Aranguren, el fusible de los CEOs
El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron
cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren,
y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”. Los afiches, que no
llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado
algunas semanas atrás, fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A
través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el
ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su
renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de
haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el
fantasma de la conflictividad social. El objetivo de ese discurso no era otro
que desviar la atención sobre la mala política energética hacia su
principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política
de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido
en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar.
Felipe Gutiérrez.- La cronología del tarifazo se
inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma
un definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a
criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427
por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%. Esta
medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo
acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los
combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con
el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario
das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una
reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores
patagónicos.
El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los
programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia
de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En
materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es
evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas
estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el
plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.
El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo
su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería
complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18
de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos
Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es
bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsadoscon
miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna. De este
modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes
de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta
alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el
beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado
interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los
precios del “gas viejo” en boca de pozo [1].
Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a
las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la
política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la
renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre
de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que
significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta super en Capital
Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%[2]. Si bien la suba es similar a la del
dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de
petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de
2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. De este modo, el
gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional,
creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo. Su objetivo era
sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por
la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la
totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética
que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes
costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de
Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia
de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones
durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).
“Es la política, pavote”
La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del
país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en
Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían
presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas
al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país.
También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según
la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo
producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era
un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica
Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que
aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a
$ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el
triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.
FOTO Marcha en contra del tarifazo en Bariloche / Marcelo
Martínez – Rio Negro
De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió
en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector
residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de
declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como
la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban
situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban
sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell
Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de
la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo
gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho
licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por
el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British
Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas
boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus
acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las
decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A
estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como
cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que
“tenía una planilla de Excel que cumplir”.
En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó
subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que
este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando
porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las
grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios,
el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún
más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar
las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en
una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una
mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la
política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de
las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados
penalmente- si no que tiene que ver con una abierta política de
beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer
capitales.
Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento
al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento
de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo[3] ($16 mil millones en 2015) y la
minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política
orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que
controlan las principales actividades extractivas del país, con particular
énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son
ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.
Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de
Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía
renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las
condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones
internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del
macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de
alto impacto socioambiental.
Volver al mundo
En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que
es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético
nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible
enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no
está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile,
país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por
su apertura comercial[4]. El ministro de Energía chileno, Máximo
Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la
integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese
país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la
reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por
México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el
principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse
al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual
Washington pretende aumentar su influencia en la región.
Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la
principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la
importación desde Chile es una señal muy clara.En última instancia Macri
pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales.
Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y
después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un
posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur,
gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La
movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una
diversificación de mercados (antes les llamábamos países).
Es este marco político el problema que se plantea hoy en
materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su
eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga
poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su
incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la
reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara
para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo”.
Fuentes Consultadas:
Ministerio de Energía y Minería (18/05/2016) Resolución
74/2016, Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. Creación
Río Negro, 17/01/2016 (Javier Lojo) Subsidios
a petroleras suman más de u$s 6.000 millones
[1] Los programas estímulo durante el
kirchnerismo estaban destinados a la perforación de nuevos pozos o la
reactivación de los que estaban paralizados. Si bien el macrismo le da una
continuidad a esa política, también subió los precios para los pozos que ya
están en producción.
[2] Datos obtenidos de la página web de la Confederación
de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines y del diario Los
Andes
[4]Aunque la economía argentina es dos veces más
grande que la chilena, recibe solo un 25% de los capitales extranjeros que
ingresan en ese país (Cepal, 2015) TOMADO DE ENVIO DE OBSERVATORIO PETROLERO
DEL SUR
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