AGRICULTURA Y NO MINERÍA para Colombia

 Este es un gobierno extractivista, no de medio ambiente": exministro Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, dice que Colombia tiene que escoger la agricultura antes que la minería.

Por: Margarita Vidal Garcés | FOTO Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente de Colombia.

Manuel Rodríguez Becerra fue el primer ministro del Medio Ambiente en Colombia y es toda una autoridad mundial en el tema. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y B. LITT de la Universidad de Oxford. Hoy es profesor titular de la Facultad de Administración de su Alma Mater, miembro asesor sobre política de bosques del Banco Mundial, preside el Foro Nacional Ambiental y representa al sector ambiental en el Consejo Nacional de Planeación.

Es también el director del proyecto ‘La mejor Orinoquia que podemos construir’, liderado por los Andes para pensar el presente y el futuro de esa enorme reserva del país, que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, por cuenta de la compra de grandes extensiones de terreno por parte de empresas privadas. En esta entrevista dice por qué el Ministerio del ramo, según su leal saber y entender, va de mal en peor.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el Ministerio del Medio Ambiente?

El Ministerio funcionó bien hasta el 2002, pero en los gobiernos de Uribe vino la catástrofe de fusionarlo con Vivienda. Pero, más que la fusión, lo grave fue la poca importancia que le dio el presidente a la parte ambiental y al desarrollo territorial. Y cuando Santos subió a ponerse la manilla con los indígenas de la Sierra Nevada, todos tuvimos la esperanza de que ese anuncio tan espectacular abriera una época brillante de gestión ambiental, pero hemos seguido con la misma música uribista.

¿Y eso qué quiere decir?

Que se mantiene una institucionalidad ambiental muy débil porque no tiene los suficientes recursos económicos, y, sobre todo, porque las prioridades del gobierno están en otro lado. Este es particularmente un gobierno extractivista en el que predomina una política sectorial en minería e hidrocarburos, con muy poco miramiento por el medio ambiente. De pronto, hay relámpagos como la ampliación del Parque Chiribiquete, para tratar de lavar la poca gestión ambiental.

¿Contribuyó al caos el nombramiento de cinco ministros en tres años?

Claro, primero nombraron a Beatriz Uribe y después a Sandra Bessudo y ahí hubo una dualidad muy negativa. Luego hubo otros tres ministros en tres años. Lo poco que se ha hecho se le debe a la viceministra Adriana Soto, a quien no nombraron Ministra porque el gobierno la considera una ambientalista “fundamentalista”.

Ella ha trabajado más de 20 años en el tema y dio una pelea muy dura dentro del gobierno cuando hicieron las famosas Áreas Extractivas Mineras y logró que, después de haber designado 17 millones de hectáreas para explotación minera, el gobierno sacara una resolución para hacer un ordenamiento ambiental en la región amazónica antes de otorgar las concesiones mineras,o sea que, en principio, se excluirían de la explotación las áreas que se consideren importantes.

¿Y no es suficiente protección?

Claro que no, la decisión de Santos de entrar sobre la región amazónica es de las peores noticias que puede tener el país en materia ambiental y este gobierno será recordado por haber tenido la irresponsabilidad de abrir esa región a la minería y a la actividad petrolera. Colombia tendría que haber protegido a toda costa esa zona para el futuro.

¿Es un hecho irreversible?

Sí, porque ya está designada como Reserva Minera Estratégica. Seguramente se van a excluir algunas áreas y esa será una pelea muy dura, porque no solamente se trata de esa reserva sino de 35 millones de hectáreas en todo el país. A esta, por lo menos, se le puso la cortapisa de un ordenamiento ambiental, lo cual permite esperar la conservación de algunas áreas.

¿Algún presidente ha hecho a fondo una política de protección del medio ambiente?

