Tres mujeres
saharauis contemplan desde una duna el campamento de refugiados ‘27 de Febrero’
en 2009, en Tindouf (Argelia).
Ha vuelto a
suceder. Una vez más, la comunidad internacional ha dado la espalda al pueblo
saharaui. El pasado 25 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
aprobó la renovación de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas por el Referéndum
del Sáhara Occidental, por un año más. La Misión carecerá, sin embargo, de un
mandato fundamental: la supervisión del respeto a los derechos humanos tanto en
el territorio controlado por Marruecos como en el que supervisa el Frente
Polisario, en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).
Después de casi
seis décadas tratando de no enfadar a la monarquía alauita, Estados Unidos
lanzó el pasado mes de abril un órdago en Naciones Unidas que provocó el
malestar de Marruecos, su único y tradicional aliado en el Magreb. Su
embajadora ante la ONU, Susan Rice, presentó un proyecto de resolución ante el
Grupo de Amigos del Sáhara Occidental (formado por Francia, Rusia, Reino Unido,
China, Estados Unidos y España) que pretendía renovar el mandato de la MINURSO
y ampliarlo para otorgarle la capacidad de supervisar el respeto a los derechos
humanos. No se trata, ni mucho menos, de algo descabellado si tenemos en cuenta
que el contingente de Naciones Unidas en la antigua colonia española es la
única misión de paz en el mundo que carece de potestad para hacerlo. Tampoco si
recordamos las múltiples y constantes denuncias de violaciones a los derechos
humanos de los saharauis por parte de prestigiosas organizaciones humanitarias
internacionales e, incluso, del relator de Naciones Unidas contra la tortura,
Juan Méndez, quien visitó el territorio el pasado mes de septiembre.
La persecución,
la intimidación, la tortura o la captura de presos políticos por parte de
Marruecos en el Sáhara Occidental es algo de sobra probado. Por ello, no sólo
no era descabellado que la MINURSO pudiese velar por la preservación de los
derechos de los saharauis, además, era necesario.
Pero Marruecos no
pensaba del mismo modo. Tampoco Francia, Rusia ni, sorpresa, España. París y,
en menor medida, Moscú se alinearon pronto con la postura de Rabat. España fue
algo más sibilina, evitando hacer declaraciones controvertidas. El ministro
García-Margallo se escudó en que la misión surge del Capítulo VI de la Carta de
Naciones Unidas (que establece el arreglo pacífico de controversias entre las
partes) para esgrimir que no se puede obligar a Marruecos y abogar por una
solución de “consenso”.
Resulta no sé si
iluso o quizá hipócrita pensar que dicho “consenso” llegará algún día de la
mano de nuestro vecino del sur, el mismo que lleva más de veinte años dilatando
la implementación del referéndum refrendado por la propia ONU para que el
Sáhara decida sobre su futuro.
Con el proyecto
de resolución estadounidense, se le puso a España en bandeja la oportunidad de
tratar de enmendar el abandono al pueblo saharaui que perpetró en 1975 y que,
en materia política, ha mantenido durante los pasados 40 años. Pero la dejó
escapar.
La inclusión de
la protección a los derechos humanos acabó diluyéndose y la resolución
finalmente sólo estableció la permanencia de la misión por un año más en el
territorio. Nada más conocerse esto, cientos de personas salieron en protesta a
las calles de El Aaiún y de otras ciudades del Sáhara Occidental, dejando como
saldo decenas de heridos ante una represión de la policía marroquí
“desproporcionada”, según informaron varias ONG.
La reacción era
de esperar. En su intento por contentar a Marruecos, estos países olvidaron un
factor determinante: el pueblo saharaui lleva décadas soportando con decepción
los desdenes de la comunidad internacional. Esperemos ahora que este último
desaire no encienda la mecha de un enfado que tal vez ya no pueda apagarse.
Tomado de
roostern gnn beta
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