Salta, 4 de diciembre 2017. En medio de rumores de
modificación de la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007, llegaron
nuevamente las topadoras a la finca Cuchuy en Salta. Esta vez, para concluir un
desmonte de casi 9 mil hectáreas de bosques protegidos que fue autorizado en forma
ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca.
Greenpeace documentó el desmonte que cuatro topadoras están
realizando a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas
familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los
últimos años.
La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña,
primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del
directorio de varias empresas de la familia Macri. La organización ecologista
recorrió nuevamente la zona, luego de haber denunciado el caso en 2014 y frenar
el desmonte hasta que sus activistas fueron presos. (1)
“Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que
grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está
permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de
concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de
varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió Hernán
Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, que no
permiten desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el
cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III - verde
para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos
Aires).
La destrucción de esos bosques afectará seriamente la
subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y
Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que
empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a
cambio de cederles algo de tierra. La dramática situación de las comunidades
fue advertida ese mismo año por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de
las autoridades.
“Necesitamos que el Congreso de la Nación sancione en
forma urgente una Ley de Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales
e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó
Giardini.
Greenpeace denunció que dicho proyecto de ley se
encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside
la comisión de Legislación Penal.
Nota:
- Informe
Desmontes S.A. Parte 2. La responsabilidad empresaria y gubernamental en
la violación de la Ley de Bosques en Salta. http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2014/bosques/DesmontesSA2daparte.pdf
Coordinador de la Campaña de Bosques
Forests Campaign Coordinator
Forests Campaign Coordinator
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