ven que legalizar
22.000 Ha de coca alentará el narcotráfico
Los integrantes de la comisión del Gobierno y de los
dirigentes cocaleros de los Yungas, ayer en la firma de convenio. | APG
Wilson Aguilar
La Cámara de Diputados aprobó ayer en grande y en detalle el
proyecto de Ley General de la Coca y remitió al Senado Nacional para su
respectiva sanción. Diputados ratificó el acuerdo al que arribaron autoridades
de Gobierno y representantes de los productores de coca de los Yungas, el punto
principal legalizar 22 mil hectáreas de coca a nivel nacional.
Diputados opositores e investigadores del tema coca
consideran que este aumento en la cantidad de hectáreas solamente fortalecerá
la actividad del narcotráfico y el crimen organizado en Bolivia.
El documento se viabilizó luego de que, en horas de la tarde
de ayer, se suscribiera un convenio mediante el cual se suma 2.000 hectáreas
(Ha) a las 20.000 previstas en el proyecto original de la Ley General de la
Coca.
Además, esto permitió desactivar el conflicto que tensionó a
la ciudad de La Paz en las dos últimas semanas.
La diputada opositora al MAS, Jimena Costa, cuestionó la
legalización de 22 mil hectáreas de coca, al asegurar que, en 2008, el Gobierno
acordó con los cocaleros de los Yungas de La Paz y con los productores del
trópico de Cochabamba autorizar 20 mil.
Recordó que, en 2012, el Ejecutivo elaboró un informe de
consumo de coca, estudio financiado por la Unión Europea que duró algo más de
cuatro años, en el que se establece el requerimiento mínimo de la hoja
milenaria en algo más de 14.000 hectáreas.
Señaló que el Gobierno mostró en la investigación que se
necesitarían 14.705 toneladas de coca para el consumo.
Por otra parte, manifestó que del total de la coca que se
produce en el Chapare, menos del 10 por ciento pasa por el mercado legal.
Actualmente, la Ley 1.008 sólo permite el cultivo de 12 mil
hectáreas de coca, pero, con la nueva ley, el oficialismo subirá en 10 mil
hectáreas el cultivo de la hoja.
“Las zonas autorizadas de producción de coca, delimitadas y
autorizadas por el Estado, no excederán la superficie de cultivo de 22.000
hectáreas; en el Departamento de La Paz con una superficie total de 14.300
hectáreas y en el Departamento de Cochabamba, con una superficie total de 7.700
hectáreas”, es el principal cambio en el proyecto.
Esta futura legislación dejará de lado, luego de casi 30
años de vigencia, la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Fines electorales
El diputado opositor, Tomás Monasterios, criticó que la
administración de Evo Morales tenga que resolver los conflictos simplemente
como respuesta a la coyuntura además de sobreponer los intereses del sector
cocalero del Chapare.
“Hemos visto que el presidente Morales y su Gobierno busca
solamente acuerdos electorales, busca darle respaldo al sector cocalero del
Chapare, pero no está siendo consecuente con la grave situación que está
atravesando nuestro país. Tenemos que ser claros, la coca excedentaria está
pasando de manera directa al narcotráfico y recordó que para el consumo
tradicional el país sólo requiere de 6.000 hectáreas a nivel nacional”, dijo.
Manifestó que la administración gubernamental no sustentó
con un estudio la ampliación de los cultivos hasta 22 mil hectáreas de hoja de
coca, lo que significa que si sólo se requieren 6.000 para el consumo de la
población, 12.000 quedan en el aire y que presumiblemente irían al
narcotráfico.
Para hoy, se prevé la sanción del documento en el Senado que
convocó a sesión desde las 08.00 y envío el documento, con dispensación de trámite,
a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente para
que elabore el informe correspondiente.
El tratamiento del documento remitido por el Ejecutivo se
consideró en dos etapas. La primera fase con la aprobación en grande del
proyecto original, para posteriormente esperar las modificaciones acordadas
entre los sectores en la mesa del diálogo e incorporarlas en la futura norma. A
las 17:00, se reanudó la sesión y se procedió con la aprobación del texto con
las observaciones remitidas por el Ejecutivo hasta las 20:00.
SÓLO PRIVILEGIA A COCALEROS
Para Roberto Laserna, economista y director del Centro de
Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), lo importante de la Ley
General de la Coca, aprobada ayer en Diputados, es que deja de calificar al
Chapare como zona en transición, como dice la Ley 1008, y se convierte en
cultivo legal. “Es una diferencia sustantiva con la norma anterior porque (la
1008) mantenía una amenaza constante sobre los cultivos del Chapare porque deberían
erradicarse tarde o temprano. Esos cultivos estaban condenados a la
erradicación, ahora, con esta ley, es más difícil hacerlo”, dijo.
Otro elemento que Laserna destaca de la Ley Genral de la
Coca, es que se establecen zonas genéricas de cultivo de coca pero sin
establecer responsabilidades. Pregunta ¿cuál es el cultivo legal en esas zonas
o cuál es el ilegal?
