El Código que hace
agua
cristian_frene
En la actualidad el factor “humano” es determinante para la
conservación de las funciones de los ecosistemas, que nos proveen servicios
vitales para nuestro bienestar, como alimentos, agua limpia y energía, entre
muchos otros. El factor humano es un componente relativamente nuevo para la
historia de la Tierra, pero que realiza un enorme impacto a través de sus
actividades productivas (por ejemplo minería, pesca, agricultura, forestal),
superando en muchos casos la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de
estas perturbaciones. El agua, elemento esencial de los ecosistemas y que
sostiene todas las actividades humanas, se encuentra en un estado
particularmente crítico producto del agotamiento de acuíferos y desecación de
aguas superficiales. Esta situación es agravada en un contexto de cambio
climático, ya que altera y agrega incertidumbre a las dinámicas de los sistemas
naturales.
El problema del recurso hídrico es, entonces, un problema
socio-ecológico, ya que los problemas que existen se dan en los sistemas
naturales pero quienes padecen en último término las consecuencias son los
habitantes, que ven vulnerados sus derechos. Las autoridades públicas son en
último caso los responsables de esta situación, ya que conceden y administran
tales derechos, por lo tanto el problema del agua debe ser entendido como
principalmente político.
La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados
comenzó la discusión de un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, sin
embargo, es evidente que el principal problema que impide el buen uso del vital
elemento está en la propia Constitución (Artículo 19, inciso 24). Por lo tanto,
no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público, ya
que si no se modifica el mecanismo para entregar y transferir los derechos de
aprovechamiento de este bien común a los privados, se sigue permitiendo que se
transforme en un bien económico que se puede transar en el mercado. Esto tiene
como consecuencia práctica el despojo de un derecho humano fundamental: el
acceso a agua para consumo humano.
Los conflictos por el recurso hídrico en Chile se repiten y
aumentan en todo el país, dando cuenta de un problema sistémico, que cruza lo
político, social, cultural, ecológico y económico. Chile es un ejemplo extremo
de neoliberalismo en que el mercado ha sido un desastre: el mercado puede ser
una herramienta virtuosa, ya que tiene gran dinamismo, asigna recursos y
estimula una serie de iniciativas. Sin embargo, cuando no tiene riendas va en
una sola dirección: el lucro de los protagonistas principales que terminan
invadiendo los distintos territorios de acuerdo a sus intereses. El problema
radica, entonces, en la generación de un espiral de degradación en torno al
poder, donde un grupo de pocos seres humanos (5%) afectan a la gran mayoría
(95%) a través de sus decisiones inconsultas de inversión de capital, que
perturban las funciones de los ecosistemas[1] de manera negativa, en muchos
casos irreversibles, y evaden impuestos que permitirían paliar en algún grado
su impacto. Y esto ocurre porque en Chile desde hace 40 años que se están
haciendo las cosas muy mal, porque se ha producido un desbalance entre el
mercado, que es anárquico porque responde a los intereses de las grandes
empresas y su afán de lucro, y el Estado, que debería ser el garante del bien
común. Entonces las decisiones en cuanto a que se hace con el agua ha quedado
en manos de corporaciones privadas, que naturalmente buscan darles los mejores
dividendos a sus socios. Lo que pase con el país es un “problema país”, aunque
ellos siempre colocan al país a su servicio cuando se trata de desregulaciones
o crisis financieras. Esto nos ha llevado a una situación crítica e
insostenible y todos los indicios apuntan a que los conflictos por el agua sólo
van a empeorar.
Describir los conflictos por el agua en Chile es un
ejercicio que podría tomar varios volúmenes, pero afortunadamente han surgido iniciativas
que intentan recopilarlos. Para conocer detalles se puede revisar algunas
publicaciones como los “Conflictos por el Agua en Chile” del Programa Chile
Sustentable), las Batallas por el Agua y el Mapa de los Conflictos Ambientales,
ambos publicados por la editorial Le Monde Diplomatique; además de páginas web
que intentan graficar estos conflictos, como el Mapa de Conflictos por el Agua
de la iniciativa “Agua que has de beber” (www.aguaquehasdebeber.cl) y el mapa
de conflictos socio-ambientales del INDH
(www.indh.cl/mapa-de-conflictos-socioambientales-en-chile). La invitación,
entonces, es a articular nuestras iniciativas y generar un frente común que
aborde estos conflictos proponiendo soluciones de fondo, y no a través de
“maquillajes” a los cuerpos legales y medidas “cosméticas” como entregar agua
en camiones aljibe, que no resuelven el problema y solo atentan contra la
dignidad y los derechos humanos de las personas.
Este esfuerzo es sin lugar a dudas un aporte para
visibilizar las problemáticas por el agua en Chile, pero el camino de solución
se debe construir desde cada territorio, con una amplia participación
vinculante de sus habitantes, donde el Estado debe promover la articulación
entre actores. A nivel país se debe respetar los acuerdos internacionales y
abordar un nuevo marco constitucional y legal, que permita a los habitantes de
los territorios recuperar los bienes naturales que hoy están en manos de
corporaciones privadas (minerales, agua, tierra) y permiten la recuperación de
nuestro bienestar (agua para consumo, soberanía alimentaria, paisaje,
conectividad, entre otros). Paralelamente se deben implementar regulaciones que
favorezcan un manejo ecosistémico y promuevan mejores prácticas productivas. La
fiscalización debe ser oportuna y de amplia cobertura, para cautelar el buen
uso de los bienes naturales y la repartición justa de los beneficios.
En la escala local es fundamental cambiar la lógica
individualista actual y las formas de ejercer el poder, promoviendo espacios de
encuentro transversales donde los múltiples actores dialoguen para construir
una visión de territorio y una planificación/ordenamiento territorial con
participación vinculante, que permita en primer término asegurar el bienestar
de la población local y luego, si aún existe disponibilidad de estos bienes,
dar cabida a emprendimientos privados que poco y nada dejan en los territorios.
Considerando la geografía montañosa de Chile, la mejor herramienta para llevar
a cabo este proceso es el manejo integrado de cuencas.
El desafío, entonces, comprende al país en su conjunto y
para movilizar a las masas dormidas en el sueño profundo que te promete la
felicidad a través del consumo, es menester hacer de la política un acto
cotidiano, que se practica como el arte de saber negociar pero también
compartir. Sin una ciudadanía informada esto no se pude realizar, por lo que el
llamado es a vincularnos con nuestros vecinos, compartir información y
experiencias y soñar con las soluciones para construir otro Chile.
[1] Desde la mirada antropocéntrica esto genera una
disminución de la provisión de servicios ecosistémicos.
TOMADO DE El Ciudadano POR SUGERENCIA DE BOLETIN GAL
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