Varios proyectos impulsan el reclamo por una agenda
energética para la provincia
Yacyretá y la tarifa eléctrica pareciera que interpelan
tanto al oficialismo como a la oposición hacia un temario común. En Diputados
se propone el reconocimiento del dominio provincial del producto de
hidroeléctricas. También se había avanzado en ese sentido en el Senado
Provincial.
La energía es un tema
en la agenda del Gobierno Provincial y también de legisladores provinciales y
nacionales. Distintos proyectos se impulsan tanto desde el oficialismo como
desde la oposición, en materia de infraestructura como de beneficios.
Una energía eléctrica encarecida y demanda de
infraestructura parecieran colisionar con una agenda de desarrollo. El dominio
originario sobre los recursos naturales es uno de los puntos que reclamaría el
Gobierno Provincial esta semana ante Nación.
En paralelo, distintas gestiones se realizan en ese sentido.
Legisladores de Entre Ríos y Corrientes presentaron un proyecto de ley que
busca una tarifa diferencial del 50 por ciento para Corrientes y Entre Ríos por
emplazarse represas hidroeléctricas en territorio provincial. Tal es el caso de
Yacyretá y de Salto Grande.
La iniciativa pide el descuento del 50 por ciento del MWV en
función de ser ambas jurisdicciones generadoras de energía, aportantes al
sistema nacional. “Corresponde a las Jurisdicciones Provinciales, conforme lo
establece el artículo 124 de la Constitución Nacional: el dominio originario de
sus bienes, de los recursos naturales, de las fuentes de generación eléctrica
existentes en sus territorios, a los fines de asegurar su uso racional, sustentable,
en función de atender las necesidades locales”, expresa el expediente. “La
jurisdicción, competencia y administración del mercado eléctrico local,
incluyendo la regulación, prestación y poder de policía de los servicios”,
continúa.
En su artículo 2, el proyecto establece su aplicación en 30
días a partir de su sanción. Además, pide la “interrupción en el territorio
argentino de los incrementos tarifarios para el precio de la energía en el
Mercado Eléctrico Mayorista aplicados desde Cammesa”.
Otro de los puntos que plantea el proyecto consiste en
disponer la conformación de una “comisión técnica de estudio de la tarifa
eléctrica que estará integrada por un representante del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (Enre), un representante de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Energía y Minería, un representante de la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y representantes de las empresas
distribuidoras de electricidad que operan en las Provincias de Entre Ríos y
Corrientes y en las demás jurisdicciones provinciales, y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
A su vez, el expediente estipula que “la comisión técnica
tendrá como función el control y el seguimiento de la situación eléctrica
existente en el país, así como el monitoreo del proceso que lleve adelante el
Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia, incluyendo los efectos económicos
y sociales que se deriven de las medidas que se adopten en resguardo de los
principios de adecuación, razonabilidad y equidad”.
El documento lleva la firma de los diputados nacionales por
Corrientes Jorge Romero, Araceli Ferreyra y José “Pitin” Ruíz Aragón. También,
con el acompañamiento de los entrerrianos Julio Solanas y Juan Manuel Huss.
Vale recordar que en materia energética, el gobernador
Gustavo Valdés, cuando fuera diputado nacional, había presentado una propuesta
de Fomento de Inversión en emprendimientos económicos de carácter promocional,
próximos a represas hidroeléctricas en el territorio argentino. Uno de los beneficios
consiste en cobrar el valor de la energía a los emprendimientos económicos a
precios mayoristas. Esto contribuiría a la economía doméstica de localidades
como Ituzaingó, próxima a Yacyretá y de donde es oriundo el mandatario.
Diputados nacionales de Corrientes y Entre Ríos proponen la
creación de una comisión técnica de seguimiento de los aumentos de la tarifa
eléctrica.
En la Legislatura también se debatió un proyecto relacionado
con la represa hidroeléctrica. En este sentido, el Senado dio media sanción en
diciembre del año pasado a la llamada “provincialización” de Yacyretá.
La iniciativa, que fuera impulsada por el senador provincial
Noel Breard, apunta a reivindicar como dominio provincial el Complejo
Binacional Hidroeléctrico Yacyretá, en la parte que le corresponde a Argentina.
Esto, por razones de reparación histórica. “Especifica que la provincia debe
recibir por el fruto generado, debido a la explotación de los recursos
naturales, lo mismo que recibió la contraparte contratante de Argentina desde
el año 1994 (energía de libre disponibilidad en el mismo porcentaje y recursos
que aporta a la otra parte) como así también para el futuro”, indica el
expediente.
Entonces, al momento de haberse aprobado el proyecto, Breard
había expresado: “Nos han discriminado, a Corrientes nos han violado las
tratados internacionales, el trato justo. En Encarnación y en Posadas han
invertido más de 3.000 millones de dólares”.
Por otra parte, desde el bloque peronista en la Cámara baja
nacional anticiparon que esperan avanzar con una agenda conjunta con sus pares
de Entre Ríos en materia energética. Esto incluye a legisladores provinciales
de ambas jurisdicciones, y de acuerdo con lo informado desde el sector, prevén
que también abarque a distintos colores, más allá de la pertenencia a un
espacio político.
El primer encuentro de legisladores nacionales y
provinciales se realizaría en la Legislatura de Entre Ríos, aunque aún no hay
una fecha confirmada. La agenda energética pareciera interpelar tanto al
oficialismo como a la oposición en distintas órbitas legislativas.
En materia tarifaria, funcionarios provinciales del área de
Energía solicitaron la quita progresiva de subsidios al sistema eléctrico en la
cuarta reunión del Consejo Federal de Energía, en Buenos Aires. Estos
reclamaron que en lugar de una quita total en 2019, se extienda hasta 2023,
según confirmaron desde Gobierno. TOMADO DE EL LITORAL DE CTES AR
NOTA: CORRIENTES , perdió
millones para obras al no ejecutar bien lo que le correspondía desde 1998 con
las llamadas Ganancias de Salto Grande
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