El costo de defender los ríos y el territorio
Monica Montalvo / Otávio Rocha
La construcción de presas en estos territorios ya tiene
historias terribles, como la construcción de la presa Chixoy en Guatemala en la
región del departamento de Baja Verapaz, donde más de 440 Maya Achi murieron en
el pueblo de Río Negro y se denuncian ejecuciones extrajudiciales de hasta
5.000 vidas entre 1980 y 1982 – se conoció como las masacres de Río Negro,
durante la dictadura militar – o el desplazamiento de más de 26 mil campesinos de
37 ejidos chinantecos por la construcción de Cerro de Oro en el estado de
Oaxaca, en México, por mencionar algunos.
Las comunidades afectadas por estos proyectos hidráulicos a
finales de los 90’s se empezaron a conformar en movimientos desde escalas locales
hasta articulaciones a nivel latinoamericano. Esto no sólo ocurrió en este
continente, sino alrededor del mundo, tanto para hacer frente a la imposición
de estas obras como para compartir información , realizar estrategias conjuntas
y exigir el derecho a decidir sobre su territorio, las voces en defensa de los
ríos y los pueblos cada vez iban tomando más fuerza y eco.
Gustavo Castro, una figura clave en estas articulaciones,
desde la organización de Otros Mundos de Chiapas escribió un texto en el 2007
sobre EL MOVIMIENTO SOCIAL ANTIREPRESAS, donde menciona que la conformación de
estos procesos y movimientos sociales se da en un contexto sumamente peculiar.
“Por un lado, el fin de la vida útil de los grandes embalses que ronda por los
50 años. Por otro, la aceleración de los procesos de privatización impuestas
por las políticas neoliberales que invade a la infraestructura y los recursos
naturales, en este caso presas y agua, aunque muy ligado a ello también la
energía eléctrica.”
En el Primer Encuentro de Afectados por Represas y en
Defensa de los Ríos, realizado en Curitiba, Brasil, en 1997, uno de los
resultados fue la declaración del 14 de marzo como el Día Internacional de
Lucha contra las Presas, por los Ríos, los Pueblos y la Vida. Fecha que año
tras año hace que las diversas luchas contra las presas pongan el debate de las
afectaciones de estas obras, pero también las razones por las cuales las
comunidades, organizaciones y varios sectores de la población en general,
rechazan y proponen otro modelo de gestión de agua y energía.
La articulación internacional ha servido para alentar una
organización más local. A nivel latinoamericano nace la REDLAR (Red
Latinoamericana de Afectados por Represas) en agosto de 1999 en San Pablo,
Brasil. Desde esta fecha se han realizado encuentros en Argentina, Guatemala,
El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia.
En los últimos años se ha profundizado la criminalización de
los movimientos en defensa de los ríos y los territorios, también amenazados
por otros tipos de proyectos extractivos, como la minería y el fracking, que
son parte de proyectos de integración económica impulsados por los Estados,
corporaciones y agencias financieras internacionales, como son el Plan Puebla
Panamá y el proyecto Mesoamérica, lanzado en el 2008. En estos proyectos se utiliza
el discurso de la producción de energía limpia, la economía verde y las nuevas
tecnologías como las “minihidroeléctricas” como estrategia de legitimación
frente a prácticas extractivas devastadoras y, además, violatorias a los
derechos humanos de las comunidades impactadas.Los proyectos de presas en
América Latina representan un jugoso negocio en su etapa de construcción, en la
producción y privatización de energía (muy vinculado con las actividad minera),
y que, a pesar de presentarse como obras de interés público, implican solamente
el enriquecimiento de sus promotores a costa de la vida de las poblaciones y de
la destrucción de los ríos. En los últimos años, empresas privadas de
diferentes países están cada vez más presentes en el sector energético de
América Latina, por ejemplo: la Brasileña Odebrecht o las españolas Abengoa,
Hidralia Ecoener, Iberdrola Gas Natural Fenosa, Grupo México y Comexhidro, etc.
