COP 20, 21: ¿Cambiamos el clima o el sistema económico? Walter
Chamochumbi
A tenor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), desde 1994 a la fecha se realizaron19
Conferencias de las Partes-COP bajo disímiles contextos políticos y económicos
y a la luz mundial de la agenda que los países industrializados, principales
responsables de la crisis ambiental y climática, continúan imponiendo en el
marco de las negociaciones sobre reducción de las cuotas de emisiones GEI,
políticas de mitigación y adaptación y acuerdos complementarios. Es así que
ante la COP 20 de Lima y la COP 21 de París, cabe preguntarse si el nuevo
Acuerdo Climático Global sería superior al Protocolo de Kyoto, ya que este
último parece quedar en el camino sin una evaluación objetiva y de fondo por
parte de los países firmantes de las razones de su fracaso como acuerdo
global. Si tomamos como antecedente la
intrascendente COP 19 de Varsovia 2013, donde los países desarrollados
continuaron sin reconocer sus responsabilidades y sin asumir compromisos
vinculantes para financiar la mitigación y adaptación de los efectos del CC en los
países en desarrollo, nos preguntamos por qué la COP 20 y 21 tendrían que ser
sustantivamente diferentes con relación a este nuevo Acuerdo Climático Global,
cuando es evidente que pese al esclarecedor 5to informe del IPCC, persisten de
forma sistemática las posiciones negacionistas e interesadas económicamente por
parte de los países industrializados y emergentes del G-20, principales
responsables en este tema.[1] En ese contexto, el reciente anuncio de un
supuesto acuerdo climático entre Estados Unidos y China, los dos países con
mayor responsabilidad en el problema del calentamiento global, si bien puede
ser una señal positiva quedan varias dudas de cuánto compromiso serán capaces
de asumir realmente en adelante. Pese al poco avance de la comunidad internacional
de lograr un acuerdo serio y vinculante sobre el clima global, el discurso
oficial imperante persiste en torno a unir esfuerzos y voluntades políticas
para enfrentar los desafíos de la lucha contra el CC. Las declaraciones de Ban
Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, apuntan en ese sentido:
“Creo firmemente que cada uno de nosotros puede convertirse en un líder de la
lucha contra el cambio climático”[2], al igual que el discurso oficial de
funcionarios de organismos internacionales y gobernantes de los países, como si
el CC fuese un enemigo natural al que hay que combatir como parte de una
cruzada global. Postura que no reconoce la cuestión de fondo, que no reside en
el fenómeno del CC per se, sino en las causas estructurales que la ocasionan:
el sistema económico neoliberal y el modelo de industrialización y desarrollo
imperante de los países, a costo de los recursos de la naturaleza finita y del
ambiente donde habitan pueblos originarios y comunidades locales. Tema
fundamental en cuestión que ha sido recogido por activistas y movimiento social
y ambiental organizado de la “Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático”
bajo la consigna: “Cambiemos el sistema, no el Clima”, en tanto una cumbre
social alternativa a la COP 20 de Lima.
Perú COP 20: Débil institucionalidad ambiental
y desigualdad social
El panorama de la COP
20 parece complicar la actuación del presidente Humala y la del Ministerio del
Ambiente (MINAM), que llega muy debilitado política e institucionalmente para
asumir de forma coherente el desafío de liderar las negociaciones de la cumbre
climática mundial, máxime si consideramos que el Perú es uno de los países más
vulnerables del mundo a los efectos del CC y que poco es lo que puede exhibir
hasta hoy en materia de estrategia nacional de avanzada sobre mecanismos de
mitigación, adaptación y prevención de riesgos. Existen iniciativas al respecto
como el proyecto de Ley Marco del CC, que propone redefinir el rol del MINAM
como ente rector de la Estrategia Nacional de CC, así como fortalecer su
institucionalidad y posibilitar la participación efectiva de la sociedad civil
a través de una Comisión Nacional de CC. Lamentablemente, la aprobación de esta
y otras iniciativas desde la sociedad civil se diluyen enel Congreso de la
Repúblicadebido al cálculo político, la dispersión y divergencia de intereses
de los partidos políticos junto a la falta de liderazgo y de capacidad de
diálogo en el tema de la bancada nacionalista.