El presidente Barco, que fue un hombre muy visionario. Yo no trabajé con él, pero reconozco que adelantó una política importante sobre la protección de la Amazonia, con la declaración de diez millones de hectáreas en Resguardos Indígenas y cinco millones en Parques Nacionales.

¿Dónde está básicamente el problema, entonces?

En parte, en que de acuerdo a la Constitución del 91, en Parques Nacionales no puede haber explotaciones mineras, ni petroleras, pero sí puede haber Resguardos Indígenas y eso va a ser muy problemático.

¿Por qué esa intención de entrar a la región le despierta una reacción tan fuerte?

Mi oposición es radical porque el problema con la explotación minera y petrolera a gran escala no son tanto las huellas ecológicas que dejan (que pueden ser muy grandes), sino que los extensos complejos mineros en zonas selváticas exigen construir carreteras y asentamientos humanos que generan una migración masiva y una destrucción monumental de la selva.

¿Cuál debería haber sido el orden de las cosas?

Antes de declarar todas esas Áreas Estratégicas Mineras y de haber dado las concesiones, debería haberse hecho un ordenamiento territorial del país para determinar qué zonas son compatibles con la minería y con la actividad petrolera, y cuáles no, porque puede haber sitios muy sensibles desde puntos de vista como los ecológicos, culturales, históricos o arqueológicos, donde no debe haber ese tipo de actividades.

¿Cómo compaginar la defensa ambiental con la economía de la minería y del petróleo?

En un gran seminario sobre la minería en la Universidad de los Andes y con la Universidad de Harvard, Miguel Urrutia, el antiguo director del Banco de la República, que es un gran académico, decía una cosa razonable: a cada proyecto minero se le debería hacer un estudio costo-beneficio: de los beneficios sociales y económicos y de los costos sociales y ambientales; si la relación no da, no se hace.

¿A rajatabla?

Desde luego, la idea de que se puede hacer explotación minera para obtener divisas sin importar las consecuencias en los años siguientes es de una gran irresponsabilidad. Hoy ya se sabe que hay un tipo de minas que no se pueden explotar porque las consecuencias ambientales de largo plazo exigen inversiones colosales de los gobiernos.

¿Por ejemplo?

En los Estados Unidos han cerrado recientemente 30 minas que nunca debieron abrirse. Durante los próximos 20, 25 años, le costará al estado una inversión anual de US$60.000 millones aproximadamente controlar los drenajes ácidos. Eso no es un juego de niños.

¿Cómo combinar la explotación minera y petrolera con la agricultura?

El país tiene una gran vocación agrícola que en muchos casos puede no ser compatible. Argentina, un país con clara vocación agrícola prohíbe verter aguas residuales de la actividad petrolera en los ríos. Quien no tenga las condiciones tecnológicas o económicas para devolver esas aguas a capas geológicas profundas no va, porque no corren riesgos. Colombia también tiene un futuro agrícola muy interesante y la minería no solo utiliza mucha agua, sino que tiene aguas residuales complejas de tratar, y lo mismo la actividad petrolera. Entonces, hay que escoger, y creo que para Colombia la agricultura es fundamental en el largo plazo.

Si se dice que no hay política agraria, ¿cómo paliar el malestar y la protesta social por el abandono secular del campo?

La demanda de alimentos en los próximos años implica duplicar la producción de alimentos en el mundo. De acuerdo con la FAO Colombia es uno de los siete países con una frontera agrícola importante y, según el Ministerio de Agricultura, podríamos ampliar la producción agrícola en unos diez millones de hectáreas, es decir, triplicarla. Otro aspecto es que el 52 % de lo que comemos los colombianos viene de la agricultura campesina, de acuerdo a un estudio que hicieron la SAC y Fedesarrollo este año. Esa agricultura campesina hay que fortalecerla.

¿Con qué métodos?

El gran reto es cómo aumentar la productividad de la agricultura campesina y, al mismo tiempo, generar condiciones de justicia social en el campo. Se afronta en buena parte con el proceso de Restitución de Tierras, que yo creo fundamental, pero también con investigación, desarrollo científico y tecnológico, y asistencia técnica a los campesinos para que produzcan y tengan un buen vivir.

