Editorial: Un tuerto
en la COP 20
El gobierno debió haber escuchado más al sector privado al
prepararse para esta convención.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP 20), que se realizará en Lima en los próximos días, busca dejar
todo listo para que el próximo año se pueda suscribir en París un acuerdo
global sobre el medio ambiente. Aquí, nuestro país tiene el gran reto de
presentar una postura que concilie la crucial protección del medio ambiente con
la promoción de la inversión en los sectores productivos que, después de todo,
nos han permitido crecer y crear miles de puestos de trabajo en los últimos
años. Es precisamente por lo anterior que preocupa que al sector privado no se
le haya permitido una participación más activa en las reuniones preparatorias
para la COP 20. Después de todo, la experiencia y conocimiento específico de
los privados hace que sus opiniones y sugerencias sean especialmente valiosas
para conseguir proteger el ambiente sin trabar innecesariamente el desarrollo
económico del país. La importancia de escuchar a los privados para tomar
mejores decisiones tanto para el ambiente como para atraer inversiones es una
lección que ya debería haber aprendido el gobierno. Recordemos, por ejemplo,
que cuando se elaboró la norma de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) la
coordinación con el sector privado fue muy limitada. ¿El resultado? Los parámetros
se impusieron de manera unilateral y transversal para todos los sectores, sin
tomar en cuenta cuáles eran las opciones más razonables y dejando de lado que
este tipo de cambio de reglas debería ser gradual. Los ECA resultaron siendo
demasiado exigentes, al punto que ponían en riesgo la viabilidad financiera de
muchas empresas. El gobierno, finalmente, reconoció las limitaciones de la
norma y pudo modificarla encontrando una alternativa que protegiera al ambiente
sin perjudicar innecesariamente a las inversiones. Todo esto se hubiera podido
evitar si, desde el principio, hubiera existido un diálogo abierto y
transparente entre el sector público y privado. Lo mismo sucedió cuando se
cambiaron los lineamientos de sanciones del Organismo de Evaluación Fiscal
Ambiental (OEFA). Nuevamente, se creó un sistema fiscalizador con un enfoque
excesivamente complejo y que permitía que se elevasen sustancialmente las
multas. En realidad, el verdadero enfoque del OEFA siempre debió haber sido el
de actuar más como un facilitador para incrementar el cumplimiento ambiental de
las empresas sin arriesgar por ello que estas quiebren y afecten así el
crecimiento y el empleo en el país. Tan mal fueron diseñadas estas políticas,
que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas
tuvieron que intervenir y llegar a un acuerdo que implicaba bajar las multas
por un período de tres años, para así brindar a los inversionistas las
facilidades de adoptar medidas correctivas.
El Estado, en fin, tiene que mirar los problemas sociales
con dos ojos, el público y el privado. Y, lamentablemente, en el tema ambiental
el gobierno a veces prefiere hacerse el tuerto. TOMADO DE ENVIO DE ERL COMERCIO
DE PERU
No hay comentarios:
Publicar un comentario