CONTAMINACIÓN Y EL IMPUESTO AL DIÉSEL

Contaminación e impuesto al diésel Por Claudio Agostini. Siempre van a existir grupos de presión, pero el Estado tiene el deber de desenmascararlos y hacer lo correcto para el bien común. Los efectos negativos de la contaminación del aire en la salud de las personas son importantes y cada vez hay más. Las cifras del Primer Reporte del Estado del Medio Ambiente para Chile muestran que “la contaminación atmosférica es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional, lo cual implica un impacto económico de US$670 millones anuales, asociados a gastos médicos y pérdida de productividad laboral”. En el caso de la Región Metropolitana, ya ha tenido 16 días de preemergencia ambiental este año, por lo que la calidad del aire y las medidas para descontaminar volvieron a estar en el debate público. Si bien la leña juega un rol importante y se requieren medidas para limitar seriamente su uso, los datos del Ministerio del Medio Ambiente muestran que el transporte es el sector más contaminante de la región, al ser responsable de un 48% del material particulado respirable (PM10), 84% de los óxidos de nitrógeno (NOx), 91% del monóxido de carbono (CO) y 34% de los óxidos de azufre (SOx).Dentro del paquete de medidas que se han propuesto para reducir la contaminación y la congestión, curiosamente no se consideran ni se mencionan medidas tributarias. A nadie le gusta pagar impuestos pero, más allá de que la recaudación es necesaria para financiar lo que como sociedad queremos que el Estado haga, hay impuestos que son óptimos y uno quisiera utilizarlos aunque no necesite la recaudación. La razón es que mejoran la eficiencia en la asignación de recursos al reducir externalidades negativas. Como ya se ha dicho muchas veces, pero al parecer es importante seguir reiterando, el impuesto a los combustibles es precisamente uno de ellos. El consumo de petróleo y sus derivados está directamente asociado a mayor contaminación, congestión y accidentes de tránsito. Por esta razón, tener impuestos a la gasolina y al diésel es una medida correcta y tiene relación con disminuir los efectos negativos que causan su uso y que no son considerados por sus usuarios, los automovilistas y los transportistas. En el caso de los camiones, no solo contaminan y congestionan más, sino que además destruyen los caminos. Lamentablemente, la política tributaria respecto a los combustibles no es la correcta. Actualmente el impuesto al diésel es mucho menor que el impuesto a las gasolinas, lo cual genera una distorsión en favor de los camiones y los automóviles con motor diésel, y es una diferencia que debería eliminarse, tal como lo señaló el informe del BID sobre impuestos a los combustibles en Chile. Si a esa distorsión le agregamos una devolución parcial del impuesto específico al diésel pagado, las cosas solo empeoran. Las empresas de transporte de carga pagan un impuesto mucho más bajo y lo poco que pagan se lo devuelven parcialmente, lo que aumenta la distorsión significativamente. Lo correcto sería al menos igualar la tasa de impuesto a las gasolinas y al diésel y no devolver el impuesto pagado. De hecho, los cálculos para Chile muestran que el óptimo es subir el impuesto al diésel del actual UTM 1,5 por metro cúbico a UTM 7 y el de las gasolinas de UTM 6 por metro cúbico a UTM 6,5.El privilegio de los transportistas es de larga data y ha empeorado en el tiempo. Desde 2001 que una fracción del impuesto pagado se les devuelve a los camioneros. Esa fracción era pareja del 10%, se aumentó a 25% en 2006, luego en 2008 se aumentó a un rango entre 25% y 80%, según los ingresos anuales de la empresa y, finalmente, en 2010 se estableció un rango de devolución entre 29,65% y 63% hasta noviembre de 2011, que se suponía iba expirar pero no solo se renovó, sino que se aumentó el beneficio. En 2012 se estableció una devolución de 80% para empresas con ventas hasta UF 2.400, de 70% con ventas entre UF 2.400 y UF 6.000, de 52,5% con ventas entre UF 6.000 y UF 15.000, y de 30% con ventas superiores. La extensión del beneficio era transitoria por un año, pero se extendió por otros dos años y en diciembre de 2014 se prorrogó hasta 2018. Buena noticia para los camioneros, pero muy mala noticia para la economía. Esta política afecta negativamente la eficiencia, tanto de la estructura productiva como del sistema tributario. Para empeorar las cosas, el mecanismo de devolución favorece a las empresas más pequeñas, que son las que tienen los camiones más viejos y más contaminan, es decir, premia a quienes causan externalidades negativas mayores. Adicionalmente, crea incentivos para dividir empresas medianas en varias empresas chicas y recuperar así un mayor monto del impuesto. ¿Por qué razón se mantienen y aumentan estas distorsiones en el tiempo? La respuesta es grupos de presión. Basta recordar que las modificaciones de 2008 tuvieron como objetivo que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones depusiera un paro. Los que deberían protestar no son los camioneros, sino los niños afectados por la contaminación que pasan temporadas en el hospital cada invierno. Lamentablemente, los niños no se toman las carreteras y por eso seguimos con un impuesto al diésel tan bajo y que además se devuelve. Siempre van a existir grupos de presión, pero el Estado tiene el deber de desenmascararlos y hacer lo correcto para el bien común. Este es uno de los desafíos mayores para las políticas públicas y la política tributaria respecto al diésel que favorece a los camioneros es mala para el país. Revertirla es un deber y tal vez los numerosos episodios de preemergencia que hemos vivido lo hacen políticamente más factible. *El autor es profesor titular Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez  TOMADO DE EL PULSO POR SUGERENCIA EN ENVIO DE BOLETIN GAL DE CHILE