Impulsan cambios en la ley de semillas para acotar la figura
del "uso propio"
Sólo los productores más chicos gozarán del beneficio; las
empresas argumentan que el mecanismo actual está distorsionado
Fernando Bertello El Gobierno ultima los detalles del
proyecto que presentará para modificar la actual ley de semillas, y la
principal novedad es que, salvo los productores chicos, una amplia mayoría del
sector de la cadena productiva tendrá que pagar si decide guardarse semilla de
soja de su propia cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente.
Vigente desde 1973, cuando la soja apenas se asomaba en la
agricultura argentina, la ley de semillas de ese año concedió a los
agricultores la figura del uso propio. Esto es, cosechada la soja podían
reservarse toda la cantidad de semilla que quisieran para sembrarla en la
siguiente campaña sin pagarles nada a las empresas semilleras que desarrollaron
la semilla. Según las compañías de este rubro, ese uso propio terminó
distorsionándose, ya que apelaron a este mecanismo por igual tanto productores
chicos, necesitados de esa figura, como aquellos dueños de miles de hectáreas
que
Foto La ley actual data de 1973, cuando la biotecnología no
estaba desarrollada ( pero había formas de obtener semillas con ciertas características)
Sólo en la soja y el trigo los productores pueden reproducir
las semillas por las características de éstas. En cambio, en maíz no lo pueden
hacer, ya que tendrían fuertes mermas en los rindes. Por lo tanto, deben
comprarla todos los años para sembrar.
Según pudo saber LA NACION, en estos días en el Ministerio
de Agroindustria se discuten al menos tres versiones para modificar la ley de
semillas, y todas apuntan a reducir el uso propio gratuito. "El principal
tema es que se va a acotar el uso propio gratuito, que la ley actual no limita.
Habrá que pagar", dijo una fuente que pidió reserva de su identidad. Según
detalló, serán muy pocos los artículos que se cambiarán de la actual ley, ya
que el foco pasará por acotar el uso propio gratuito, reconocer las nuevas
tecnologías -en 1973 no existía la biotecnología- y definir cómo se protegerá
la propiedad intelectual.
En esta línea, el corte de quienes estarían eximidos de
pagar se está evaluando según tres opciones: por facturación del productor, por
cantidad de hectáreas o por la inclusión o no en el Registro Nacional de
Agricultura Familiar (Renaf), que lleva el Ministerio de Agroindustria y
superaría los 90.000 núcleos de agricultura familiar. Quienes no estén
incluidos en la línea de corte deberán pagar a las empresas de semillas y
tecnología por hacer uso propio de la semilla.
Vale recordar que en 2012 el anterior gobierno intentó
promover una modificación a la ley para eximir a los productores del Renaf para
que pudieran seguir con un uso propio gratuito. Sin embargo, por internas entre
el entonces ministro de Agricultura Norberto Yauhar y el entonces secretario de
Agricultura Familiar Emilio Pérsico, la iniciativa se frenó.
En el caso en que se decida sobre la modalidad del corte por
hectárea, trascendió ahora que podrían quedar exceptuados quienes estén en el
rango de entre 100 y 200 hectáreas. De todos modos, se debate si eso figurará
en la misma ley o en su reglamentación.
Un tema ríspido es cuánto tiempo deberán pagar los
productores a las empresas de tecnología por hacer uso propio de la semilla.
Las entidades rurales creen que eso no debería ser más allá de una campaña o
dos. Trascendió que una posibilidad es que los productores que deban pagar por
el uso propio lo tengan que hacer durante tres años.
Respecto del monto a abonar, el proyecto de modificación de
la ley no fijará un tope, lo que quedaría en manos del sector privado. "La
ley no va a decir cuánto hay que pagar", señaló la fuente consultada.
El Ministerio de Agroindustria apuró la modificación de la
ley de semillas tras cerrar la pelea con la multinacional Monsanto por los
controles que de manera privada hacía esta empresa en los puertos para cobrar
por su soja Intacta, resistente a insectos. En esta línea, la nueva ley de
semilla fijará de manera determinante que el reconocimiento de la propiedad
intelectual sólo se hará en la compra de la semilla. Es decir, descartará
cualquier pago en el grano cosechado.
Para cerrar la disputa con Monsanto, el Gobierno puso en
marcha, entre otras medidas, una resolución que habilita testeos obligatorios
sobre la soja de la campaña 2015/2016 a cargo del Instituto Nacional de
Semillas (Inase). Ya no es Monsanto quien hace los controles. Diversas bolsas
de cereales del país hicieron convenios con el Inase para hacer operativo el
control. Si hay un productor en infracción, el propio Inase lo sanciona.
De acuerdo con las fuentes consultadas, antes de presentarlo
en el Congreso para su debate, el Gobierno mostrará el proyecto final de ley de
semillas ante los representantes de la Comisión Nacional de Semillas (Conase),
donde, entre otros actores, están las entidades del agro. Eso sería en la
semana entrante. Tomado de la nación de ar NOTA: debería ser de utilidad
publica
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