El 5 de julio de 2018
el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la
ordenanza sancionada por el Municipio de Fernández Oro en 2017 que, a partir de
la prohibición de la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en su
ejido, buscaba garantizar a su población el goce del derecho a un ambiente sano
y la protección del agua y las tierras productivas.
El fallo del máximo tribunal de la provincia no sólo reitera
lo actuado en 2013, cuando se pronunció de manera similar ante la ordenanza
contra el fracking sancionada por el municipio de Allen, sino que además, con
la imposición del pago de costas de cien mil pesos al municipio de Fernández
Oro, le traslada una carga que resulta una medida disciplinadora. Ese coste
podría asumirlo la parte demandante -la petrolera de bandera YPF y su
subsidiaria YSur-, sin variar significativamente sus finanzas; en lugar de
quienes intentaron garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía.
Una vez más, desde la cúpula del Poder Judicial rionegrino,
al amparo de la pretendida asepsia del debate sobre la constitucionalidad de
una ordenanza municipal, se consagra un modelo político y productivo que es
rechazado por el pueblo de la provincia. Porque tanto las ordenanzas
sancionadas en Fernández Oro y Allen, como las que desde 2012 fueron aprobadas
en los municipios de Cinco Saltos, Conesa, Coronel Belisle, Chimpay, Choele
Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Viedma y Villa Regina; y las impulsadas
en la ciudades de Gral Roca y Cipolletti, son la expresión del pueblo
rionegrino, que demanda no sólo la protección del ambiente, amenazado por al
ampliación de la frontera extractiva y la aplicación del fracking, sino también
la profundización de la democracia, que se garantice a la ciudadanía poder
decidir sobre el modelo productivo a implementarse.
Esta situación no sólo se vive en Río Negro, también en
diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén declaró inconstitucional
la ordenanza sancionada por el municipio de Vista Alegre, que prohibía la
aplicación del fracking en su ejido; mientras que en Mendoza la Justicia
desestimó los recursos de amparo que buscaban frenar un proyecto piloto de
aplicación de la fracturación hidráulica en Malargüe.
Estos fallos ponen de manifiesto la profunda fractura que
existe entre la interpretación de las leyes y los derechos que demanda la
población.
FUENTE: Patagonia
Norte, 12 de julio de 2018. Y FARN
Adhieren a esta declaración:
Organizaciones de
Argentina
Asamblea Vista Alegre libre de fracking y por la vida
(Neuquén)
Asamblea Socioambiental de Catriel (Río Negro)
Proyecto Allen (Río Negro)
Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza
Asamblea Socio Ambiental de Fiske Menuco ( Río Negro)
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua- Allen (Río
Negro)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones
(Río Negro)
Foro Ambiental de General Viamonte ( Provincia de Buenos
Aires)
Departamento Socioambiental Chico Mendes – UNTER (Río Negro)
Asamblea Centenario Libre de fracking (Neuquén)
Asamblea del Pueblo de Alvear (Mendoza)
Asamblea por el agua de San Rafael (Mendoza)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por Agua Pura San Carlos
(Mendoza)
Asamblea Tupungato por el Agua Pura (Mendoza)
Asamblea Lujanina por el agua y los bienes comunes (Mendoza)
Asamblea por el Árbol (Mendoza)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de
Trevelin (Chubut)
Colectivo Antiradiactivo Viedma (Río Negro)
Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro- UNTER
Asociación Trabajadores del Estado -ATE Nacional
Pastoral de Migraciones de Neuquén
Confederación Mapuche del Neuquén Zonal Xawvnko
Movimiento Antinuclear del Chubut
Movimiento por el Derecho a la Salud -Mesa Nacional-
(Argentina)
Colectivo Sanitario ” Andres Carrasco”- FesProSa (Argentina)
Observatorio Petrolero Sur
Acción por la Biodiversidad
