PRO, K, PJ, FR, UCR, ARI y CC, todos unidos para encubrir
el contrato con Chevron
Después de quemadas todas las instancias, la Justicia
ordenó la publicación del contrato con Chevron firmado por el kirchnerismo.
Ante ello el actual Gobierno sacó de la galera una ley de in
transparencia pública, con la finalidad de legalizar su encubrimiento, que
fue aprobada por Diputados. No obstante los senadores eliminaron las
disposiciones que posibilitaban eso, y devolvieron el proyecto de ley a
Diputados. Y allí sobre tablas y actuando como un solo bloque macristas,
kirchneristas, peronistas, massistas, radicales, y lilitos, etc, proveyeron los
dos tercios
necesarios para aprobar el definitivo encubrimiento del contrato.
Ocultamiento que fue disimulado, mostrando solamente la
punta del contrato, y dejando el restante 95 % sepultado en el absoluto
secreto. Perpetrando así un triple engaño a la ciudadanía. El de la sanción de
una ley de transparencia para concretar un ocultamiento. El del verdadero
motivo de esa ley. Y la supuesta publicación de un contrato, cuando en realidad
se mostró una ínfima parte de él. Striptease suministra la nómina de los
diputados que posibilitaron esta fechoría antidemocrática, para que elector reflexione
en la próxima votación, si puede confiar en esos representantes, no del pueblo,
sino de los intereses petroleros y Chevron. Por Lea Ross |
La historia del ocultamiento del pacto entre YPF y Chevron
llevó tres años de peleas judiciales y polémicas gubernamentales. Tanto durante
el Gobierno kirchnerista, como durante el Gobierno macrista, distintos momentos
exponen un insistente uso de estrategias por parte del Estado, para ocultar las
cláusulas del contrato, que ampara la ambición de realizar los trabajos oscuros
para explotar la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, ubicada en la región
neuquina y sus alrededores,
en un área de mas de 30.000 kilómetros cuadrados.
Se atribuye al geólogo Charles Edwin Weaver el
descubrimiento de esa formación hace 90 años, mientras realizaba estudios de
campo para Standard Oil of California, hoy Chevron. La misma que había obtenido
de Perón los contratos en Santa Cruz, que fue uno de los motivos de su
derrocamiento en 1955. Y la que ahora es pionera en la explotación de esa área.
A la que se la pondera como una de las mayores reservas de
gas y petróleo no convencional del mundo. Habiendo sido estimados sus recursos,
tal como se verá mas adelante, en billones de dólares a la
europea, o sea millones de millones, no el millar de millones de
EEUU. Los que se extraen mediante el cuestionado método de fracking, acusado de
poner en riesgo el medio de ambiente de la región.
Desde la contaminación de las napas y ríos, por la
utilización de químicos para corroer la roca, hasta la posibilidad de generar
sismos por las fracturas del subsuelo. Y otros peligros que se debaten en todo
el mundo y que nuestro país ha optado por ignorarlos olímpicamente, sin
realizar audiencias publicas, ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Además el fracking es un negocio caro, que requiere
conocimientos técnicos, gran equipamiento, y recursos financieros para llevarlo
a cabo. Es por eso que la petrolera argentina YPF, que como sociedad anónima
comenzó a ser manejada en su mayoría por el Estado desde el año 2012, optó por
recurrir como principal socio para este negocio a la estadounidense Chevron.
Una de las tantas corporaciones ligadas a la familia Rockefeller, que carga
sobre su responsabilidad el pasivo ambiental que generó su filial Texaco, por
los derrames petrolíferos que hizo en la selva ecuatoriana, considerada como la
peor catástrofe ambiental hoy en día.
Es así que para explotar Vaca Muerta, YPF y Chevron
formalizaron un pacto secreto. Que contó hasta el día de hoy, con la complicidad
de fuerzas políticas de distintos colores. Desde entonces, distintas acciones
se llevaron a cabo en los tribunales y en el Parlamento, para que la ciudadanía
conozca de una buena vez las cláusulas de este acuerdo oculto entre las dos
petroleras, mientras los pozos continúan sus trabajos a toda máquina. Y a pesar
de los manejos dilatorios, la verdad estuvo a punto de ser revelada, aunque al
final la intervención de fuerzas políticas de distintos colores, hizo que ello
se frustrara, y solo apareciera en una mínima medida.
