Termina la era de las
promesas andinas Bolivia y Ecuador. La represión y los límites a la libre
expresión jaquean los rumbos políticos de dos gobiernos que se reivindicaron
multiculturales y hoy intentan cercenar libertades y críticas opositoras. POR
MARISTELLA SVAMPA Ecuador. Pueblos originarios cerraron varias carreteras en
una huelga nacional hace una semana. América del Sur vive un momento
político-social muy inquietante, de fuerte polarización en diferentes países y
de crisis del pluralismo político. Aunque el espectro regional es amplio,
quiero referirme aquí a aquellos dos países que más expectativas políticas
transformadoras concitaron desde las llamadas izquierdas progresistas
latinoamericanas en la última década: Bolivia y Ecuador. La razón de ello es
que en el último mes asistimos a dos hechos elocuentes que ponen de relieve la
amenaza y cercenamiento de libertades políticas en ambos países. Bolivia y
Ecuador (y, en menor medida, por su carácter siempre controversial, Venezuela)
lideraron el ranking de los gobiernos de izquierda en la región, cuyo correlato
fue un proceso de innovación social e institucional, protagonizados por
organizaciones indígenas y movimientos sociales. Así, a través de la Asamblea
Constituyente el gobierno de Evo Morales estableció el reconocimiento de los
derechos colectivos y la creación del Estado Plurinacional y las Autonomías
indígenas. Por su parte, Ecuador constitucionalizó los Derechos de la
Naturaleza y estableció un Plan del Buen Vivir que apuntaba a la salida del
modelo primario-exportador, acompañando esto con la propuesta innovadora como la
de dejar parte del petróleo bajo tierra (Iniciativa Yasuní). En 2015, las
promesas de generar “otros modelos de desarrollo” parecen ya muy lejanas. Así,
en Bolivia, el 9 de agosto pasado, el vicepresidente Alvaro García Linera,
connotado intelectual y sociólogo, fustigó con una retórica virulenta a cuatro
ONG nacionales, a las cuales trató de mentirosas, amenazándolas con expulsarlas
del país (sic), debido a que sus informes contradicen el discurso oficial (pues
muestran el avance del agronegocio), o bien porque defienden las comunidades
indígeno-campesinas frente a la expansión del extractivismo (así, acusó a una
de estas ONG de hacer “trotskismo verde”). Días más tarde, con un conjunto de
intelectuales, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, el
ecuatoriano Alberto Acosta y la expareja del vicepresidente, la mexicana Raquel
Gutiérrez, y varios argentinos (Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Rubén Lo
Vuolo y la autora de esta nota, entre otros), enviamos una carta abierta a
García Linera rechazando las descalificaciones y amenazas, las que de
concretarse, implicarían una violación de los derechos civiles y, por
consiguiente, un enorme retroceso para la democracia boliviana. En dicha carta,
de gran circulación en Bolivia, subrayamos también que “la disidencia o la
crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y
descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e
intelectual; esto es, con más democracia”. García Linera contestó con otra carta,
la cual si bien abre a una discusión pendiente sobre extractivismo y modelos de
desarrollo, insiste en que las ONG en el banquillo mienten y que no fueron
amenazadas de expulsión, sino de defender “los intereses de la derecha política
internacional”. La posición de García Linera tiene antecedentes. Así, en 2011,
cuando el gobierno de Evo Morales generó el conflicto en el Tipnis (Territorio
Indígena Parque Nacional Isidoro Secure), por la construcción de una carretera,
García Linera escribió un libro, Geopolítica de la Amazonía (2012) donde
criticaba el “ambientalismo colonial” y demonizaba las ONG y las agencias de
cooperación (situándolas en el mismo plano) así como a diversas organizaciones
indígenas históricas que se habían opuesto a dicha carretera. En Ecuador, la
situación es de mayor gravedad, pues los dichos y amenazas suelen convertirse
en hechos. Así, el pasado 13 de agosto tuvo lugar una importante marcha
liderada por la Confederación Nacional de Pueblos Originarios del Ecuador
