Un informe de defensores de las comunidades forestales
insta a la UE a tomar medidas para frenar las pérdidas de bosque que persisten
en las zonas tropicales
Un fuego provocado por pastores en República
Centroafricana para despejar terreno para sus animales. ©FAO/ROBERTO FAIDUTTI -
CARLOS LAORDEN
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FOTOGALERÍA Cada vez menos bosque
Los programas, iniciativas y compromisos para frenar la
destrucción de bosques —y los abusos adyacentes— parecen infinitos: obligación
de comprar madera certificada, establecimiento de áreas protegidas, leyes de
deforestación cero... Y, sin embargo, la realidad institucional de algunos
países tropicales y la creciente demanda de soja, palma, madera o carne —entre
otros— parecen desbordar todas esas buenas intenciones. El año pasado, el Chaco
paraguayo taló 500 hectáreas de bosque al día (principalmente para que pastara
el ganado) y los incendios dañaron o destruyeron 26.000 kilómetros cuadrados
(más que la superficie de la Comunidad Valenciana) en las islas indonesias de
Sumatra y Kalimantán.
Un estudio de Forest People's Program, una organización
británica que defiende los derechos de las comunidades forestales, ha analizado
la situación en nueve países tropicales afectados por el problema y ha
concluido que solo en uno de ellos (Malasia, donde además las cifras están bajo
sospecha) se ha frenado la pérdida de bosque. "Hay muchos esquemas
gubernamentales, industriales, multilaterales y voluntarios, pero vemos una
brecha creciente entre lo que se ha prometido y lo que ocurre sobre el
terreno", han dicho los líderes de esas comunidades al presentar el
documento este jueves en Ámsterdam (Holanda).
El lanzamiento del informe se realiza intencionadamente
mientras la Unión Europea decide si toma medidas adicionales para frenar su
propia influencia en la tala de bosques. El texto señala como principal
responsable a la agricultura comercial, a la que achaca más del 80% de la
deforestación en países tropicales (en concreto, le atribuye dos tercios de la
pérdida de árboles en América Latina, un tercio de la de África y la mitad de
la asiática). La obtención de madera y energía, la minería o a construcción de
carreteras e infraestructuras son otros importantes matabosques.
La mayor parte de los productos relacionados con la tala
de bosques (la propia madera, pero tambien la carne o la soja que obliga a
despejar espacio para el pasto de animales o el cultivo) se queda en el propio
país de producción o se exporta a otros países de su región. Pero el resto se
vende internacionalmente, y la UE importa y consume más de un tercio de esos
productos (casi el doble que el Este de Asia y cuatro veces más que
Norteamérica). Por ejemplo, es (tras China) el segundo importador mundial de soja.
Por eso los autores del estudio insisten en la necesidad
de que Bruselas —y los ciudadanos— refuercen los mecanismos de control de su
demanda y usen su fuerza política y comercial para combatir la deforestación.
"Si los consumidores europeos no saben de dónde vienen sus productos, es
el fin de la humanidad", ha dicho Shapiom Noningo Sesén, un líder wampii
de la Amazonia peruana. "Deben preguntarse de dónde vienen las materias
primas y hacen falta cambios en la demanda por parte de empresas y Gobiernos",
ha añadido. A raíz de un informe de 2013, y tras solicitar varias
investigaciones y propuestas de planes de acción, la Comisión ha anunciado que
tomará una decisión al respecto en las próximas semanas.
Se espera que Bruselas decida en las próximas semanas si
toma medidas adicionales contra la deforestación
Los nueve casos analizados (de Perú a República
Democráctica del Congo y de Indonesia a Guyana) revelan, según sus redactores
que la corrupción y la fragilidad de las instituciones de muchos de esos países
son otros grandes obstáculos en la lucha contra la pérdida de bosques. Una
muestra del desinterés por superarlos es, según los autores, que desde 2010 la
financiación dirigida a monocultivos y explotaciones agrícolas que no tienen en
cuenta estas cuestiones ha sido 40 veces superior a la destinada a proteger la
superficie boscosa.
“Para asegurarnos de que todos esos proyectos climáticos
consiguen lo que pretenden, recomendamos que se evalúen y audite su
cumplimiento de los derechos humanos y la tenencia de la tierra en cada
etapa", ha apuntado Edi Sutrisno, de la organización pro comunidades
forestales Tuk Indonesia. "Todo el proceso debe hacerse con transparencia
y respetando los derechos de estos colectivos", ha añadido.
Porque el informe, promovido precisamente por estos
grupos, insiste en el perjuicio —añadido al ambiental— que la deforestación (y
sus prácticas relacionadas, como la apropiación o explotación de tierras)
genera a las comunidades que viven de ellas, y cómo muchas veces se acompañan
de abusos o acciones violentas. En 2016 se contaron más de 200 asesinatos de
defensores de los bosques y los derechos humanos en 25 países distintos. TOMADO DE EL PAIS DE ES, sugerido por peter
healy
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