Violencia contra periodistas aumentó en las Américas durante
2015: informe de la Relatoría Especial
Por Silvia Higuera
Al menos 27 periodistas y otros trabajadores de la prensa
fueron asesinados en el continente americano por razones que podrían estar
relacionadas con su trabajo durante 2015. Así lo documentó la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en suInforme Anual 2015 dado a conocer el 23 de marzo.
Además de estos casos, la oficinaregistró los homicidios de otros 12 periodistas “en
los que no es posible determinar sin una investigación exhaustiva el
vínculo con la labor de informar”.
Precisamente es el aumento de la violencia contra los
trabajadores de la prensa una de las mayores preocupaciones de la Relatoría
Especial que aseguró este es el tercer año consecutivo en que esta cifra crece.
Así por ejemplo, en 2014 documentó 25 asesinatos mientras que en 2013 registró
18.
De acuerdo con la Relatoría, el continente se ha convertido
en una de las regiones más peligrosas en el mundo para ejercer el periodismo.
En el hemisferio el asesinato y el secuestro se han convertido en una de las
“peores formas de censura” teniendo en cuenta los efectos que tienen no solo
para las víctimas sino para la sociedad en general.
Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República
Dominicana, Estados Unidos y Paraguay fueron los países en donde se registraron
asesinatos de periodistas. La mayoría de estos reporteros cubrían temas
relacionados con el crimen organizado, corrupción política o representaban a
sus comunidades, señaló el informe.
En Brasil se documentaron 11 asesinatos entre los que se
encuentran los casos de Evany José Metzker, Djalma Santos da Conceição, Gleydson Carvalho, Israel Gonçalves Silva e Ítalo Eduardo Diniz Barros. También el de Gerardo Servián, un periodista paraguayo
asesinado en un pueblo brasileño fronterizo. La Relatoría le recomendó a
Paraguay colaborar con las investigaciones del caso.
Los altos niveles de violencia que afectan a Honduras han
encontrado en los periodistas un blanco. Para el primer semestre de 2015,
la Relatoría Especial ya había registrado el asesinato de ocho comunicadores,
en cuyos casos no ha sido posible determinar el móvil del crimen. Entre ellos
se encuentran los de ErickArriaga, Artemio Deras Orellana, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adali Rodríguez y Joel Aquiles Torres.
De hecho, en un informe sobre Honduras publicado antes del
informe anual, la CIDH además de establecer este incremento de violencia contra
periodistas, aseguró que alrededor del 96 por ciento de los crímenes en su contra permanecen en la
impunidad.
Por su parte México se ha convertido en la última década en
uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, según la
Relatoría Especial que documentó el asesinato de seis periodistas por posibles
motivos relacionados con su trabajo y de otros cuatro en cuyos casos no ha sido
posible determinarlo.
En su registro se encuentran los crímenes de José Moisés Sánchez Cerezo y el del fotorreportero Rubén Espinosa.
En un informe previo sobre México, la CIDH hizo énfasis en
los altos índices de impunidad así como en lasfallas del mecanismo de protección de periodistas y
defensores de derechos humanos.
En Colombia se registraron cuatro homicidios: Luis Peralta, Édgar Quintero, Flor Alba Núñez y Dorancé Herrera. Mientras que en Guatemala se presentaron
tres asesinatos: Danilo López, Federico Salazar y Guido Villatoro. A
este país, la Relatoría le recordó la necesidad de implementar un mecanismo de protección especial para periodistas que
se viene planeando desde 2012.
En Estados Unidos se registraron dos asesinatos mientras que
en República Dominicana uno.
En su informe, la Relatoría Especial le recomendó a los
Estados adoptar medidas de prevención así como de protección para aquellos
comunicadores que se encuentran en especial peligro. Asimismo, recordó la
necesidad de realizar investigaciones “serias, imparciales y efectivas” sobre
los crímenes contra periodistas, juzgar y condenar a los responsables, y
reparar a las víctimas y sus familiares.
