viernes, 20 de octubre de 2017

JUSTICIA CLIMÁTICA PARA AMÉRICA LATINA

Aporte a la Asamblea de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática.
Contexto Latinoamericano.
América Latina es una de las regiones con inmensa riqueza de ecosistemas (Amazonia, glaciares, seguridad alimentaria, el océano, la biodiversidad) y que es altamente vulnerable a los efectos  del cambio climático, no solo por la debilidad institucional, la falta de recursos y la fragilidad de sus ecosistemas, sino además por la fragilidad y retrocesos de las políticas públicas de los sistemas democráticos, la corrupción, vinculados al el agresivo impulso a la industria extractiva y la consolidación de la presencia del capital transnacional en la región
Hoy en día la región está experimentando un momento de retroceso en las victorias de las luchas de reivindicación de derechos sociales y ambientales además de una fuerte criminalización y persecución de defensores del medio ambiente, tanto en países de tradición conservadora, o en los llamados países "progresistas".
Las políticas nacionales de desarrollo centradas en el crecimiento sostenido de las economías nacionales van en clara contradicción con las débiles, insuficientes e incluso inaplicables políticas relacionadas a la mitigación o adaptación al cambio climático y los compromisos internacionales.
Para empeorar el escenario, los avances de las negociaciones de la CMNUCC expresados en el Acuerdo de París y las CPND están lejos de enfrentar con seriedad los retos a la escala del reto que el cambio climático plantea.
Es por eso que la región puede dar lecciones importantes sobre las limitaciones de los estados y de la lógica del poder para lograr justicia social, el equilibrio ambiental y un cambio sistémico.
Los gobiernos que se consideran progresistas siguen siendo influenciados por intereses corporativos; la corrupción es un factor importante en las políticas y planes desarrollados en la región; los activistas están amenazados, las ONG están siendo cerradas; los movimientos se están haciendo más fuertes en algunos países (Perú), pero los movimientos en Bolivia, Nicaragua, etc. necesidad de superar el romanticismo de estos llamados gobiernos progresistas.
Es importante mencionar que hay una avalancha de la derecha política que trata de establecer o restaurar violentamente las políticas neoliberales. Caso de Brasil, Honduras, Argentina. La retirada de las políticas de la llamada izquierda progresista es aún más difícil para los movimientos sociales y las políticas ambientales en todos nuestros países.
Epidemia de asesinatos de defensores ambientales.
Ser un/a defensor/a del medio ambiente y la tierra en América Latina representa un riesgo más alto para la vida que en cualquier otra región del mundo. En el 2016 el 60% de muertes a defensores de la tierra y el medio ambiente se presentaron en esta región. Brasil y Colombia son los países más peligrosos para la vida de los defensores. En el 2016 estos dos países encabezaron la lista de asesinatos a defensores del medio ambiente y la tierra a nivel global (49 y 37 asesinatos respectivamente) y Honduras (con 14 asesinatos) representa el país más peligroso del mundo per cápita para los defensores  De los 23 países en donde se presentaron asesinatos a defensores del medio ambiente y de la tierra en el 2016, 7 están en la región (Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, México, Perú y Guatemala) (Global Witness, 2017).
 Los asesinatos a los defensores del medio ambiente y de la tierra están relacionados con la criminalización de la protesta y “la imposición de proyectos extractivos en comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado” (Global Witness, 2017).
¿Cómo se habla el cambio climático en la región? ¿Qué puntos de entrada al clima de otros temas (deforestación, derechos indígenas, minería, etc.)
El cambio climático se ve dentro del movimiento social como uno de los elementos de la lucha por la defensa de los territorios, sean indígenas amazónicos, el campo o la ciudad. Lo que hace inseparables las luchas contra el extractivismo (Minería, deforestación, petróleo, etc.) y las luchas contra el cambio climático.
Paraguay: deforestación y estrategia REDD +, el 98% de la energía proviene de RE pero daños muy destructivos; seguir promoviendo la RE a través de biomasa barata a base de madera;
Argentina: gobierno conservador, industria muy pro; Argentina promover la producción de alimentos en lugar de soberanía, por lo tanto la producción de soja transgénica;
Brasil: tasa de deforestación nuevamente bajo el nuevo gobierno
Bolivia: En el caso Boliviano a pesar de que el último año han existido fuertes impactos del cambio climático la principal preocupación son los impactos directos resultantes de las actividades extractivas, que están violando derechos y avasallando comunidades y organizaciones enteras.
Leyes aprobadas que permiten enormes corporaciones para la expansión de la deforestación para la agroindustria; la gran producción de exportación de soja, socava la soberanía alimentaria del país; las emisiones per cápita son altas debido a la deforestación; las políticas llevaron a un aumento masivo en la producción de petróleo y gas, la provisión de subsidios a grandes compañías; las políticas mineras permitieron la minería en pequeña escala, pero no hay regulación de cómo las grandes compañías negocian con ellas; planta nuclear que se cocina, siendo promovido como algo indígena (Derechos de la Madre Tierra) no hay transparencia en el proceso; construcción de mega damn también en el oleoducto, lo que puede empeorar la situación de la deuda.
El INDC de Bolivia aún se orienta hacia la extracción -construcción de mega damn, deforestación, geoingeniería- movimientos que debaten sobre la ratificación del acuerdo de París debido al INDC de Bolivia
