Dos subsidiarias de YPFB no se adaptan a ley
Por A. D. Hans Soria O. - Refinería en Cochabamba controlada
por YPFB. - Carlos López
El Estado, a través de YPFB, tiene menos del 50% de acciones
en las empresas YPFB Andina, dedicada a la exploración y producción de
hidrocarburos, y en Transierra, de transporte de hidrocarburos por ductos,
según datos oficiales de la Bolsa Boliviana de Valores. La situación, según
analistas, no se adecua a la recién aprobada Ley de la Empresa Pública y a la
Constitución.
Hasta el 31 de noviembre pasado, el Estado tenía en YPFB
Andina solamente el 50,40 por ciento del paquete accionario; Repsol YPFB
Bolivia el 48,9 por ciento, y “otros” el restante 0,55 por ciento, según datos
oficiales de la Bolsa Boliviana de Valores, disponibles en el portal
hidrocarburosbolivia.com.
Al Estado le faltaría acceder al 0,60 por ciento para
detentar el 51 por ciento de las acciones para constituirse y ser reconocida
como empresa pública mixta tal como establece la Ley de la Empresa Pública,
comentaron especialistas en hidrocarburos que prefieren no identificarse.
Los analistas comentaron que en este caso YPFB, a nombre del
Estado, tendría que negociar con Repsol YPFB Bolivia y el resto de accionistas
minoritarios la transferencia, adquisición o compra del porcentaje para hacerse
del 51 por ciento que la ley establece.
En el supuesto de que Repsol y los socios minoritarios no
estén dispuestos en perder hegemonía accionaria y ceder su participación al
Estado, el Gobierno se vería obligado a tomar una medida más drástica como
expropiar o nacionalizar.
La situación sería inevitable ya que la ley establece que
YPFB debe hacer todo lo necesario para hacerse del 51 por ciento, como mínimo,
del paquete accionario de YPFB Andina, a fin de dar cumplimiento al parágrafo
2, del artículo 363 de la Constitución
Política del Estado (CPE), para convertirse, posteriormente en Sociedad
Económica Mixta.
En el caso de Transierra, la situación se presenta un tanto
más complicada, considerando que el 44,50 de acciones corresponde a Petrobras
Bolivia Inversiones; el 44,50 por ciento a YPFB Andina y el 11 por ciento
restante a la empresa francesa Total E&P Bolivie.
Al respecto se tiene información extraoficial de que YPFB ya
negoció la transferencia de un porcentaje del paquete accionario que requiere para
hacerse del 51 por ciento, situación que no pudo ser confirmada ni negada por
Petrobras, que ayer no respondió a sus teléfonos en La Paz.
Las fuentes informaron que YPFB no tiene acción alguna en
Transierra, sino a través de YPFB Andina, que domina el 50,40 por ciento de
acciones. Así, el Estado tendría sólo 22 por ciento de Transierra y se vería
obligado a negociar con Petrobras y Total la transferencia de algo más del 30
por ciento.
La nueva Ley de la Empresa Pública establece que YPFB
Corporación deberá definir la situación que Transierra adoptará dentro de la
estructura de la Corporación, estableciendo su condición de subsidiaria o de
inversión permanente.
“Vice” pide despreocuparse
Tras cuestionamientos
del sector empresarial a la Ley de la Empresa Pública, el vicepresidente Álvaro
García pidió ayer a este sector no sentirse susceptible, pues no habrá una
competencia desleal para el desarrollo productivo con esta normativa.
La ley promulgada el
pasado jueves generó preocupación, por ejemplo, en los industriales privados,
pues, en su criterio, profundiza el camino hacia el “estatismo en la economía”,
además de que potenciaría a las empresas públicas.
“El Estado no es ni
competencia ni obstáculo para el sector privado, el Estado es su apoyo, su
acompañante y su protector, por lo tanto no debería haber ninguna
susceptibilidad de ningún dirigente”, afirmó García.
Asimismo, García
Linera dijo que el Estado protege al sector privado, por ejemplo en la
“subvención” a la energía eléctrica en aproximadamente 15 por ciento, lo que
evita “grandes gastos” al sector.
ANUNCIAN CREACIÓN DE
UNIDAD
Oficina de
Contraloría fiscalizará empresas
La Paz | Anf Con el fin de generar sistemas de control y
fiscalización, la Ley de la Empresa Pública prevé la creación de una oficina
técnica a cargo de la Contraloría General del Estado (CGE), informó ayer la
ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
La Ministra explicó
que la ley, aprobada el jueves pasado, demoró dos años en su construcción e
incorpora mecanismos homogéneos para la fiscalización de recursos y mecanismos
de control claros que se aplican a todas las empresas sin excepción, en los que
participarán los distintos “brazos del Estado” para precautelar los bienes
públicos.
“El marco
institucional de la ley contempla no solamente instancias de planificación o
control previo de lo que son las decisiones estratégicas, sino también ha
contemplado y dimensionado lo que será el nuevo trabajo de la Contraloría
General del Estado y está previsto en la ley la asignación de recursos para el
funcionamiento de la Contraloría, como (también) para lo que va a ser el
funcionamiento de la oficina técnica”, dijo en entrevista a la Red Unitel.
Sobre la Ley de
Administración y Control Gubernamentales (Safco), la Ministra explicó que con
esta norma era “difícil” la fiscalización y control de las empresas, más aún
cuando fueron privatizadas.
En esa línea, recordó
que desde 2006 el Estado boliviano creó varias empresas y otras se
nacionalizaron. De ahí que algunas tienen una razón social de Sociedades
Anónimas (SA), otras son de Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y otras,
inclusive, de manejo simple.
Críticas
El presidente de la
Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, cuestionó la nueva ley,
pues, según explicó, “es altamente remoto que el capital privado ingrese a
formar sociedades empresariales con el Estado” a causa de la condición de
participación del 51 por ciento del Estado en las empresas públicas.
La Cámara de la
Construcción de La Paz (Cadeco) también observó la norma, ya que alienta la
competencia desleal contra el sector privado, con la creación de la Empresa
Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil
(EBC). TOMADO DE LOS TIEMPOS DE BOLIVIA
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