Este tipo de violencia, sin embargo, no es la única que
afecta la libertad de expresión y el trabajo de los reporteros en el
continente. Según la Relatoría Especial también se registró un aumento en el
número de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.
El informe también aseguró que durante 2015 hubo un “uso
desproporcionado de la fuerza” por parte de las autoridades de algunos Estados
al momento de responder al gran número de protestas y manifestaciones. Esta
respuesta no solo afectó a manifestantes, sino a miembros de la prensa
quienes resultaron agredidos, detenidos y/o con sus equipos de trabajo
destrozados, robados y decomisados.
Según la Relatoría Especial estas situaciones se vivieron en
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, México y Venezuela. El informe dio cuenta de protestas reprimidas en
Nicaragua y Paraguay.
Una de las restricciones a la libertad de expresión que ha
señalado en los últimos años la Relatoría Especial es el uso del derecho penal.
De acuerdo con el último informe, varias de las denuncias presentadas en su
mayoría por funcionarios públicos o candidatos a serlo, terminaron en “condenas
a penas de prisión a los comunicadores o activistas políticos o sociales
involucrados en la aplicación de figuras penales que protegen el honor, tales
como la difamación, injuria o calumnia”.
Así por ejemplo se mencionó la condena a dos directores del
periódico El Ciudadano de Chile acusados de injurias a un
exdiputado; la detención y condena a trabajo comunitario a un adolescente en
Ecuador por haber hecho “varias veces un gesto obseno e insultante” al
presidente del país Rafael Correa; así como la demanda por difamación del
entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra los medios El Nacional, La
Patilla y Tal Cual, y sus directivos.
Sobre este tema, el informe hizo un seguimiento de la Ley
Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador, aprobada en 2013, y señaló que
durante 2015 bajo esta nueva ley “se impusieron numerosas sanciones de comunicación de forma
incompatible con lo estándares internacionales en material de derecho
a la libertad de expresión”.
Para la Relatoría Especial preocupa “las sanciones
desproporcionadas” que aplica el organismo creado por la LOC – la
Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – así como “el uso
del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión
de contenidos considerados desfavorables al Gobierno, tutelar la imagen de
funcionarios públicos afines a éste, e imponer una visión y discurso oficial
a medios de comunicación, periodistas y caricaturistas en ese país”.
El pasado junio, cuando la Supercom cumplió dos años de
actividades se estableció que la entidad había ejecutado más de 500 procesos en
contra de medios de comunicación, había sancionado a 313 empresas mediáticas y había impuesto
multas por casi US 274.000 dólares. Algunas de sus sanciones más polémicashan sido las impuestas
al caricaturista del diario El Universo Xavier Bonilla ‘Bonil’ quien incluso fueobligado a rectificar uno de sus trabajos.
El informe también señaló a Argentina, Ecuador y Venezuela
como los principales países en donde altos funcionarios atacan a periodistas
y medios de comunicación “que publican información que no es del agrado de
la autoridades” a través de declaraciones estigmatizantes.
Sobre este tema la Relatoría Especial recordó el deber que
tienen los funcionarios públicos de asegurarse que sus expresiones no son una
“forma de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos
de quienes pretenden contribuir con la deliberación pública”, según lo ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe también establece avances en materia de libertad
de expresión por cada país. Uno de ellos fue la condena a 36 años de prisión del exdiputado colombiano Ferney
Tapasco acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra ocurrido
en 2002.
Asimismo, destacó la aprobación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Púbica en México que según la Relatoría
“aumento las garantías para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública”.
Además del análisis de cada país, el informe anual de la
Relatoría Especial cuenta con dos informes temáticos: ‘Acceso a la información,
violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas’ y
‘Discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas,
gays, bisexuals, trans e intersex en América’.
El informe de la Relatoría hace parte del Informe
Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tomado de envío de journalismo en las americas
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