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Fundación Ecosur ecología cultura y educación desde los
pueblos del sur
Fundación Ecosur Patagonia Norte
Greenpeace Argentina
Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN
350.org Argentina
Movimiento Argentina sin Fracking
Colectiva Feminista La Revuelta – Neuquén
Unidad Popular (UP- Mesa Nacional)
MST Nueva Izquierda – Red Ecosocialista
Colectivo Editorial Crisis – Asociación Civil
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer – Villa La Angostura
(Neuquén)
Alerta Angostura (Neuquén)
Fundación La Alameda (Buenos Aires)
Proyecto de investigación políticas educativas, trabajo
docente y extractivismo: situaciones de disputa en la norpatagonia a inicios
del siglo XXI- UNCo (Río Negro)
Espacio Intercuencas
Asamblea Barrial de Beccar
Junta Interna ATE AGN
Comité de solidaridad con Palestina de La Plata
Observatorio del Derecho a la Ciudad
Asociación por la Justicia Ambiental
Foro Hídrico de Lomas de Zamora
Radio Kalewche – Esquel
Movimiento Popular La Dignidad
Servicio de Paz y Justicia – Serpaj
Fundación Uñopatun (Río Negro)
Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de
González Catán
Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galpón 3
CTAA Pcia. de Bs. As. – Área Bienes Comunes
Millones contra Monsanto
Red de Defensoras de la Naturaleza y el Buen Vivir
Partido Socialista de Neuquén
Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los
Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL), IIGG, FSOC, UBA
Organizaciones de
Latinoamérica
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB
Oilwatch Latinoamérica
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos,
Metalúrgicos, Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y
Similares de Colombia
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
Campanha Por Um Brasil Livre de Fracking
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
-OLCA- (Chile)
350.org América Latina
CLEPSA – Centro Latinoamericano de Estudios Políticos,
Sociales y Ambientales
COESUS – Coalición Latinoamericana contra el Fracking
Adhesiones
individuales
Claudio Correa, Presidente Concejo Deliberante de la ciudad
de Fernández Oro, impulsor de la ordenanza de prohibición del fracking
Maristella Svampa (Doctora en sociología, docente
Universidad Nacional de La Plata, CONICET)
Enrique Viale (Abogado, fundador de la Asociación de
Argentina de Abogados Ambientalistas)
Roberto Gargarella (Sociólogo- Abogado Constitucionalista-
Doctor en Derecho- Docente Universidad de Buenos Aires)
Alberto Binder (Abogado y doctor en derecho. Profesor de
posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires.
Presidente del INECIP)
Silvina Ramírez (Doctora en Derecho- Grupo de Acceso
Jurídico a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Silvia Leanza (Geógrafa, miembra de Fundación Ecosur)
Gustavo Lahoud (especialista en energía y política exterior,
docente universitario)
Juan Wahren (docente e investigador UBA CONICET)
Carlos Ortellado (integrante del Colectivo Sanitario La
Pampa)
Vicente Herrera (Observatorio en Economía de los Recursos
Naturales de la Patagonia Sur – UNPSJB)
Graciela Alonso (docente investigadora de la universidad
nacional del Comahue. Proyecto de investigación: Resistencias territoriales en
clave de género)
José Seoane (Doctor en Ciencias Sociales Universidad de
Buenos Aires)
Mirta Viola (Sindicato de Trabajadores de la Salud, La
Pampa)
Viviana García (Directora del IFCI- Mesa Nacional de CTA A)
Tulia G.
Falleti (Ph D. Associate Professor of Political Science, University of
Pennsylvania)
Tatiana Roa Avendaño (integrante de Censat Agua Viva)
Juan José Dutto (Defensor del pueblo de Neuquén, mandato
cumplido)
María José Laurente (Profesora de Políticas Educativas Universidad
Nacional del Comahue)
Jimena Romero (coord. del Área de Bienes Comunes de la CTA A
Pcia. de Bs. As.)
Luis Bernardo Navarrete
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