Cristina Fernández recibiendo a John Watson, CEO de
Chevron. Ph: Casa Rosada.
Del decreto Chevron a la ley Chevron
El primer acuerdo secreto entre YPF y Chevron tiene fecha 16
de julio de 2013. Justo un día antes -el 15 de julio de 2013- la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner había promulgado el Decreto Nro. 929, bajo el
nombre de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Se trata de una normativa que otorgaba una serie de beneficios a
las petroleras extranjeras.
Entre otras, se incluía: la comercialización libre en el
mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, la cero retención a
la exportación, y la libre disponibilidad de las divisas. Todos estos
beneficios eran para aquellos que realizaran inversiones mínimas en nuestro
país de 1.000 millones de dólares. Precisamente, el acuerdo YPF – Chevron para
Vaca Muerta, partía de la base de una inversión de U$S 1.500 millones por parte
de la petrolera norteamericana en el territorio sudamericano. Semejante
decisión no fue pasada por las cámaras legislativas.
Si bien el decreto en sí está fechado el 11 de julio 2013,
su publicación se hizo en el Boletín Nro. 32.679, de fecha 15 de julio de
2013. De allí la acusación que el decreto 929, promulgado justo un día
antes del acuerdo entre YPF y Chevron, es el “decreto Chevron”.
Izq.: Boletín Oficial donde estipula que el decreto 929
se publicó el 15 de julio.
Der.: información de YPF al CNV, donde asevera que el acuerdo firmado con
Chevron fue el 16 de julio.
Ese fue el disparador que inició el litigio en la justicia,
exigiendo la exposición publica del acuerdo. El 22 de agosto de 2013, el
entonces senador nacional Rubén Giustiniani presentó ante las oficinas de YPF
un pedido de información pública sobre el acuerdo secreto, amparándose en el
Decreto Nº 1172/03. En ese entonces, Argentina no contaba con una ley sobre el
derecho al acceso de la información pública, solo existía ese decreto emitido
por el presidente de ese entonces, Néstor Kirchner.
No obstante la petrolera argentina rechazó entregar la
información, utilizando como herramienta jurídica el Artículo 15 de la
mismísima Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Nro. 26.741). Se trata de la ley
que promulgó la presidenta para la estatización del 51% de las acciones de YPF.
A contracara de lo que era el discurso kirchnerista sobre la “nacionalización”
de la empresa, YPF argumentó que al ser una Sociedad Anónima era una empresa
privada, y por ende no estaba obligada a exhibir la letra chica de sus negocios.
El artículo 15 de dicha ley define a la corporación bajo
carácter de S.A., “no siéndoles aplicables legislación o normativa
administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de
las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados
provinciales tengan participación”. Quedó así expuesta la treta insertada
en la ley de la estatización, para garantizar el secreto sobre las operaciones
de YPF.
El 10 de noviembre de 2015, justo un mes antes de abandonar
el poder, la presidenta Cristina Fernández recibió un duro coletazo judicial,
cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó que se publicaran las cláusulas
secretas del acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para explotar Vaca
Muerta. El fallo, de 22 carillas, estableció la importancia del libre acceso a
la información pública. Y que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. No
solo por ser titular de la mitad más una de las acciones, sino que el propio
Estado designó directivos, incluyendo al que era en aquel entonces viceministro
de economía Axel Kicillof, como así también al propio CEO de la compañía,
Miguel Galuccio.
Incluso la propia ley de expropiación a YPF, declara
“interés público nacional” el autoabastecimiento hidrocarburífero, como así
también sus tareas de exploración, explotación, industrialización, etc. “La
información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación
Argentina”, resalta el fallo de la Corte.
Luego, el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió
como presidente de la Nación. Y designó a la macrista Laura Alonso, una de las
que más activas denunciadoras del acuerdo YPF – Chevron desde su rol como
diputada nacional, como titular de la Oficina Anticorrupción.
Comentarios en Twitter de Laura Alonso en el día que
salió el fallo
de la Corte Suprema, exigiendo que el acuerdo YPF-Chevron sea público.
