La energía, la otra tormenta que se avecina
Vaca MuertaVaca Muerta Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno / Enviado especial
La macroeconomía argentina es lo más parecido a un campo
minado. El Gobierno no sólo debe atender el problema de la falta de dólares y
de un gasto público desbordado, dos cuestiones que de por sí exigen una gran
pericia, sino que ya hay otra bomba que empieza a activarse, y que podría
resultar letal en caso de que la actividad ensaye cualquier tipo de
recuperación: es la energética.
Para los especialistas de la industria, la decisión del
Banco Central (BCRA) de empujar a las grandes empresas a una reestructuración
forzosa de sus deudas en dólares sólo contribuirá a acelerar la debacle, que
comenzó a gestarse a mediados de 2019, y que tiene en vilo tanto a las empresas
del sector, como a los gobernadores patagónicos, que están viendo sus finanzas
arrasadas.
Y es que las características de los yacimientos argentinos
obligan a la industria a mantener un continuo flujo de inversiones solo para
sostener los niveles de producción, ni hablar para incrementarlos. Con un
mercado de capitales ínfimo, en las compañías estiman que apenas un 20% de esas
inversiones pueden fondearse localmente. Y, aun llevándose gran parte del
dinero disponible para préstamos del sistema financiero argentino -YPF, Pan
American Energy, Vista Oil, Pampa Energía, Total Austral están entre los 10
principales deudores del sistema-, el aporte que pueden recibir de los bancos
locales es insignificante.
La inversión de las empresas energéticas depende sobre todo
del fondeo internacional. "Cada año -ilustra el director financiero de una
petrolera-, nosotros refinanciamos deuda por unos US$1500 millones e invertimos
unos 1800 millones". ¿Cómo harán esas empresas ahora para conseguir dinero
para mantener su actividad estable si a los acreedores les dicen que por dos
años no podrán pagarles lo que les habían prometido? El desafío es todavía
mayor para las empresas que tienen emitidos bonos. No es lo mismo sentarse a
negociar con un banco que con miles de acreedores minoristas, que podrían
exigir que las empresas les paguen con el flujo que tienen en alguna cuenta en
el exterior -todas las petroleras manejan dinero afuera- o ejecutando alguna
garantía.
Las empresas no cuentan con los beneficios de un país: no
hay inmunidad ni cláusulas de acción colectiva. No hay margen para hacerse el
guapo en una negociación corporativa. En la industria de petróleo y gas, que
requiere de constantes inversiones, a baja tasa y de largo plazo, no hay
demasiados antecedentes de empresas que hayan defaulteado y después seguido en
actividad.
En algunas compañías albergan todavía la esperanza de que el
BCRA haga cambios a la norma en los próximos días. Hoy la empresa de bandera,
YPF, tiene previsto plantearle el tema en una reunión al presidente del Central,
Miguel Pesce. La petrolera estatal cerró a fin de julio un canje de deuda por
US$1000 millones, que solo un mes y medio más tarde podría tener que revisar.
En la semana, Pesce también recibirá a la AmCham, la cámara de comercio
norteamericana, que incluye a empresas como Exxon Mobil, Vista Oil & Gas,
AES y PAE, entre otras. Si hay algo que le reconocen al Gobierno en el sector
privado, es que hay capacidad de escucha. Capacidad de reacción o de
comprensión de los temas, ese es otro asunto.
Botón rojo
La medida del Central, no obstante, es el botón rojo que
terminaría de activar una bomba que viene gestándose desde hace tiempo. Hace un
mes, el consultor Daniel Gerold, tal vez una de las personas más respetadas en
la industria, hizo una cruda descripción del sector en una presentación ante el
Club del Petróleo. Según dijo, las inversiones estimadas no superarían los
US$2660 millones este año, cuando la industria necesita al menos unos US$7500
millones anuales para mantenerse en forma. "O va a haber pérdidas enormes
o una cadena de defaults", advirtió entonces.
Porque empresa que no produce difícilmente genere ingresos
para pagar sus deudas. La industria petrolera y gasífera argentina, dice
Gerold, está fuertemente endeudada: se estima que debe unos US$17.000 millones,
de los cuales solo YPF debería responder por US$7800 millones. A esto se suman
otros US$8000 millones del sector eléctrico. Simplificado al extremo, según su
diagnóstico, el problema solo se solucionaría con un esquema transparente de
reglas, precios de mercado y una apertura de las exportaciones.
La industria está virtualmente trabajando al mínimo, cuando
no paralizada. En la cuenca neuquina, por caso, hay solo siete equipos en
perforación activos, contra 50 de agosto de 2019. En gas, en tanto, se pasó de
un récord de 350 pozos terminados en 2018 a cero este año. Lejos quedaron los
sueños de que Vaca Muerta reemplace al complejo agroexportador. Y no solo
porque, con la pandemia, el precio del crudo a nivel internacional se desplomó
de US$58 por barril a poco menos de US$25 -fue el caso del crudo Brent, el de
referencia en el país-, lo que hizo que algunos proyectos no convencionales se
volvieran financieramente inviables. Porque, pese a que la demanda global se
recupera y también los precios -el viernes ya se ubicaban en US$43 el barril-,
la industria sigue sin certezas de largo plazo para avanzar. Y, ahora, ya sabe
además que probablemente tampoco tendrán financiamiento.