Perú:  El 70% de todos los glaciares tropicales del planeta están en territorio peruano. De los cuales ya hemos perdido alrededor del 56% de ellos en los últimos 40 años (6 glaciares están en peligro de desaparecer), poniendo en riesgo la escasez de recursos agua en las ciudades como también en la agricultura (rural y urbana).
La tasa de deforestación en la Amazonía ha alcanzado nuevos récords en los últimos 5 años y los incendios forestales amenazan con iniciar un intenso proceso de desertificación en las próximas décadas, como también el avance de la explotación de petróleo, la mineria ilegal y el trafico de tierras, para cultivos comerciales (palma aceitera)
Con el descubrimiento de Gas Camisea (gas natural) hemos ampliado nuestra Matriz Energética Nacional exclusivamente con combustibles fósiles en más del 50%.
Este año el Perú, fue afectado por el Fenomeno del Niño Costero, casi el 93 mil hectáreas de cultivo nacional, afectó la agricultura, como tambien la perdida de infraestructura y vidas humanas, afectando la economia del pais.
Por otro lado la Defensoría del Pueblo, registró 177 conflictos sociales (115 activos y 62 latentes), de los cuales los casos socioambientales son los más numerosos (73.4%) y, de estos, el sector minero es el predominante (64.6%), mes de julio
Hay un avance y retroceso en la política ambiental climática, a suscrito el Acuerdo de París y los ODS, está avanzando la aplicación de las contribuciones nacionales determinadas y cuenta con espacio que es la comisión nacional de cambio climático y pronto está por aprobarse la ley de cambio climático.
Pero las política actual del Gobierno es aumentar la inversión y ofrecer las mejores facilidades para las empresas privadas puedan invertir en el país.
El caso más cuestionado es las aprobación desde el  MINAM sobre los  nuevos estándares de calidad de aire, reduciendo principalmente el azufre, favoreciendo así a  las empresas mineras, otro ejemplo es Lote 192, zona donde se explota el petróleo, las organizaciones indígenas de la zona han paralizado la producción, exigiendo al Gobierno la consulta previa ante el futuro contrato de explotación petrolera, pero el Ministerio de Cultura ha rechazado tal pedido, lo cual incumple el gobierno el derecho de los indígenas a decidir sobre las actividades que los afecta, hasta el momento se ha registrado 13 derrames de petróleo en zonas de la amazonia, peligrando el ecosistema y a las comunidades indígenas.
Ecuador: el modelo social progresista que prometió la Revolución Ciudadana de Rafael Correa ha dejado frustración y desconfianza a su paso en la población que creyó en una apuesta nacional alternativa al desarrollo neoliberal. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad y ecosistemas únicos; aunque se han creado zonas de protección y conservación de bosques a lo largo del país, la inversión y expansión de la industria minero-energética y petrolera siguen en crecimiento, lo que muestra un incumpliemento con el compromiso socio ambiental del gobierno.
En la Amazonía suroriental, territorio de diversos grupos indígenas, se concesionan zonas petroleras a compañías internacionales y por primera vez, se inician exploraciones y proyectos para minería a cielo abierto. El gobierno no pone en práctica el derecho a consultas libres, previas e informadas que merecen las comunidades locales antes de que proyectos de extracción industrial se instalen en sus territorios. Deforestación, contaminación de fuentes hídricas y suelos, despojo de tierras y desplazamiento es lo que viven las comunidades indígenas y locales de estas zonas. A los pueblos en resistencia, las organizaciones sociales y la sociedad civil, el gobierno las tilda de revoltosos y les persigue argumentando que amenazan el desarrollo del país al oponerse a estos proyectos extractivos.
Los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes: lluvias torrenciales más fuertes e impredecibles a lo largo del país; el fenómeno de El Niño más recurrente y extremo en la costa; derretimiento de nevados y retroceso de glaciares; sequías más frecuentes y extensas en la Sierra. Estos impactos naturales se combinan con una alta vulnerabilidad socioeconómica en las zonas marginalizadas del país y ciudades que se materializa en una pobre y desigual planeación territorial, en donde las infraestructuras e instituciones no responden ni a las demandas ni necesidades de la sociedad. Bajo estas condiciones climáticas extremas y sociales desiguales se pueden esperar dispuestas por el uso, manejo y control de los servicios ecosistémicos como las fuentes de agua, suelos, y bosques.  
Colombia: el proceso histórico político de los Acuerdos de Paz abre el debate sobre el manejo de las zonas naturales del país que antes tenían un acceso restringido para el Estado debido al conflicto armado con la guerrilla de las FARC. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contempla una gran inversión y expansión del sector minero-energético a través del impulso de capital extranjero. Esto significa la entrada de más industria extractiva en territorios en donde abunda la riqueza natural y cultural. Concesiones, exploraciones y explotaciones de minerales e hidrocarburos se expanden por todo el país, especialmente ahora bajo la aprobación de la entrada de la industria del fracking (fracturación hidráulica) por parte del Estado. 

La vulnerabilidad del territorio colombiano ante el cambio climático es completa: disminución en las fuentes de agua; patrones extremos de lluvias y sequías; crecimiento en el nivel del mar; cambios biológicos en ecosistemas delicados debido a las altas temperaturas; derretimiento de nevados y glaciares; erosión de los suelos. Estos impactos naturales exacerban la distribución económica y ecológica desigual a nivel nacional, en donde poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes sobrellevan las consecuencias del conflicto armado, de un sistema económico equitativo, y de la marginalización sociocultural. ENVIADO EN RED FOROBA 

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