PRESERVAR EL GRAN
CARIBE: CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Foto Pelicanos en el Archipiélago Los Roques, Mar Caribe. |
Crédito: Márcio Cabral de Moura/Creative Commons.
Por Marcella Ribeiro
Del mundo natural que nos rodea recibimos entre otras cosas
vivienda, alimento, medios de sustento y un espacio para el desarrollo de
nuestra cultura. Es el caso del pescador que por años despierta antes que
amanezca para hallar en el océano lo que se ofrecerá ese día en el restaurante
de su hermana, quien se dedica a atender a los turistas que buscan disfrutar
las riquezas del mar.
Similares son las historias de las comunidades cuya
sobrevivencia depende de la buena salud de la Región del Gran Caribe, ecosistema
marino que comprende el Golfo de México, el Mar Caribe y zonas próximas al
Océano Atlántico. Para ellas, en situación de vulnerabilidad e históricamente
dependientes de sus relaciones con la naturaleza, cualquier amenaza de daño
ambiental en la región es también una amenaza directa a sus derechos humanos.
Los riesgos para el Gran Caribe y para las personas que
viven de él, son reales y latentes. Provienen sobre todo de grandes proyectos
de infraestructura propuestos en el lugar. Uno de ellos es la construcción del
Canal Interoceánico de Nicaragua, cuyas obras iniciaron oficialmente en 2014.
Con una extensión de 278 kilómetros, el canal dividiría a
Nicaragua en dos para unir el Caribe con el Pacífico a través del lago
Cocibolca, el segundo cuerpo de agua más grande de América Latina. Con ello se
alteraría el equilibrio ecológico de los tres entornos acuáticos, poniendo en
riesgo de extinción a especies de plantas y animales de la región.
Salud ambiental y
derechos humanos
En la lucha para que Estados, instituciones, empresas y
otros actores respeten y garanticen los derechos humanos, se olvida con
frecuencia que la condición fundamental para que eso ocurra es la protección
ambiental.
Ante los daños potenciales de proyectos como el Canal de
Nicaragua en la Región del Gran Caribe, ¿qué obligaciones tienen los Estados
con la protección de los derechos humanos de las comunidades cuyo modo de vida
está estrechamente ligado al ambiente marino de la región?
Justo esa consulta fue hecha recientemente por Colombia a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de salvaguardar los derechos
humanos de las personas en el continente. Colombia preguntó a la Corte qué
límites tiene la Convención para proteger a las comunidades y personas cuyos
derechos podrían verse vulnerados por daños ambientales en el Gran Caribe,
causados por grandes proyectos de infraestructura.
La Corte puede interpretar las obligaciones que los países
tienen al haber firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin
referirse a ningún caso específico en litigio.
Foto Aves surcando el Golfo de México, parte del Gran
Caribe. | Crédito: Alexander Pabón/Creative Commons.
Un entorno vital y
vulnerable
En AIDA creemos que el Gran Caribe es una región vital, por
los servicios ambientales que presta, entre ellos los referidos a la adaptación
al cambio climático, y por su relación con la supervivencia diferentes culturas
caribeñas que dependen de sus ecosistemas.
Por ello, en enero, presentamos a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos nuestras observaciones en el marco de la consulta hecha por
Colombia.
En ellas argumentamos que dada su magnitud, los grandes
proyectos de infraestructura implementados en el Gran Caribe tienen el
potencial de afectar ese entorno marino y, en consecuencia, poner en riesgo la
vida e integridad personal, entre otros derechos humanos, de las personas que
habitan la zona.
Según estudios realizados por nuestro equipo, la
contaminación de la región, a causa de ese tipo de proyectos, provocaría la
muerte de peces y arrecifes coral, así como el desplazamiento de tortugas y
delfines. Resultaría también en el desabastecimiento de las comunidades
locales, que viven de la pesca, la degradación de sus condiciones de vida,
amenazas a su salud y en la destrucción de sus tradiciones.
La responsabilidad de
los Estados
En las observaciones presentadas ante la Corte, explicamos
que el alcance de los derechos y obligaciones contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos deben ser interpretadas según las normas del
derecho ambiental internacional ambiental para así garantizar una protección
efectiva de los derechos de todos los habitantes del continente. Así, cualquier
acción u omisión de un Estado que resulte en un daño ambiental, y en
consecuencia comprometa los territorios y las fuentes de subsistencia de las
poblaciones, constituyen una violación de derechos humanos.
Eso aplica también para personas fuera del territorio de un
determinado país. Eso significa, por ejemplo, que al haber permitido la
construcción del canal el Estado de Nicaragua puede ser responsabilizado
por las violaciones de derechos humanos
de las poblaciones isleñas y costeñas en otros países, toda vez que esas
vulneraciones sean producto del daño ambiental causado por el proyecto en el
Gran Caribe.
Con nuestras observaciones ante la Corte, buscamos colaborar
en la construcción de nuevos parámetros regionales de protección de los
derechos humanos y del ambiente basados en la interpretación progresiva y
dinámica de la Convención Americana según la realidad regional.. Si bien la
opinión consultiva que emita la Corte no tendrá ninguna relación con
megaproyectos específicos que se estén dando en el momento, en su
pronunciamiento interpretará como debe aplicarse la Convención cuando se
ejecuten estos proyectos
Es así que esperamos aportar al éxito de futuras batallas
legales por el ambiente y los derechos humanos, libradas con ayuda del derecho
ambiental internacional.
Sobre el Autor
Marcella Ribeiro d'Ávila Lins Torres es abogada brasileña y
actualmente es consultora del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Trabaja con AIDA desde la oficina de Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame,
Estados Unidos. Tiene experiencia con litigio e investigación en derechos
humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. Ha
trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomado de aida ,
enviado en red foroba
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