Toda la cadena energética está crujiendo. No solo la parte
del upstream (o producción). También en el último eslabón, el de la
distribución, se evidencian serios problemas. Metrogas, compañía de la cual YPF
tiene el 70%, anunció hace días que no podrá pagarles a los productores por el
gas contratado en junio, julio y agosto, estacionalmente los de mayor consumo,
lo que equivale a unos $7500 millones.
Hasta los más pequeños de la industria, las distribuidoras
de garrafas, nucleadas en Cadigas, alertaron la semana pasada que podría haber
faltantes en las próximas semanas. Los números, dicen, ya no les cierran. Por
cada garrafa de 10 kilos, que en el mercado deben vender a $350, pierden 110
pesos.
Existe un consenso a esta altura de que, salvo que el
Gobierno tome cartas en el asunto en forma urgente, lo más probable es que el
invierno que viene la Argentina tenga que volver a importar gas. Cómo hará para
pagarlo a precio de mercado (más alto que el local) y en efectivo, como suele
exigirse, cuando no cuenta con un colchón de dólares en el BCRA, será una
incógnita. Para la política argentina, 2021 equivale al futuro lejano.
¿Habrá alguien en el
Gobierno tomando nota del problema que se avecina? El energético es un
sector clave de la economía; no hay actividad económica si no hay energía. Sin
embargo, hace 10 meses que prácticamente no hay quien mande en el sector.
Primero, fue designado Sergio Lanziani como secretario de Energía, alguien que
no era del palo y al que enseguida se lo vació de poder, y ahora se lo
reemplazó por Daniel Martínez, un contador que no termina de asumir.
Entre tanto, los planes que se habían planteado para
resolver el problema, como el Gas IV, se paralizaron. En el presupuesto 2021
que presentó la semana pasada el ministro Martín Guzmán -ahora responsable de
la Secretaría de Energía- está previsto destinar US$200 millones a la
producción de gas, apenas 18% de lo que se estima que requiere el sector.
¿Significa eso que subirán entonces las tarifas en al menos un 100%, en un año
electoral, para que cierren las cuentas? Ingenuo plantearlo, por más que el ministro
ya anticipó que no deseaba un crecimiento real de los subsidios.
Bancos nerviosos
En el cortísimo plazo, está claro que la mirada del equipo
económico está en contener la sangría de reservas, que no aflojó la semana
pasada aun después del endurecimiento del cepo. En los bancos hay gran
nerviosismo. Hasta el viernes no habían logrado ajustar sus sistemas a la nueva
operatoria. Es prácticamente imposible cumplir con todo el cotejo de datos que
ahora les exige el BCRA para liberar la compra de US$200 por home banking.
Algunos temen que el fragor de la crisis cambiaria lleve a sus clientes a
ponerse nerviosos y buscar retirar los dólares que tienen depositados en el
sistema. Hay depósitos en moneda extranjera por US$19.712 millones.
Guerreros ya de varias batallas -todas recientes-, los
bancos comenzaron la semana pasada los trámites para importar de la Reserva
Federal unos US$500 millones en billetes, que estarán llegando en estos días.
El sistema solo tiene prestados el 30% de sus dólares, el resto los tiene
líquidos. Después de la corrida de agosto de 2019, ninguno quiere asumir
riesgos. De hecho, para evitar dolores de cabeza ya en los últimos días varios
bancos grandes dieron la orden en sus sucursales de no tomar nuevas
colocaciones en dólares de sus clientes.
También entre las provincias que en los últimos años
emitieron bonos hay gran incertidumbre. Economía fijó estrictas pautas para la
renegociación de las deudas provinciales. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta,
Buenos Aires son solo algunas de las que están en tratativas para avanzar en
canjes, siempre acordes con los lineamientos de Guzmán.
Al igual que la Nación, que hasta febrero pasado siguió
pagando los cupones para evitar caer en default, algunas buscan mantener sus
pagos al día mientras negocian. Pero en estos casos ahora no está claro si el
BCRA les dará los dólares para cubrir los vencimientos que vienen. El primer
test le corresponderá a Santa Fe, que tiene que pagar US$8,75 millones pasado
mañana, y luego Córdoba, el 12 de octubre, US$26 millones. ¿Habrá cadena de
defaults corporativos y además subsoberanos? Falta poco para saberlo.
Cualquier negocio en la Argentina con este nivel de cepo parece
inviable.
Difícil plantear un negocio de largo plazo en la Argentina
cuando la dirigencia está enfrascada en el cortísimo día a día, no ofrece la
más mínima perspectiva de largo plazo y desatiende cuestiones que al fin y al
cabo son fundamentales para poder sortear los problemas de hoy.
Por: Florencia Donovan // TOMADO DE LA NACION DE AR
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