Argentina es el segundo país más endeudado de la región
El debate político suscitado en las negociaciones para
terminar el conflicto con los "fondos buitres" está signado por
posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la
reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible
proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan
acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar
mecanismos que incentiven la repatriación de capitales.
El Gobierno llegó a un acuerdo para cancelar la deuda
pública argentina en default con sentencia adversa en los tribunales de Nueva
York. Asimismo, hizo público el ofrecimiento de aplicar similares condiciones
al resto de la deuda pública en default. Para instrumentar la cancelación se
necesita una expresa habilitación del Congreso nacional y la autorización para
emitir nuevos títulos.
El tema genera intensa polémica. Las posturas más
radicalizadas advierten sobre las negativas consecuencias de lo que entienden
como un abrupto cambio de rumbo respecto a las estrategias aplicadas por el
gobierno anterior de desendeudamiento y soberanía nacional. Según esta
interpretación el arreglo con los fondos "buitres" y el resto de la
deuda en default es un sometimiento con impactos adversos para el desarrollo del
país.
Más allá de que similares argumentaciones son aplicables a
cancelaciones de deuda realizadas por la anterior gestión (FMI, Club de Paris,
REPSOL), resulta pertinente evaluar con objetividad la administración del
endeudamiento. En este sentido, información publicada por la CEPAL sobre deuda
pública de los gobiernos centrales señala que:
Brasil es el país con la deuda pública más alta de la región
con el 66% del PBI.
Le sigue Argentina con el 46% del PBI de los cuales algo más
de 2 puntos del PBI corresponde a la deuda pública en default.
En Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Chile los niveles de
endeudamiento público oscilan entre el 15% y el 30% del PBI.
Estos datos muestran que la Argentina está lejos de ser un
país con bajo endeudamiento público. A pesar del aislamiento financiero
internacional y de la declamada política de desendeudamiento, la Argentina es
el segundo país de la región con mayor deuda pública. Resulta paradójico que
países con acceso mucho más fluido a los mercados de crédito (reflejado en
tasas de intereses equivalentes en algunos casos a menos de la mitad de las que
paga la Argentina) tengan niveles de endeudamiento mucho más bajos.
La diferencia con otros países de la región tiene poco de
ideológico y mucho de falta de profesionalismo y apego a posicionamientos
atávicos. Prueba de ello es que gobiernos con posiciones políticas muy
diferentes –Ecuador y Bolivia, por un lado; Perú y Chile, por el otro– han
aprovechado más inteligentemente las favorables condiciones de los mercados financieros
internacionales. En Argentina, por una mezcla de incompetencia, desidia y falso
concepto de soberanía, se renegó del acceso al crédito genuino llevando a
forzar el financiamiento del Tesoro con el Banco Central, ANSES y PAMI. El
resultado es inflación, insolvencia previsional y jubilados sin prestaciones
médicas.
La acumulación de errores de política ha generado una enorme
necesidad de financiamiento. Entre los componentes más importantes está la
emisión de nueva deuda para pagar la que está en default, los vencimientos de
capital e intereses de la deuda pública restante, el déficit fiscal y las
inversiones postergadas en infraestructura. A esto hay que agregar las
necesidades de las empresas privadas que también sufren el aislamiento. Dado
que es muy optimista suponer que se podrá acceder a préstamos para todos estos
requerimientos a costos razonables, sería muy recomendable que el debate
político no se centre tanto en los "buitres" sino en formular
estrategias acompañantes.
Por un lado, hay que evaluar la alternativa de ampliar las
fuentes de financiamiento con un blanqueo impositivo. Dado que los ahorros
fugados en el pasado equivalen a casi un PBI, si parte de estos capitales
vuelvan al circuito formal argentino se alivianaría la demanda de créditos
internacionales, ayudando a acceder a créditos de menor costo como los países
vecinos. Por el otro, tomar los recaudos para que el acceso al crédito no sea
usado para mantener derroches y déficits fiscales insostenibles. Esto implica
asumir en los tres niveles de gobierno que quien cercena las posibilidades de
crecimiento no son los "buitres" sino la falta de profesionalización
del sector público argentino. TOMADO DE ENVIO DE ASI SOMOS DE CORDOBA AR
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