La cara que pocos conocen de San Andrés
San Andrés es un paraíso que atrae a cerca de un millón de
turistas por año, pero que por dentro sortea conflictos que afectan su salud y
medio ambiente, que acrecientan la inseguridad y el narcotráfico, y que
involucran la calidad del agua consumida.
Una realidad distinta a la que viven los turistas es la que
deben enfrentar los cerca de 75 mil habitantes que tiene la isla, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La veeduría ciudadana Fundación Heredad, no duda al señalar
que el principal problema es la salud, pero en el tintero cuentan con reportes
de incrementos en la contratación directa, daños en el alcantarillado y
cuestionamientos por la ausencia del control estatal a las actuaciones de la
Gobernación, en cabeza de Ronald Housni Haller.
“La Procuraduría y la Contraloría están en la isla, pero no
cumplen con sus funciones, en ocasiones nos toca dirigirnos directamente a
Bogotá para hacer nuestras denuncias, pero devuelven los casos a la regional y
se estancan”, dice un vocero de la Fundación que habló con EL COLOMBIANO, quien
reclama que las autoridades se interesen más por el archipiélago.
Este es el panorama que tienen día a día en San Andrés. Sus
reclamos consisten en atención y obras, más allá de las promesas.
La salud, en crisis
La líder social afro Emérita Becerra critica que no haya una
solución definitiva al desabastecimiento de medicamentos que sufren los isleños
en el hospital Amor de Patria desde hace años, y que se acentuó en marzo.
Becerra cuestiona que el operador, IPS Universitaria, no logró satisfacer las
necesidades.
“Mantenemos de protesta en protesta porque no hay
medicamentos tan básicos como el acetaminofén”, cuestiona. La misma situación
la plantean líderes raizales y los propios políticos, como el representante a
la Cámara -y hermano del gobernador- Jack Housni Haller, quien asegura que este
sector debe ser percibido como una prioridad y realizar una reestructuración
rápida.
Al respecto, el gobernador Ronald Housni Haller, en
respuesta a EL COLOMBIANO, manifiesta que “hemos dado máxima prioridad a
implementar con la mayor celeridad posible una solución definitiva a las
deficientes condiciones ofrecidas por el operador, cuya concesión se vence en
octubre”. Aquí hay que aclarar que aunque la vocería está a cargo del gobierno
local, el Ministerio de Salud coordina una mesa de trabajo “para trazar la ruta
que permita una atención digna y humana a los pacientes, durante este periodo”.
Resultado de esto es que, desde finales de marzo, empezaron
a llegar medicamentos, aunque, como lo plantea la líder afro, “no nos dejan
satisfechos”. Pese a que al gobernador se le preguntó cuántos recursos se
requieren para solucionar el problema, no entregó una cifra.
Sanción por tres meses
Casi como respuesta a las críticas por falta de control,
expuestas por líderes y la Fundación Heredad, el pasado viernes, el procurador
General, Fernando Carrillo, anunció que suspendía al gobernador Housni Haller,
inicialmente por tres meses, dada la crisis del sector y “su inoperancia”.
Carrillo indica que “ejercimos nuestra función preventiva,
le pusimos la lupa y se volvió a entregar el servicio público de la salud a
otro operador privado”, deja claro que la pesquisa también cobija al actual
secretario de Salud, Adolfo Lambis Urueta; a la exgobernadora Aury Socorro
Guerrero, y a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May y Heyder Enrique
Avendaño.
Sobre la suspensión, el gobernador solo responde que
“respetamos la decisión, pero nos entristece porque estamos cerca de la
solución de un problema que no generamos”.
Drogas, dolor de
cabeza
Al preguntarle al gobernador sobre la presencia de grupos
armados ilegales en su territorio, responde: “Esta información no se maneja
desde la Gobernación, sino desde la Policía y la Armada”. Sin embargo, el comandante
de la Policía en la isla, coronel Jorge Enrique Mendoza, asegura que aunque no
están asentados en el territorio, sí tienen personas que se encargan de las
rutas y del menudeo. Este problema no es nuevo.
Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación,
sostiene que se trata de una mala herencia de la lucha de poder entre Los
Urabeños y Los Rastrojos, en la que los primeros se quedaron dominando el
Pacífico, mientras que los segundos encontraron asiento en el Caribe. El
analista también destaca que, aunque ese fenómeno estuvo controlado, desde hace
unos cinco o seis años volvió a tomar fuerza.
Al respecto, el gobernador también asegura “le solicité al
general Jorge Nieto –director de la Policía– evaluar la posibilidad de mantener
la fuerza especializada en el territorio insular para que en la isla se
recupere la seguridad”.
Por su parte, el director de la Policía en la isla reporta
que entre 2017 y lo que va de 2018 han logrado la captura de 33 personas por
microtráfico; la incautación de 146 kilos de cocaína, 62 kilos de marihuana y
24 gramos d éxtasis.
Otro tema, que no es menor, y que permanece en la retina de
los isleños es el fallo de La haya, que le concedió 200 millas náuticas de la
plataforma continental a Nicaragua sobre Colombia.
El hecho más reciente de este caso se registró el 16 de
noviembre pasado, cuando se conoció que la Corte Internacional de Justicia le
aceptó a Colombia dos contrademandas en este litigio marítimo.
Otro caso que preocupa y que hizo evidente la Contraloría
General es la posible emergencia ambiental a la que está expuesta la isla, por
cuenta de los malos manejos de las aguas residuales. “La Reserva de Biosfera
Seaflower es una de las zonas más susceptibles al fenómeno de Cambio Climático,
lo cual se agrava con la deficiente gestión institucional que se da en el
Archipiélago”, indica el ente de control.
Si bien los esfuerzos y las inversiones se perciben, luego
de la promesa del “Plan San Andrés”, que anunció el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos tras el fallo de La Haya, el llamado de los isleños es
evidente, pues los resultados no son los esperados, por lo que reclaman más
atención desde Bogotá.
PARÉNTESIS , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
De los 75 mil habitantes, según el Dane, 23 mil no están
conectados al alcantarillado. Prueba de ello es que cada que llueve las
alcantarillas se desaguan, según denuncia la Fundación Heredad. Para ello, el
Gobierno Nacional, a través de un crédito del BID, invierte US$2,3 millones en
saneamiento y agua, según cifras de la Gobernación. Al respecto, el gobernador
Housni destaca: “dispusimos la compra y puesta en funcionamiento de dos plantas
desalinizadoras, la primera de ellas, con capacidad de 25 litros por segundo,
financiada con recursos del departamento, UNGRD y Ministerio de Aguas y
RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ Periodista nacido en Calarcá.
Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.
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