Pueblos ocultos rumbo a su extinción
Luis Ángel Saavedra
Urge
implementar medidas cautelares para proteger a pueblos en aislamiento
voluntario. La masacre de unos 30 indígenas taromenane, ocurrida en marzo pone
al descubierto una nueva realidad y la negligencia del Estado ecuatoriano para
proteger a los pueblos que aún sobreviven en la selva amazónica, presionada
por, la expansión de la industria petrolera y la acción ilegal de madereros.
Estas actividades se mantienen
El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los
que más han estudiado a los tagaeri y taromenane, sostiene la hipótesis de que
estos últimos le habrían expresado su malestar por las incursiones que se daban
en sus territorios y las dificultades para la cacería; además, le habrían solicitado
que les consiga algunos machetes y hachas.
Cabodevilla asegura que a estos pueblos ya no se les puede
considerar como “no contactados”, pues toman contacto con algunos ancianos
huaorani a quienes solicitan cosas que necesitan para sobrevivir en la selva,
como los machetes, hachas o algunos utensilios de cocina. La hipótesis de Cabodevilla la comparte
Mónica Chuji, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), quien manifiesta que Omeway habría ofrecido
machetes y hachas, pero no pudo cumplir con su palabra, pues nadie le
proporcionó estos implementos pese a que los habría solicitado a la comunidad
de Yarentaro y a la compañía petrolera española REPSOL. “Ompore [Omeway] empeñó
su palabra y no pudo cumplirla, no consiguió todo lo que le pidieron”, asegura
Chuji. Conocida la noticia del ataque a Omeway y Cayga, unos 15 guerreros de
Yarentaro, liderados por Orengo Tokari, sobrino de Omeway, se adentraron en la
selva en busca de los taromenane para ejercer venganza; la primera y segunda
incursión falló, pues no los encontraron. En la tercera incursión, 18 días
después del ataque a Ompore, los hallaron y los asesinaron con armas de fuego.
Orengo declaró en un programa de televisión que mató a cinco taromenane; sin
embargo, Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador
(NAWE), asegura que por lo menos son 30 los taromenane muertos “La costumbre
[entre los huaorani] es usar lanzas”, explica Chuji. “Ahora usaron armas de
fuego y eso rompe con la tradición y va a traer muchos problemas entre las
comunidades huaorani”, añade en referencia a que esto abre la posibilidad de
que los conflictos entre los huaorani puedan resolverse con armas de fuego.
Gobierno tergiversa la realidad
Por su parte, Cabodevilla cuestiona la lentitud del gobierno
en actuar frente a este problema, pese a ser el responsable de implementar las
denominadas “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, dictadas en
abril del 2007. “Conocida la muerte de Omeway [las autoridades gubernamentales]
debieron entrar inmediatamente a Yarentaro y hablar con las familias, ofrecer
una indemnización y convencerles de no tomar venganza”, dice Cabodevilla. En
efecto, las noticias del ataque a los ancianos huaorani, como la incursión para
tomar venganza, se divulgaron de manera inmediata; pero no se conocieron
acciones gubernamentales hasta cuando se difundió la información de la masacre
y el rapto de dos niñas taromenane, que fueron llevadas a Yarentaro.
Autoridades gubernamentales catalogaron a la masacre como un rumor. Según
Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos y
miembro del Comité Internacional de Protección de los Pueblos en Aislamiento
Voluntario, el rapto de las niñas es la prueba de que existió una masacre, pues
es costumbre de estos pueblos asesinar a todos los miembros de un clan,
incluyendo niños, cuando se rapta a las mujeres, y así evitar una futura
venganza. El rapto de mujeres es una práctica que se da en los enfrentamientos
de estos pueblos; algunas de las actuales esposas de los huaorani son mujeres
tagaeri o taromenane raptadas en épocas pasadas.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que todo es un
rumor mientras no se encuentren los cuerpos, y para ello realizaron varios sobrevuelos
en helicóptero, todos fallidos. Luego, el fiscal general de la Nación, Galo
Chiriboga, aseguró que una posible muerte de taromenanes se debería a que
consumieron alimentos dañados, que habrían sido lanzados desde una avioneta.
Chiriboga tergiversó los comentarios de las niñas raptadas, que se negaron a
comer el arroz que les ofrecieron en Yarentaro, explicando que años atrás sus
abuelos habían enfermado por comer el arroz que lanzaron desde “una cosa que
vuela”. “Si es verdad que les están lanzando comida desde aviones, es un
genocidio”, afirmó el capuchino José Miguel Goldaraz, compañero de Cabodevilla,
en referencia a que los alimentos que se consumen en occidente contienen virus
para los que no están preparados los pueblos ocultos, aparte de que pueden
consumirlos cuando ya están dañados. Goldaraz participó en el “Encuentro de la
Red Eclesial Amazónica” realizado en Puyo, provincia amazónica de Pastaza,
donde en abril se reunieron por tres días representantes de 26 países. En su
manifiesto final, dado a conocer el 24 de abril, pidieron que “se detenga este
desangre en la selva, ocasionado por presiones de todo tipo y por poderosos
intereses para los cuales los pueblos desprotegidos son meros obstáculos para
el mal llamado desarrollo”.
No es “guerra de clanes”
Para confundir más a la opinión pública, los medios de
comunicación gubernamentales están difundiendo la idea de que estos ataques son
parte de una guerra de clanes y definen a los huaorani como comunidades que
chantajean a las petroleras, exigiendo prebendas a cambio de no cerrar las vías
de acceso a los pozos. “No es una simple guerra de clanes, aunque los
taromenane y tagaeri si miran a los huaorani como sus enemigos, porque los
miran como aliados de los invasores; pero tampoco se puede catalogar a las
comunidades huaorani como chantajistas o como aliados de las petroleras”,
afirma Chuji. El 26 de mayo del 2003 fueron asesinadas 23 mujeres y niños
taromenane. Se responsabilizó de esta masacre a guerreros huaorani, movidos por
madereros. La incursión fue ordenada por el jefe Babe, en venganza del ataque a
uno de sus hijos, y la lideró Davo. Los dos son considerados los guerreros más
respetados de esta nacionalidad. Babe murió en agosto del 2009, mientras que
Davo vive a orillas de una carretera donde mantiene un control de los
vehículos, exigiéndo gaseosas como tributo por el paso. Tres años después,
considerando los constantes enfrentamientos de los huaorani con los taromenane
y tagaeri, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó
medidas cautelares para la protección de estos últimos.
El gobierno nacional tuvo en ese momento una posición
proactiva, ordenando que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se haga
cargo de la implementación de estas medidas. Sin embargo no se siguió con el
proceso y Pichilingue, quien lo lideraba, fue despedido.
“Las medidas cautelares para protegerlos deben implementarse
en una zona de interés petrolero, y ahí venció este interés y perdieron los
beneficiarios de las medidas cautelares. Si sigue así, estos pueblos van rumbo
al exterminio”, sostiene Pichilingue. Enviado por —Noticias Aliadas.
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