Pese a que el año 2014 el gobierno del presidente Humala lo
declaró como: “Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso
Climático”, lo cierto es que su gestión está muy rezagado en la región en
materia de políticas, leyes y normas a favor de la mitigación y adaptación al
CC. Según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés)
elaborado por las Universidades de Yale y Columbia de los Estados Unidos, en su
5to informe 2014 sobre desempeño en políticas ambientales de una nación en
cuanto a impactos en la salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos
hídricos, agricultura, bosques, pesca, biodiversidad-hábitat y clima-energía,
indica que el Perú ocupa el puesto 110 de 178 países en el mundo, y que a nivel
de Latinoamérica está muy por detrás de Chile (29), Ecuador (53), Venezuela
(57), Uruguay (70), Brasil (77) y Bolivia (87). La institucionalidad ambiental
nacional es muy débil y centralista, y el gobierno nacionalista no logra
avances consistentes en el tema al estar más preocupado por revertir la
desaceleración económica y supeditado a los poderes fácticos y la tecnocracia
neoliberal del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde su enfoque
reduccionista de la economía viene influyendo en el ejecutivo con una serie de
medidas reactivadoras, a costo del debilitamiento y subordinación del rol del
MINAM y sus organismos competentes como la OEFA.
No obstante que las cifras oficiales son auspiciosas en
cuanto a reducción de la pobreza país, el gobierno nacionalista sigue
enfrentado con la posibilidad de revertir los índices de desigualdad económica
y exclusión social en las diferentes regiones, como las zonas donde hay
proyectos extractivos de recursos naturales y persistentes índices de pobreza,
contaminación y pasivos ambientales. De hecho hoy existe un mayor riesgo de
conflictividad, porque 20% del territorio nacional está concesionado para
proyectos extractivos de recursos naturales. Por lo que resulta urgente avanzar
en planificar y ordenar mejor el territorio, a fin de revertir y prevenir los
conflictos socio-ambientales, aplicar políticas redistributivas y de uso
sostenible de los recursos naturales, así como medidas de mitigación y
adaptación al CC y la variabilidad climática extrema, que sobre todo afecta a
las poblaciones más pobres de las zonas rurales.
Crecimiento económico
versus calidad ambiental en la región: encrucijada constante
América Latina sigue
siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde la política de
priorización del crecimiento y la dispar distribución del ingreso económico afecta
el vínculo entre el nivel de ingreso per cápita y la calidad ambiental, siendo
este el principal factor negativo que incide sobre el cuidado y la calidad del
ambiente en los países de la región. Así pues, antela disfuncional relación
comercio-crecimiento económico versus cuidado del ambiente, es necesario
deconstruir paradigmas y falacias que siguen gravitando en el marco de un libre
mercado desregulado y entrampando las negociaciones internacionales sobre el
CC. En medio de un mercado internacional fluctuante, con la incertidumbre de la
crisis económica que no termina, gobiernos de izquierda y derecha de
Latinoamérica continúan indistintamente impulsando el incremento de sus
exportaciones en base a recursos naturales no renovables con escaso valor agregado
y alto costo ambiental. De allí que mientras no internalicen la variable
ambiental en sus políticas y programas de gobierno y no desarrollen una
estrategia sostenida de diversificación productiva y de transformación
selectiva, a la par de contar con un marco estricto de normas y regulaciones
ambientales nacionales compatibles con estándares internacionales, seguirán
siendo economías vulnerables y dependientes. Máxime hoy con los riesgos y
efectos del CC que hacen más vulnerables sus economías. Investigaciones
recientes vienen indagando sobre la relación que existe entre el clima y la
conflictividad social con los niveles de desarrollo económico país, encontrando
indicios que la desigualdad es la causa de diversos conflictos además de los
relativos a las cuestiones climáticas. En ese sentido requerimos de más
indagaciones, pero sobre todo asumir una nueva actitud y postura política, un
pensamiento crítico y resiliente para analizar las formas tradicionales de
relacionamiento que han existido –y que persisten- entre los sistemas naturales
y sociales versus la lógica del libre mercado y el sistema económico imperante.
