FLEXIBILIZACION
AMBIENTAL EN COLOMBIA Y EN SUDAMERICA
La reciente
noticia de una posible reforma para obtener licencias ambientales “exprés” en
Colombia ha desencadenado mucha preocupación. Es evidente que eso tendría un
fuerte impacto en la calidad ambiental de los colombianos o en la preservación
de su biodiversidad. Pero esa medida no es un caso aislado, sino que se repite
en todos los países sudamericanos, por derecha y por izquierda, en Colombia o
Brasil, Perú o Bolivia. Y en todos los casos las consecuencias también
negativas. Repasemos algunos de los ejemplos más emblemáticos en estos países.
La noticia sobre
las licencias ambientales “exprés” fue adelantada por El Espectador en
entrevista al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, días atrás (leer
la entrevista aquí…).Entre
los dichos ministeriales se dice que la autoridad ambiental nacional (ANLA),
pide información “más allá de lo razonable”, obliga a repetir las “líneas de
base” o a “irse más allá de la consulta previa”. El mensaje está claro y apunta
a acelerar el trámite de los permisos, no “extenderse” en otras áreas o en no
“complicarla”.
Esta misma
cuestión, buscando acelerar los permisos ambientales, está en plena discusión
en todos los países sudamericanos. Corresponde a lo que se viene llamando en
ecología política como “flexibilización ambiental”.
Hasta donde he
podido hurgar, el término comenzó a utilizarse en Brasil, ya en el primer
mandato de Lula da Silva. A lo largo de sus dos presidencias se entendía que
los controles ambientales entorpecían la inversión y promoción productiva,
especialmente los llamados “planes de aceleramiento del crecimiento” (PAC). El
uso del término “flexibilización” seguramente proviene de un proceso distinto,
aunque emparentado: la flexibilización laboral – la reducción de las exigencias
y controles a los empleadores.
El gobierno Lula
consideraba que las evaluaciones de impacto ambiental eran muy largas, y se
fastidiaba con las acciones de fiscales independientes que paralizaban obras en
infracción, o con las demandas judiciales de la sociedad civil (un ejemplo de
2009 es comentado aquí…). Bajo ese contexto, desde hace años, tanto el gobierno
Lula como el actual de Dilma Rousseff, buscan reducir el tiempo de evaluación
ambiental, acotar mecanismos de salvaguarda, o transferir las licencias desde
el ámbito federal al local (un análisis aquí…). Por ahora, sus
resultados han sido parciales.
En Bolivia, bajo
el primer gobierno de Evo Morales se desmembró la autoridad ambiental
ministerial. Eso desembocó que las evaluaciones ambientales estuvieran en un
limbo institucional y jurídico por mucho tiempo, hasta que fueron retomadas en
el nuevo ministerio de Medio Ambiente y Agua. Pero al poco tiempo, el proceso
quedó envuelto en escándalo, por la insistencia presidencial en construir una
carretera dentro de un Parque Nacional (muy conocido por su sigla, TIPNIS; una
descripción del problema aquí…).Eso motivó la
renuncia del viceministro encargado de esas cuestiones, y al avanzar el plan de
la carretera, se desató una dura protesta indígena, que incluyó dos marchas
nacionales que atravesaron el país para plantarse en la capital.
Esas actitudes
tampoco son raras. En varios países sudamericanos, la presidencia o los
ministerios poderosos operan contra la agencia ambiental hasta obtener los
permisos que necesitan. Y si no lo logran, hacen que renuncien sus jerarcas
hasta encontrar uno dispuesto a firmarle los papeles.
Eso sucedió en
forma casi escandalosa en Brasil, alrededor de las evaluaciones de impacto
ambiental de la megarepresa de Belo Monte, sobre el Río Xingú, en plena
amazonía. Una obra que a todas luces implicaba un enorme impacto ambiental, con
pobres medidas de remediación, y que en su largo trámite le costó la renuncia a
varios jerarcas del IBAMA, el instituto federal brasileño que otorga los permisos
ambientales (una nota aquí …).
En algunos
países, la flexibilización no pasa tanto por el tiempo del trámite, sino por
convertir a las evaluaciones en un mero formalismo, donde casi nunca rechazan
un emprendimiento. Así es que en Chile llamó mucho la atención que en siete
años (2005 a 2012), de los 600 proyectos examinados por el Servicio de
Evaluación Ambiental, sólo se rechazaron un 7% (39); en un 90% de los casos no
se consultó a las comunidades locales (más información sobre estas debilidades aquí…).
Como en Perú
existía una avalancha de críticas sobre la rigurosidad en las evaluaciones
ambientales, el propio gobierno encargó un examen independiente a una agencia
de Naciones Unidas. En el primer estudio de impacto ambiental que revisaron
(que correspondía a una minera) terminó en 138 observaciones. El resultado de
ese ejercicio fue fulminante: el gobierno peruano canceló el acuerdo con Naciones
Unidas para seguir revisando licencias ambientales (más detalles aquí…).
En Ecuador hay
mucha preocupación ante un proceso similar, especialmente por los nuevos
grandes proyectos mineros o la posible explotación de petróleo en la Amazonia.
El mismo camino
flexibilizador quiere recorrer el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica,
aunque en su caso no lo disimula, sino que lo dice claramente: quiere
desmembrar la autoridad ambiental, degradarla a una agencia de menor
relevancia, e imponerle tiempos límites, que en caso de no cumplir,
determinaría liberar el proyecto bajo estudio (es un mecanismo similar al de la
ANLA colombiana, que tiene un plazo de 180 días). Esas intenciones tienen mucho
que ver con un megaproyecto de hierro a cielo abierto que el gobierno uruguayo
está promoviendo (y en esto también se parece al caso colombiano) (un ejemplo
del debate aquí…).
Estos casos
muestran varias tendencias que deben ser indicadas con toda claridad:
La primera
es que el sueño de licencias ambientales rápidas y a la carta se repite en
varios países. No es un problema propio de Colombia, sino que aparece en todas
las naciones sudamericanas.
La segunda
es que la presión sobre las evaluaciones de impacto ambiental surgen tanto
desde la izquierda como la derecha. El nuevo progresismo sudamericano también
quiere sus propias flexibilizaciones verdes. Claro, a veces los argumentos son
distintos. En unos se quiere coquetear con las grandes empresas, mientras que
otros entienden que el Estado debe activamente atraer inversores.
La tercera
es que en casi todos los países, si bien existen normas sobre evaluaciones
ambientales (por cierto muy buenas en varios casos), su aplicación práctica
adolece de muchos problemas. Este flanco es aprovechado por algunos gobiernos,
los que en lugar de rebajar la normativa, hacen que las agencias ambientales no
tengan recursos financieros suficientes, le recortan la plantilla de técnicos,
o la aíslan políticamente.
De esta manera,
la flexibilización ambiental no parece ser una cuestión antojadiza, sino que
comienza a organizarse como una preocupante tendencia en las políticas
ambientales sudamericanas.
Tomado de el
espectador .com enviado en red foroba
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