(Conaie), la que terminó –como sucede en los últimos tiempos en ese país– en
represión. En la misma fue golpeada la periodista franco-brasileña Manuela
Picq, residente desde hace 8 años en el país, donde es profesora universitaria
y pareja de un líder indígena. Mientras estaba en el hospital, Manuela Picq se
enteró de que su visa había sido cancelada y que estaba obligada a abandonar el
país. Finalmente, gracias a la solidaridad nacional e internacional, Picq no
fue deportada. Tampoco es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa lleva
a cabo este tipo de acciones, que lo colocan muy lejos de la idealización
política e intelectual que se ha venido haciendo de los gobiernos progresistas,
por ejemplo, en la Argentina. En 2009, Correa despojó de su personería jurídica
a la reconocida ONG Acción ecológica, pero tuvo que retroceder frente al
rechazo internacional. En diciembre de 2013 expulsó del país a la Fundación
Pachamama, y en 2014, canceló súbitamente la visa de Oliver Utne, consultor de
origen estadounidense (yerno de Alberto Acosta, reconocido economista y
político opositor) que debió abandonar el país. Por otro lado, el carácter
autoritario del gobierno de Correa tiene su correlato en la creciente
criminalización de estudiantes y organizaciones indígenas-campesinas que luchan
contra el extractivismo, hay más de 200 personas procesadas (varias de ellas,
bajo la figura de terrorismo). ¿A qué se debe el corrimiento político en estos
países, impensable unos pocos años atrás? Desde mi perspectiva, hay dos
inflexiones mayores que ayudan a explicarlo: por un lado, la acentuación del
extractivismo; por otro lado, el retorno del populismo. En primer lugar,
asistimos al fin de las llamadas “tensiones creativas” propias del comienzo de
ambos gobiernos y a la consolidación de una política netamente extractivista
que colisiona con los derechos consagrados por las constituciones, reclamados
por las organizaciones indígenas y ecologistas. Con ello, Bolivia y Ecuador
traicionaron sus promesas políticas originales de Buen Vivir y respeto a la
Naturaleza y lejos de alentar cualquier escenario de transición y salida del
extractivismo, hoy proceden como cualquier otro gobierno latinoamericano,
promoviendo la expansión de las fronteras del capital y la exportación masiva
de commodities, a través de la multiplicación de megaproyectos extractivos
(minería, expansión de la frontera petrolera, soja, entre otros). En segundo
lugar, este proceso significó una estigmatización creciente de la narrativa
indigenista y ecologista, desplazada por la narrativa populista, donde
convergen visión estatalista y culto al líder, bajo esquemas
hiperpresidencialistas. Asistimos así al retorno de un populismo de alta
intensidad, asociado al ejercicio de la política como permanente confrontación
entre dos polos antagónicos (el nuevo bloque popular versus oligarquía, medios
de comunicación dominantes y el “ambientalismo colonial” o el “ecoterrorismo”).
La inflexión no es menor, pues el populismo, como fenómeno político complejo y
contradictorio, presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos
y no democráticos. Tarde o temprano, ello hace que nos preguntemos sobre el
tipo de hegemonía que se va construyendo en esa tensión peligrosa entre una
concepción plural y otra organicista de la democracia; entre la inclusión de
las demandas y la cancelación de las diferencias. Los dos hechos reseñados,
aunque revisten una gravedad diferente (Ecuador está varios pasos adelante),
forman parte de esta tentación de corrimiento de las fronteras. Por último, no
es lo mismo hablar de nueva izquierda latinoamericana que de populismos del
siglo XXI. En el pasaje de una caracterización a otra algo importante se
perdió, algo que evoca el abandono, sino la pérdida de la dimensión
emancipatoria de la política y la evolución hacia modelos de dominación de
corte tradicional, basados en el culto al líder y su identificación con el
Estado. Miembro de Plataforma 2012 TOMADO
DE Ñ , SUGERIDO EN FACE DE DANIELA
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