Estos proyectos se benefician del apoyo económico de varios
bancos europeos (DEG de Alemania, FMO de Holanda, Finnish Fund for Industrial
Cooperation de Finlandia, SIFEM de Suiza) así como de bancos internacionales de
desarrollo (Banco Mundial, Banco Internacional de Desarrollo, Banco
Centroamericano de Integración Económica). Este proceso está vinculado a la
manipulación de las legislaciones nacionales para facilitar la entrada de estos
capitales e imposibilitar la defensa por parte de los movimientos a través de
la criminalización de la protesta, basada en “leyes antiterroristas”.
Del año 2005 a la fecha ha aumentado el número de defensores
de los ríos que han sido asesinados en contextos de resistencia a proyectos
hidroeléctricos. También se ha incrementado el número de presos políticos en
estos procesos de militarización y contrainsurgencia. La mayoría de estos casos
siguen impunes, y están presentes en diversas localidades de Mesoamérica, como
muestra el mapa realizado por el colectivo Geocomunes, de México.
El 3 de marzo del año en curso , el asesinato de la líder
indígena Lenca Berta Cáceres, en Honduras, generó conmoción a nivel
internacional y puso de nuevo en discusión pública el peligro que implica la
lucha por la defensa de los ríos y el territorio.
Berta Cáceres fue fundadora de Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Hondura, el COPINH, que en los últimos
años encabezaba la resistencia a los proyectos hidroeléctricos de este país,
aprobados durante el golpe militar apoyado por Estados Unidos. La lucha del
pueblo Lenca fue reconocida a nivel internacional a través del otorgamiento del
premio Goldman en el año 2015 a Berta.
En el río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca, se
pretende construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca uno de entre 17
proyectos hidroeléctricos propuestos en el territorio, promovido por el
gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE),
que otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares a la empresa hondureña
Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V., la que a su vez subcontrató a Sinohydro
de China y a Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG de Alemania.
En el momento del asesinato de Berta, el activista mexicano
Gustavo Castro, que se encontraba en su casa, fue herido y ahora se
encuentra en la condición de testigo protegido, imposibilitado de salir del
país. Esta situación pone en riesgo su vida, por lo cual organizaciones
nacionales e internacionales están exigiendo su regreso inmediato a México.
También hay una gran preocupación por los miembros del COPINH frente a las
intenciones de criminalizar el movimiento por parte del gobierno de Honduras en
complicidad con las empresas promotoras.
En este 14 de marzo se hicieron diversas acciones a nivel
nacional por parte de integrantes del MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados
Por Represas) para reafirmar las luchas en contra de las presas y los proyectos
hidroeléctricos. En los estados de Jalisco y Oaxaca, el Comité Salvemos Temaca
y el COPUDEVER, respectivamente, realizaron proyecciones de documentales y
debates públicos en algunas comunidades como parte de las actividades de este
día. En estas actividades se ha homenajeado la memoria de Berta Cáceres y la
lucha del pueblo Lenca, además de informar la situación en que se encuentra
Gustavo Castro. En Chiapas se tuvo una conferencia de prensa donde se exigió la
justicia para la familia de Berta Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH, y que
se abra una línea de investigación independiente del asesinato que ayude a
esclarecer el caso, además del retorno inmediato de Gustavo Castro a México
donde pueda continuar realizando sus diligencias con las condiciones necesarias
para salvaguardar su salud física y psicológica.
En una de las acciones ocurridas en Santiago Jamiltepec,
Oaxaca (comunidad afectada por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina),
durante el homenaje a Berta Cáceres, Doña Julia, integrante del COPUDEVER,
afirmó la persistencia de la lucha en favor de la vida, por la defensa de los
ríos y los territorios: “Berta sigue viva y debemos seguir luchando, y la
fuerza de Berta va seguir en la lucha del COPUDEVER”.
Hoy se vuelve indispensable debatir la matriz energética no
sólo por las poblaciones directamente afectadas, sino por la sociedad en
general, para evitar que continúen las imposiciones de proyectos
hidroeléctricos que implican no sólo la pérdida de vidas y la destrucción de la
naturaleza, sino la imposibilidad de seguir viviendo en este mundo. Los pueblos
en lucha contra de los proyectos de muerte nos dan muchas lecciones que
deberíamos tomar en cuenta, puesto que las cuestiones sobre el agua, la energía
y la forma como nos relacionamos con los bienes naturales nos involucran a
todos y todas.
TOMADO DE ENVIO DE RED FOROBA
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