ESPECIAL: POR UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
EN CHILE
Ley
de Cambio Climático: ¿Cumplirá el Gobierno su promesa de crearla?
Santiago,
Chile, , por Luis Alberto Gallegos, Boletín GAL.- En su programa de campaña,
Sebastián Piñera prometió ocho puntos a cumplir al acceder al poder, respecto
al cambio climático:
“1•
Implementar una Ley de Cambio Climático a fin de cumplir con nuestro compromiso
internacional al año 2030.
2• Crear o
fortalecer el Sistema Nacional de Inventarios Nacionales de Gases Efecto
Invernadero (GEI), el Sistema Nacional de Prospectiva de GEI y el Registro de
Emisiones y Transferencias de Contaminantes.
3• Integrar la
adaptación al cambio climático al Sistema Nacional de Inversiones, la
Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Evaluación
Ambiental Estratégica y las normas de infraestructura y edificios.
4• Asignar las
responsabilidades sectoriales de reducción de emisiones globales, actualizar
los planes de adaptación y fortalecer la capacidad de fiscalización del
impuesto al carbono de la Superintendencia de Medio Ambiente.
5• Crear un
Foro de Cambio Climático para promover el carácter inclusivo y participativo de
la prevención y adaptación al cambio climático.
6•
Descentralizar y regionalizar las acciones de mitigación, adaptación y creación
de capacidades en materia de cambio climático.
7• Crear un
Comité Científico Asesor de Cambio Climático a fin de promover decisiones
basadas en la ciencia.
8• Crear una
estrategia de financiamiento, junto con la creación de un Fondo Climático
Nacional, para la investigación científica, la generación de información, el
diseño de medidas y la transferencia de tecnologías”. (https://storage.googleapis.com/spinera-bucket/Programa%20Sebastia%CC%81n%20Pin%CC%83era_hoja.pdf)
Los
pronósticos de desastres climáticos en Chile
Los
pronósticos para este y los años siguientes sobre el impacto del calentamiento
global en Chile y a nivel Planetario, son desalentadores. Son muy
significativos los logros que nuestro país ha avanzado en prepararse ante estas
eventualidades sobre todo en materia de mitigación de gases de efecto
invernadero (GEI), energías renovables no convencionales (ERNC) y en el
cumplimiento de sus compromisos internacionales ante la Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC); pero aún es
insuficiente, en particular en medidas de adaptación ante los desastres
climáticos ante los cuales somos extremadamente vulnerables.
Los
estudios del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático PANCC II
(2017-2022), “indican que a futuro se experimentaría un aumento de las
temperaturas en todo el país, siendo mayor en la zona norte (U. de Chile,
2012). Hacia el año 2030, habría un aumento de, a lo menos, 0,5°C para las
zonas sur y austral y de 1,5°C para el norte grande y el altiplano, según el
escenario de menores emisiones de GEI. Estos valores se incrementarían para el
período 2031- 2050”.
Asimismo, “En
la zona centro-sur del país, se ha observado una disminución estadísticamente
significativa de las precipitaciones (Quintana y Aceituno, 20128; Schulz et al,
20119) (…) Hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación
entre 5% y 15%, para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó
y Aysén. Para el período 2031-2050, se intensificaría la disminución de la
precipitación (…)”
“Se
espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente a partir de
la segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una ocurrencia
de más de 10 veces en 30 años (CEPAL, 200913). Pese a que el número de eventos
de precipitación extrema tiende a decrecer en gran parte del país, la
ocurrencia de eventos de alta precipitación con temperaturas elevadas, aumenta
con respecto a la situación base (…)”
“Por su
condición de país altamente vulnerable al cambio climático, se estima que en
Chile las pérdidas ambientales, sociales y económicas en el país por este
fenómeno podrían llegar a ser significativas, alcanzando al año 2100, un 1,1 %
anual del PIB (CEPAL, 2012). La biodiversidad, recursos hídricos,
infraestructura construida y los sectores económicos pueden verse negativamente
afectados dentro de este siglo (…)”
“Se
proyecta una reducción significativa de los caudales medios mensuales en las
cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (30 a 42°LS) y una elevación
de la isoterma de 0°C, que trae como consecuencia la reducción de las reservas
de agua en las cabeceras de cuencas nivales y nivo-pluviales y el aumento del
riesgo de desastre, durante eventos de precipitación extrema y altas
temperaturas, durante los cuales aumenta considerablemente el caudal de los
ríos, pudiendo generar inundaciones y aluviones. El retroceso de glaciares
sería significativo, afectando los aportes de agua en los períodos secos. En el
extremo austral (entre 50 y 55°LS), se espera un leve aumento de los caudales
disponibles. Para el Norte Grande y Norte Chico, habría una mayor ocurrencia de
períodos de escasez hídrica y eventos de lluvias extremas”.
Y en cuanto
a la salud, “Las alteraciones de parámetros climáticos, tales como
precipitación, humedad y temperatura, podrían aumentar la ocurrencia de algunas
enfermedades ya existentes en el país, facilitar la introducción de nuevas
enfermedades y exacerbar el efecto de ciertas variables ambientales en la
salud. Como ejemplo, en la zona centro‐sur del país, se espera un aumento de
enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas (hantavirus y rabia) y en
el norte grande, se favorecería el desarrollo de enfermedades vectoriales, como
malaria y dengue, ausentes hoy en Chile. La disminución de la calidad y
disponibilidad de agua y alimentos, producto de sequías e inundaciones, podría
tener impactos en la nutrición y calidad de vida de la población y
en el incremento de la incidencia de algunas enfermedades no
transmisibles” (http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf)
Esto, el
Presidente Piñera y el Ejecutivo lo saben. Por ello llama la atención en el
retraso en el cumplimiento de sus propias promesas y porque cada día, cada
minuto cuenta, en esta tendencia hacia las calamidades climáticas
irreversibles.
