DIEZ MIL HECTAREAS ESTAN A PUNTO DE SER ARRASADAS EN SALTA Y
SUMAN 360.000 EN OCHO AÑOS
Avanza el desmonte por los agronegocios
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido
protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar
comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera,
habilitaron el desmonte.
Por Darío Aranda
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan
campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser
destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento
salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a
conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de
Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de
Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal
Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados
para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la
Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron
arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol
por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART)
de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron
358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían
protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques).
El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron
110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a
50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en
2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un
promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan
grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia
procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas
protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez,
secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e
investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma
tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública
para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián,
departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en
2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron
firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden
el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia
termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para
agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de
desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962
hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con
asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los
empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación”
de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000
hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50
años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos
firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato
señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas
total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio
de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578
cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar
tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de
las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias
originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es
inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red
Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían
realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede
desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca
Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta
para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo
“orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de
aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este
diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el
desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en
regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas
establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se
realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la
audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la
UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico
cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan
que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45
por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el
punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la
presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las
presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo
John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana
elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del
mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan
“estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay
al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán
otras 22.000 hectáreas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/238338-66578-2014-01-23.html
La lentitud de la
Justicia
Por Darío Aranda
Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder
Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años
transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió
el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron
sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los
empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para
desmonte.
Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy
viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San
Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un
amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización
de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la
transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una
pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese
territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso,
se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.
En agosto de 2010, el procurador general de la Nación
remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres
años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y
remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.
Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales
nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de
empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de
Ambiente de Salta.
La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía
política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.
Lic. Hernán Giardini
Coordinador de la Campaña de Bosques
Forests Campaign Coordinator – tomado de envío en red foroba
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