Incorporaron “hechos nuevos” en denuncia por contaminación
tras derrame de Ancap
Luego de que el diario El País publicara el informe que
Ancap remitió a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el derrame
de combustible en la boya de Ancap, pocos kilómetros al norte de la ciudad de
Paysandú, el abogado Marcelo Tortorella amplió una denuncia ya presentada. En
el informe, reproducido también por EL TELEGRAFO, en su edición del lunes,
Ancap reconoció el derrame de 265.000 litros de combustible, volumen que
contaminó las aguas del Uruguay.
Marcelo Tortorella había presentado el año pasado una
denuncia por contaminación contra Ancap, pero en marzo de este año, la fiscal
letrada departamental Alicia Abreu Rivero determinó que “los hechos denunciados
no encuadran en ilícito alguno previsto en el Código Penal o en Leyes
Especiales”, por lo que el caso fue archivado.
Tras la publicación del informe --que hasta ahora había sido
manejado de manera reservada--, Tortorella presentó “hechos nuevos, ampliando
la denuncia, excitando el celo del Ministerio Público para que disponga la
investigación y encausamiento de los responsables de los hechos denunciados”.
Ante el juez letrado de Primera Instancia de 4º Turno, Tortorella
indicó que “no es posible que se ponga en riesgo la integridad sanitaria de
toda una ciudad de más de 85.000 habitantes por una maniobra imprudente de
trasbordo de combustible en condiciones inapropiadas y [que] aquí no termine
pasando absolutamente nada”.
En su escrito entregado en las últimas horas a la justicia
en Paysandú, agregó que “las conclusiones que surgen del desastre ocurrido
frente a las costas de la ciudad de Paysandú el 2 de octubre de 2015 no pueden
ni deben de pasar desapercibidas para la justicia y menos aún para el
Ministerio Público, que prima facie entendió innecesaria la indagatoria,
apoyando su decisión en la Ley 16.688 sobre Aguas de Jurisdicción Nacional”.
El abogado y edil departamental sostiene que ese es un
error. “Resultaría del caso aplicar si la señora fiscal fuera fiscal
administrativa de Marina”, dijo. Agregó que, “de hecho, no lo es, sino que
tiene bajo su magistratura la protección y defensa de los intereses generales
de la sociedad en la jurisdicción territorial del departamento de Paysandú y en
particular en el ámbito de la responsabilidad penal, al existir concretamente
--reiteramos y muy respetuosamente a juicio del denunciante-- figuras
delictivas precisas contenidas en le Código Penal, como las sugeridas oportunamente”.
Hacía referencia a los artículos del Código Penal 207
(Estrago), 211 (Incendio y Estrago Culpable), 218 (Envenenamiento y
adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación pública) y 225
(Envenenamiento o adulteración culpables de las aguas destinadas a la
alimentación).
Tortorella solicitó que se pida a la Dinama “copia íntegra
autenticada de todas las actuaciones y conclusiones que derivaron de las
investigaciones realizadas en relación al incidente del derrame de
combustible”. También, como prueba testimonial, que se cite a declaración al
responsable del Sistema Nacional de Investigadores, Eduardo Gudynas. El Sistema
Nacional de Investigadores fue creado por el artículo 305 de la ley 18.172, de
2007, en la órbita de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el
objetivo de fortalecer, expandir y consolidar la comunidad científica nacional,
acompañado de la tarea de categorizar y evaluar periódicamente a todos los
investigadores. TOMADO DE EL TELEGRAFO DE UY
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