“En el fondo, lo que se está haciendo es negociar un
privilegio, el privilegio de producir un cultivo que está siendo prohibido a
nivel internacional. Ese privilegio les da tanto a los productores de Yungas
como de Chapare, una cierta rentabilidad. En ambos casos, ellos ganan de la
prohibición”, explicó.
SE AGRANDARÁ EL MERCADO NEGRO DE COCA
Analista prevé condena en ámbito internacional
Consultado sobre las consecuencias que podría acarrear la
ley aprobada ayer en Diputados que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos de
coca en Bolivia, el sociólogo e investigador Fernando Salazar alertó sobre la
gravedad de esta norma y que incluso podría traer un rechazo internacional.
Recordó que la Unión Europea (UE) fue exageradamente
tolerante con la política permisiva del crecimiento de la cantidad de hectáreas
cultivadas tanto en trópico de Cochabamba como en los Yungas de La Paz.
En ese sentido —explicó— la UE no va a tener una reacción
negativa frente a este acuerdo, o lo que hagan será una suerte de mayor
exigencia en los niveles de control y respeto de lo que es este acuerdo y este
aumento en 2.000 hectáreas.
“Sin embargo, la UE va a tener que enfrentar internamente un
fuerte debate porque la mayor parte de la coca que se produce está siendo
destinada al narcotráfico. Y este volumen, estamos hablando de 25 mil toneladas
de cocaína que se puede producir, es una cantidad enorme y el mercado final es
justamente Europa”, detalló Salazar.
El sociólogo prevé incluso que la UE hará un reclamo formal
a las instancias del Gobierno de Bolivia. “A nivel bilateral, también habrá un
cuestionamiento al destino que se dará a tanta cantidad de coca que no llega a
los mercados regionales y su destino es, obviamente, el narcotráfico”.
Se refirió también a la posición de EEUU, que claramente ya
dijo que el Gobierno de Bolivia en estos 11 años está incumpliendo
absolutamente todos los acuerdos respecto al cumplimiento del límite de
producción de coca legal, y la gran cantidad de hoja excedentaria que se
produce para el narcotráfico.
“Existe un mercado negro de la coca que es real, existen
grupos que viven del narcotráfico, bandas y crimen organizado que están detrás
de ese mercado”, alertó Salazar.
Argumentó que, como sociedad boliviana, “somos los que
debemos pagar este acuerdo político, este pacto económico sectorializado
porque, ahora, no solamente somos productores y exportadores de cocaína, somos
un mercado de consumo”, dijo.
Salazar prevé que se extenderá el mercado de consumo entre
los jóvenes, se va a extender el crimen organizado, habrá más oferta de cocaína
y todos sus derivados.
YUNGUEÑOS
Retornan a sus comunidades
Dirigentes de los cocaleros de los Yungas decidieron aceptar
el acuerdo al que se arribó con el Gobierno sobre la Ley General de la Coca, e
informaron que sus bases proceden a desmovilizarse después de seis días de
protesta en la ciudad de La Paz.
La tarde de ayer, en el Ministerio de Gobierno, el ejecutivo
del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), David Huayhua,
estuvo en una conferencia de prensa junto a ministros, donde anunció que la
mayoría de sus bases aceptó en acuerdo.
Entretanto, en la sede de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca), el dirigente de esta organización, Sergio
Pampa, ratificó que se aceptó el convenio con el Gobierno, porque se viabilizó
la mayoría de las demandas de los yungueños.
CONTRA DIRIGENTE
Denunciaron desestabilización
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis
Quiroga, acusó ayer, antes de firmar el acuerdo, al presidente de la Asociación
Departamental del Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, de
sabotear el diálogo con los productores cocaleros de los Yungas y promover
acciones desestabilizadoras en el país.
En conferencia de prensa, la autoridad dijo que Gutiérrez
desinformó a sus bases sobre el acuerdo alcanzado, horas antes, con
representantes de Adepcoca, del Consejo de Federaciones Campesinas de los
Yungas de La Paz (Cofecay) y de la Mancomunidad de Municipios sobre el proyecto
de ley de coca.
POR ACUERDO
Romero agradece a cocaleros de Yungas
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, agradeció ayer a la
dirigencia cocalera por el esfuerzo realizado para cerrar el acuerdo que dio
luz verde al tratamiento y aprobación del proyecto de la Ley General de Coca,
que establecerá una superficie de hasta 22.000 hectáreas en Bolivia. “Quiero
agradecerles por la generosidad y la calidad humana que han demostrado en este
trabajo”, dijo a los dirigentes en conferencia de prensa conjunta. Destacó el
esfuerzo que hicieron para explicar a sus bases los alcances del acuerdo y
evitar movilizaciones. Dejó establecido que la superficie máxima de cultivos de
coca puede llegar hasta las 22.000 hectáreas para fines alimenticios,
investigativos, científicos, medicinales, espirituales y otros. Tomado de los
tiempo de Bolivia
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