¿Y el gran desarrollo agroindustrial al que quiere apostarle el gobierno?

Pues claro que también cabe la agricultura agroindustrial pero, como dicen expertos internacionales, para la agricultura mundial durante los próximos 40 años hay tres retos: duplicar la producción, generar mayores condiciones de justicia social en el campo y proteger los ecosistemas que prestan servicios básicos a la agricultura como son, por ejemplo, el agua y la polinización, porque ya traspasamos los umbrales. Hemos abusado tanto que si no se hace restauración de ecosistemas críticos relacionados con agricultura, ni Colombia, ni otros países estarán en capacidad de proveer los alimentos que el mundo necesita.

¿Pero sí sería posible hacerlo?

El reto es fascinante y claro que es posible lograrlo porque existen la tecnología, la investigación agrícola para aumentar la productividad y mucho conocimiento para hacer gestión agrícola amigable con el medio ambiente.

¿Qué opina de Luz Helena Sarmiento, la nueva ministra?

Ella tiene práctica como directora del Anla, pero creo que le falta experiencia para abarcar no solo una visión del territorio, sino de lo que es posible y de lo que no es posible hacer en materia ambiental, porque eso solo se logra después de muchos años de bregar con el tema a nivel nacional. Es una buena técnica y una persona muy seria, pero uno aspiraría que hubieran nombrado a la viceministra Soto, una ambientalista a carta cabal.

¿Qué le han contado sus fuentes de ‘alta infidelidad’?
Ella misma dice -y yo estoy de acuerdo-que tiene una doble imagen: la gente de la industria extractiva dice que ella es un obstáculo para las licencias porque les exige muchos estudios y requisitos, y los ambientalistas dicen que la nombraron para que apruebe todas las licencias mineras que hay para aprobar. El tiempo nos dirá.

¿Cómo vio el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura, muy criticado por tratarse de un palmero que, según dicen, es una persona que no interpreta el malestar y los movimientos campesinos por estar en el lado opuesto?

Yo le he escuchado muchas veces su visión empresarial y me parece muy interesante. Es una persona correcta pero, después del paro, fue una equivocación nombrarlo precisamente a él en Agricultura, donde se necesitaba alguien que encarara el tema campesino con toda su complejidad. Una imprudencia enorme, porque reducir el caso campesino en unas alianzas con grandes empresas para hacer explotación agro-industrial a gran escala, es de un simplismo preocupante.

Páramos y minería

¿Y qué hay con los páramos?

Esa es otra prueba de fuego para la Ministra y vamos a ver si atiende las recomendaciones de la ciencia o las presiones desde la Presidencia de la República y la Procuraduría. O desde la Gobernación de Santander, por ejemplo, en el caso de Santurbán, de dejar la mina por fuera del páramo. Eso sería totalmente anti-científico, pero las presiones van en esa dirección.

¿Su conclusión ante eso?

Que si la vieja Colombia que todavía se expresa mucho en el actual gobierno, no se pone al día con estos temas, vamos a tener un problema muy serio. El expresidente Fernando Henrique Cardoso dijo un día que en Brasil están ocurriendo cosas más importantes en los movimientos sociales que a nivel del Ejecutivo y del Congreso. Un movimiento enorme de la gente sin tierra que, entre otras cosas, condujo a una respuesta muy fuerte de ese gobierno en reformas agrarias.

¿Estamos ad portas de algo así?

Creo que en Colombia estamos en ese umbral y si los estudios y las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos en marcha no se hacen con toda la seriedad, vamos a tener problemas y vendrán conflictos muy complicados. Por otra parte, la gente no tiene confianza en el MinAmbiente, ni en las CAR.

TOMADO DE EL PAIS DE COLOMBIA