Crisis del Sistema de
Evaluación Ambiental en Chile, ¿otra razón para reformar la Constitución?
POR RAIMUNDO BORDAGORRY
Académico Centro Energía y Desarrollo Sustentable
Universidad Diego Portales
La última decisión tomada por Goldcorp de retirar el EIA del
proyecto EL Morro luego de la resolución de la Corte Suprema que anuló un fallo
que había dado luz verde al proyecto de oro y cobre, paralizando la iniciativa
de US$3.900 millones ubicada en la Región de Atacama, pone de manifiesto
nuevamente la profunda crisis que viene atravesando nuestro Sistema de
Evaluación Ambiental. Ya a principios del presente gobierno se procedió a
desahuciar a HydroAysen, esta vez por una decisión de marketing político y no
técnica (alternativa de generación de energía propia, limpia y renovable); sin
embargo, ahora el gobierno nos dice que se destrabarán inversiones para activar
la economía. Me pregunto: ¿esta vez baipaseando el Sistema de Evaluación para
mejorar los cuestionados números de crecimiento? Lo que refleja este panorama
es una pésima organización como país de los temas ambientales, la famosa Ley
19.300 surgió apurada para firmar el acuerdo de libre comercio exigido por la
UE, igual lo fue la formación del Ministerio de Medio Ambiente y su Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad el año 2009, exigido para ingresar a la OCDE.
Por otra parte, la firma del Convenio 169 de la OIT que nos vino a señalar que
era en realidad una consulta a la comunidad. En definitiva, una legislación a
la chilena, con parches, superposiciones, toma decisiones más bien políticas y
centralizadas, que participativas y técnicas. Lo que se requiere y propone es
una (r?)evolución del Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, pareciera
ser indispensable hacer esto en conjunto a una Reforma Constitucional que,
entre otros, cambie “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación” desde el Artículo 19, número 8, al Artículo N°1–, una
Constitución que permita una democracia más bien directa, local y
participativa, en donde el país pueda organizarse de nuevas formas, por
ejemplo, por cuencas hidrográficas, para planificar y gestionar
sustentablemente el territorio, con estados regionales democráticos que se
hagan cargo de nuestra gran diversidad ambiental-cultural.
Lo que se requiere y propone es una (r?)evolución del
Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, pareciera ser indispensable hacer
esto en conjunto a una Reforma Constitucional que, entre otros, cambie “El
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” desde el Artículo
19, número 8, al Artículo N°1–, una Constitución que permita una democracia más
bien directa, local y participativa, en donde el país pueda organizarse de
nuevas formas, por ejemplo, por cuencas hidrográficas, para planificar y
gestionar sustentablemente el territorio, con estados regionales democráticos
que se hagan cargo de nuestra gran diversidad ambiental-cultural. Para mejorar el Sistema de Evaluación Ambiental es
indispensable que el máximo organismo que tome decisiones respecto de llevar a
cabo un proyecto no sea basado en temas políticos, para ello se propone
reemplazar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por un organismo
eminentemente técnico, “Consejo Nacional para la Sustentabilidad”, compuesto
tanto por miembros elegidos por la comunidad, por ejemplo, de entre ex premios
nacionales de Ciencia, ex ministros, u otros que cumplan los requisitos, y
formado por miembros nombrados por el Congreso o el Gobierno (partiendo por el
ministro del Medio Ambiente). Dicho Consejo debería ser la máxima instancia
para aprobar o rechazar proyectos, normativas y otros temas ambientales. En
definitiva, se requiere una nueva forma de llevar adelante la evaluación de
nuestros proyectos de inversión para no seguir judicializándolos como último
recurso ciudadano ante los poderes económicos, políticos y burocráticos. TOMADO
DE EL MOSTRADOR POR SUGERENCIA EN ENVIO DE BOLETIN GAL DE CHILE
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