Objetivos
de la Ley de Cambio Climático
La Ley de
Cambio Climático es una herramienta potente que resulta indispensable
diseñarla, construirla y ejecutarla. El Reino Unido, Escocia, Francia,
Cataluña, Suecia, Australia, España, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México
DF, Tasmania. (http://solucionescambioclimatico.org/leyes-cambio-climatico-mundo/),
entre otros países, han dado inicios a procesos de gestación de este
instrumento legislativo (http://www.pnuma.org/publicaciones/Aportes_legislativos_de_ALC_final.pdf),
o ya lo han promulgado a fin de integrar en un solo cuerpo legal el conjunto de
acciones de mitigación y adaptación ante el calentamiento global (http://www.derecho.uchile.cl/centro-de-derecho-ambiental/cambio-climatico/121762/parlamentarios-piden-una-ley-de-cambio-climatico-para-chile).
A la tendencia hacia la calamidad, hay que oponerle la tendencia a la
previsión, la ciencia, la sensatez y el sentido común.
Según el
Climate Change and the Environment y el The Global Legislators Organisation, se
trata de “Tener objetivos climáticos claros ayuda a fijar una trayectoria a
largo plazo y manda una señal de la voluntad política a las empresas y la
sociedad civil. El horizonte a largo plazo necesario para las políticas
climáticas choca con el ciclo político, que es mucho más corto. Por lo tanto,
son necesarios objetivos tanto a corto como a largo plazo (Fankhauser, 2013).
Los objetivos pueden tener formas diversas (absolutos o relativos) y los
objetivos relativos al conjunto de la economía pueden
complementarse
con objetivos concretos, como por ejemplo las energías renovables, el UTCUTS o
el transporte” (http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Spanish_2015_for-web.pdf).
Según estas
mismas organizaciones, “Desde 1997, el número de leyes y políticas sobre
cambio climático se ha doblado cada 5 años A finales de 2014 había 804 leyes y
políticas sobre cambio climático, un incremento desde solo 54 leyes y políticas
en 1997, y desde 426 en 2009, cuando se firmó el Acuerdo de Copenhague.
Aproximadamente la mitad (398) fueron aprobadas por el poder legislativo, y la
mitad (408) por el poder ejecutivo (p.ej. normas y decretos). En 2014, sólo se
aprobaron 46 leyes y políticas nuevas, en comparación con las 82 que
se aprobaron en 2013” (http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Spanish_2015_for-web.pdf).
Extrayendo
lecciones de experiencias globales
La
ejecución y desarrollo de las diversas iniciativas de Leyes de Cambio Climático
en el mundo, nos dejan importantes lecciones que pueden permitir optimizar lo
que en Chile se haga en esa materia.
Por
ejemplo, en Perú, el Programa Cambio Climático y Bosques de la ONG Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales señala “que se debe especificar la
participación de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
Menciona que adicionalmente a la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, que
ya existe, se creará, mediante esta ley, una Comisión de Alto Nivel, por lo que
será importante que se definan los roles específicos de cada uno de estos
espacios (…) En el debate prevaleció la posición de algunos congresistas que
niegan la importancia de estos sectores en la discusión e implementación de
políticas públicas para enfrentar al cambio climático, limitando el rol de la
sociedad civil en su más amplia definición”.
Por su
parte, el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc) de este
mismo país, “señala que el principal vacío de la ley se refiere a que no
otorga específicamente la ‘rectoría’ al Ministerio del Ambiente, ‘en parte
porque el mismo ministerio ha abdicado de esa función’, dice (…) precisa que
esto puede ser un problema puesto que, como sucede en Perú, otros sectores
pueden hacer prevalecer sus decisiones en los que la lógica económica subordina
a los consideraciones ambientales, como por ejemplo, el Ministerio de Energía y
Minas” (https://es.mongabay.com/2018/03/peru-ley-cambio-climatico/)
De otro
lado, la Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012 en México,
también está sujeta a evaluaciones. En este sentido, el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC), declara que la “LGCC ordena que el
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) incluya un presupuesto estimado
del costo de las acciones que desarrollarán las dependencias responsables de su
ejecución. Esta determinación de la LGCC se considera igualmente un gran avance
para la instrumentación de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). En
contraste con lo anterior, la falta de vinculación y de integralidad entre el
Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en Materia de
Cambio Climático (AT-CC) y el PECC limita las posibilidades de alcanzar las
metas y objetivos previstos en los indicadores y líneas de acción del PECC, lo
que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la PNCC. En este
sentido, es necesario consensuar criterios de cambio climático entre los
actores clave para la definición del presupuesto y su asignación en programas
presupuestarios que conformen el AT-CC y que financien las líneas de acción del
Programa Especial de Cambio Climático” (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507357&fecha=11/12/2017)
En resumen,
lo que estas experiencias regionales de Leyes de Cambio Climático –entre otras
que debemos estudiar- nos aleccionan para el caso nuestro, es que podamos
diseñar un instrumento legal que considere claramente tres cosas:
1. La
participación vinculante de la sociedad civil en el diseño, desarrollo y
ejecución de la normativa.
2. Otorgar explícitamente la rectoría o
rol conductor de esta herramienta legal al Ministerio del Medio Ambiente.
3. Dotar de los recursos y presupuestos
indispensables que no dificulten u obstaculicen el logro de sus metas y
objetivos. (FIN) VER: http://luisalbertogmz.blogia.com/
TOMADO DE ENVIO DE BOLETIN GAL DE CHILE
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