Relativizar el falaz pensamiento economicista de que el comercio es un fin en
sí mismo a partir del cual se dinamiza consecuentemente el crecimiento y luego
las mejoras ambientales. Frente a la crisis ambiental y climática derivada del
modelo económico imperante, será menester trascender la inercia de la
tecnocracia neoliberal que mantiene un sesgado análisis sobre la evolución de
los ciclos de la economía global y el modelo primario exportador de recursos
naturales. En ese sentido, debemos proyectarnos más allá del cálculo político y
las medidas populistas de corto plazo, porque ni la incertidumbre por la crisis
ni el conflicto ambiental ni la insatisfacción social desaparecerán por sí
solos. Cambiar la racionalidad del lucro fácil en la explotación de recursos
naturales no será fácil sobre todo para cierto sector corporativo empresarial,
sector público y de políticos que siguen un comportamiento compulsivo tras
objetivos perversos de la economía global. En ese sentido la COP 20 en Lima, es
el escenario propicio para cambiar el enfoque y analizar autocríticamente que
las negociaciones sobre el CC implican las discusiones sobre el modelo de desarrollo
económico y social a seguir frente al problema.
Movimiento social y ambiental convergen en
torno a justicia climática y cambio del sistema
El escenario COP 20
representa una oportunidad única para que el germinal movimiento social
ambiental peruano (ecologistas, indígenas, sindicalistas, OSB y otras
expresiones de democracia participativa del interior del país) supere su
fragmentación local, se articule y trascienda sus reivindicaciones y demandas
dando un salto convergente con la lucha de los pueblos y la sociedad civil
mundial, que demanda justicia climática y cambiar el sistema económico
hegemónico. De ello dependerá el rol que como sociedad civil se logre incidir
en torno a los puntos de la agenda climática a discutir por los países
participantes.
En el Perú, en los
últimos años diferentes organizaciones sociales y entidades de desarrollo,
académicos, políticos y actores de la sociedad civil han venido planteando una
serie de demandas y propuestas sobre la necesidad de impulsar un conjunto de
reformas importantes del estado peruano. Redireccionar su rol y relación como
estado-sociedad, reevaluando los alcances e impactos del modelo económico
neoliberal, sus implicaciones sociales y ambientales relacionados con el
crecimiento económico país, así como el contexto nacional y local del problema
de la desigualdad, pobreza y desarrollo con inclusión.
El permanente
conflicto entre economía y ambiente no se resolverá en el marco de la COP 20 y
21, si los principales responsables de esta crisis climática global insisten
con el discurso retórico del desarrollo sostenible, de la economía verde, de la
ecoeficiencia sin asumir ninguna autocrítica y responsabilidad. De hecho se
requiere cambiar el paradigma de desarrollo y sentar las bases del cambio
social y ambiental, implicando su armonización efectiva con una política
económica humanizada. Una nueva postura política y principista que cuestione y
enfrente la mayor brecha social y ambiental que existe entre los sectores
minoritarios privilegiados de la economía neoliberal y los grandes sectores
sociales mayoritarios que siguen siendo excluidos de los procesos de
modernización, desarrollo e inclusión en el Perú y el mundo.
Walter Chamochumbi
Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo
[1]La divulgación del
5to informe del IPCC sobre los graves riesgos del CC no parece haber modificado
el comportamiento de los países industrializados y emergentes del G-20 reunidos
en la cumbre anual de Australia, porque sus gobiernos continúan subsidiando
proyectos de exploración en busca de combustibles fósiles (petróleo, gas y
carbón) mediante inversiones de empresas estatales y finanzas públicas. Son
subsidios al margen de la opinión pública, pese a reiterados compromisos para
erradicar los subsidios a los combustibles fósiles, abordar el CC y apoyar la
transición hacia el uso de energía limpia (Londres, 11 nov 2014 (IPS), ¿Por qué
los gobiernos del G-20 subsidian el cambio climático? Análisis de Shelagh
Whitley).
[2] La ONU y la COP
20 Boletín del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, 1º Edición - Abril 2014.
TOMADO DE ENVIO EN RED FOROBA
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