Plantean creación
de entidad autónoma que reemplace a Comité de Ministros en calificaciones
ambientales
H.A
Parlamentarios
del PPD, junto al abogado representante de las comunidades que lograron detener
el proyecto minero de oro Pascua Lama, cuestionaron la institucionalidad
ambiental y entregaron una propuesta de reforma. Además exigieron que esto se
convierta en una de las prioridades del debate presidencial.
La paralización
de Pascua Lama de la multinacional Barrick no es un caso aislado. Son varios
los proyectos de desarrollo y explotación que han tenido como piedra de tope la
judicialización de dichas iniciativas.
La semana pasada,
la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó paralizar el proyecto minero
acogiendo el requerimiento de comunidades diaguita que reclamaban por graves
irregularidades medioambientales vinculadas a la destrucción de glaciares y a
la contaminación de recursos hídricos.
Según el senador
Guido Girardi (PPD), la constante judicialización de grandes intervenciones
mineras o energéticas, como por ejemplo la Termoeléctrica Castilla e
Hidroaysén, habla sólo de las ineficiencias que contiene la normativa actual.
“La
institucionalidad ambiental ha permitido que, sistemáticamente proyectos que no
cumplen con los requisitos técnicos -y que a pesar de que Salud, el SAG y las
distintas instituciones digan que son contaminantes y dañinos- se aprueban de
todas maneras. Chile es el único país del mundo donde el sello de calificación
ambiental es fraudulento. Ese sello que aparece como favorable, puede tener una
calificación negativa”, señaló el parlamentario.
Girardi agregó
que este tipo de proyectos han avanzado sólo gracias al lobby y a situaciones
irregulares que colindan con la corrupción, y lamentó que la legislación esté
definida por intereses económicos y no con el propósito del cuidado de la salud
de la población, ni la preservación del medioambiente.
El abogado
Lorenzo Soto, que representó el proceso judicial que detuvo a Pascua Lama en la
Justicia, afirmó que “no podemos seguir con un órgano político tomando las
decisiones de inversión de 5 mil millones porque es una puerta a la corrupción.
Aquí tienen que haber entidades independientes, autónomas y de alto nivel
encargadas de evaluar objetivamente los proyectos. Hay muchas soluciones al
respecto. Se ha planteado, por ejemplo, que se haga un consejo de todos los
servicios públicos, técnicos, evaluadores”.
En el Parlamento
ya existe material desarrollado con esos fines. Reformas que no fueron tomadas
en cuenta e indicaciones a normativas aprobadas que no corrieron esa misma
suerte.
Ante esto Girardi
y el diputado Enrique Accorsi esperan que estas iniciativas se reconsideren, de
manera que las determinaciones ambientales no sean de total decisión del
Consejo de Ministros, ni de instancias que no cuenten con total autonomía
técnica, científica y política.
Las propuestas
que se quieren levantar y volver a presentar en el Congreso apuntan en esta
línea, y también deberían considerar, según el abogado Soto, aspectos como la
regulación y planificación del territorio y la protección de la biodiversidad y
del agua. Este último aspecto un asunto donde parlamentarios avanzan en un
proyecto de nacionalización y nuevo código de regulación.
Tomado de radio u
de chile sugerido por boletín gal
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