrica Balco en áreas de las comunidades Mapuches en Chile ,
Bagua o Minas Congas en Perú, entre decenas de otros conflictos similares.
Lo que encontramos es que por un lado en los últimos años la
gran mayoría de los países de la región han realizado políticas que fortalecen
la identidad y los derechos de las poblaciones indígenas. Bolivia en el 2009 y
Ecuador en el 2008 han incluido ambiciosos derechos ambientales e indígenas en
sus recientes reformas constitucionales y hasta han cambiado el nombre de sus
países incluyendo el adjetivo “Plurinacional” en los mismos. Es decir, se han
visibilizado pueblos excluídos y se les ha brindado herramientas
institucionales para que ejerzan su derecho.
A su vez, con los recursos fiscales provenientes por la
actividad extractiva han permitido a Ecuador y a los demás países, implementar
políticas sociales que buscan erradicar la pobreza y combatir la desigualdad.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo los logros
son indiscutibles: en Ecuador, la pobreza pasó del 52 al 37% entre 2003 y 2012
la clase media pasó de ser el 14 al 35% de la población en ese mismo período.
Además, señala el informe, Ecuador es el país que más avances hizo en la
reducción del índice gini de desigualdad. Lo mismo en Bolivia donde por ejemplo
Evo Morales creó el programa “Renta Dignidad” que es una jubilación a quienes
no hicieron aportes, financiado exclusivamente por la exportación de gas
natural. Como dice el mismo Morales, “sin los recursos de las exportaciones, no
hay políticas sociales”.
Sin embargo, este modelo extractivo utilizado en nombre del
“desarrollo nacional” choca con los derechos y voluntades de los pueblos
indígenas. Es más, frente a las protestas los gobiernos de Alan García o Santos
no han diferido a Morales y Correa al criticar las protestas, intentar
deslegitimizarlas y aún el uso de la fuerza priorizando el “interés nacional”
sobre los voluntades de grupos aislados. Frente a una propuesta indígena en el
2011 Correa los acusó de terroristas y casi 200 de ellos tuvieron que responder
frente a la justicia (Otra América, 2011). Morales también actuó con firmeza en
las manifestaciones en TIPNIS, sin mayores diferencias que Alan García que
acusaba a los manifestantes peruanos de “perros de hortelano” que no comen ni
dejan comer (El Comercio, 2 de Marzo 2008). Según esta perspectiva, el derecho
de estas comunidades se plantea como contrapuesto al interés de toda la nación.
Este es un debate necesario que no tiene una solución fácil.
Las políticas sociales son fundamentales y las poblaciones indígenas tienen una
voz que no puede ser desoída. La implementación de consultas populares podrían
tener un rol más transparente para evitar caer en la legitimación del hecho
consumado o los arreglos clientelares cortoplacistas.
El fracaso de la iniciativa Yasuni-ITT es una invitación a
responder qué relaciones queremos y podemos tener con el mundo, qué modelo de
desarrollo queremos y cómo pensamos utilizar nuestros recursos naturales y de
qué manera nos proponemos proteger la vida y el porvenir de nuestros hijos. No
podemos negar ni evitar que el desarrollo venga intrínsecamente ligado a la
intervención del hombre en la naturaleza, así como los daños por el cambio
climático y la degradación de nuestros espacios verdes está a la vista de todos
y los derechos de las poblaciones indígenas son inalienables. Estas tensiones
son posiblemente irreconciliables y sólo un debate que trascienda las
superficialidades del “noble salvaje” y del “imperialismo”, que sea inclusivo,
democrático e informado, podrá brindar espacios para buscar el mejor equilibrio
dentro de lo posible.
Bibliografía:
-
Bebbington and Bebbinton, After-What?, en Haarstad, Palgrave 2012.
- CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de
América Latina y el Caribe, 2013
-
Haarstad, New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance,
Palgrave, 2012
- Global
Carbon Project, Carbon Reduction and Offsets, Number 6, 2008
- PNUD, Informe Desarrollo Humano Ecuador, 2013
- Otra América, Terroristas de la Pacha Mama, www.otramerica.com
*Esta columna
fue publicada originalmente en Asuntos del Sur.org.
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