Sin embargo, a comienzos de marzo de 2016, la
encargada de investigar la corrupción administrativa, cambió su postura y
decidió avalar la confidencialidad del pacto YPF-Chevron. Según la Agencia
Télam, el cambio de postura radical ocurrió luego de un encuentro entre Alonso
y los directivos de YPF, Miguel Galuccio (CEO de la compañía), Daniel González
(gerente de finanzas) y Germán Fernández Lahore (vicepresidente de servicios
jurídicos). La reunión duró 15 minutos. 15 minutos le bastó a la titular de la
Oficina Anticorrupción para cambiar su postura, mientras Galuccio se retiraba
de su puesto, recibiendo una millonaria indemnización.
En consecuencia inmediatamente después, Alonso emitió la nota
602/16 dirigida al apoderado de YPF, en la que consideraba que el secreto sobre
contrato estaba justificado. “A criterio de esta Oficina, YPF ha
fundamentado razonablemente el alcance de lasexcepciones invocadas.
En virtud de
lo informado, la cuestión se encuentra sometida a
consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo”, decía
la nota
.
Haciendo referencia así por un lado, a un nuevo intento ante
la justicia por parte de YPF, para insistir con el secreto. Y dando la pista
por otro lado, de la ley que sobrevendría posteriormente al fracasar este nuevo
intento ante la justicia, en la que se fijaron las “excepciones” para
legalizar el secreto sobre el contrato con Chevron.
El caso es que en febrero anterior, al reanudarse el
funcionamiento de la Justicia, YPF había presentado un recurso pidiendo que la
entrega del contrato con Chevron sea sólo a la Justicia, y no se difundiera
públicamente. Insistió así en su trece, pese el fallo de la Corte, aduciendo
que ello era para “salvaguardar información geológica, comercial y
financiera que son de valor estratégico para ambas empresas”.
No obstante el 14 de marzo, la jueza contencioso
administrativa María Cristina Carrión de Lorenzo, rechazó la petición, y le
ordenó a la petrolera que hiciera público el contrato completo con
Chevron en un plazo máximo de cinco días. En el fallo, la magistrada expresó
que “corresponde sin más trámite dar cumplimiento” a lo
estipulado, y dispuso una multa de 50 mil pesos diarios para la petrolera en
caso de no cumplir con ello.
De esta forma, Carrión de Lorenzo ordenó ejecutar el fallo
de la Corte Suprema, que obligaba a revelar la totalidad del acuerdo. Aduciendo
que YPF no expuso las razones por las cuales “la revelación de la
información contenida en el contrato y sus anexos afectaría
sus intereses… La publicidad del acuerdo entre las petroleras no viola el
Decreto 1172/03 de acceso a la información pública ni la Ley 25.831 de régimen
de libre acceso a la información pública ambiental.”
Sin embargo, YPF insistió con su trece, y presentó una
apelación contra ese fallo. Que a esa altura se trataba evidentemente de una
chicana procesal, como tratando de ganar tiempo para lograr ínterin la sanción
de una ley ad hoc, que preservara el secreto.
Luego el 14 de julio la Sala 1 de la Cámara Federal en lo
Contencioso Administrativo Federal porteña, con las firmas de los jueces Carlos
Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, rechazó ese planteo. Y dispuso que YPF
entregue toda la información vinculada con ese convenio, tal como lo había
ordenado el fallo de primera instancia.
“Una recta inteligencia del pronunciamiento de la Corte
Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al hacer lugar a la demanda
acogió, indudablemente, la pretensión del demandante”, sostuvieron los
jueces. Y además , amenazó con iniciar una causa por ‘desobediencia’ contra las
autoridades de YPF, ante el caso que no cumpliera lo ordenado, siendo este un
delito penado hasta con un año de prisión.
No obstante empecinadamente YPF insistió con su trece,
presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Que la misma sala,
integrada por los mismos jueces, rechazó de plano. Ratificando la obligación de
la petrolera estatal YPF de dar a conocer el acuerdo con la multinacional
petrolera Chevron.
Este fallo fue dictado el 13 de septiembre, en vísperas que
el Congreso de la Nación aprobara la Ley Nacional de Acceso a Información
Pública 27.275, contando para ello inusitadamente, con el apoyo de todos los
bloques mayoritarios, pese estar enfrentados duramente entre sí. Que como se
verá seguidamente, consagra el secreto absoluto sobre el
contrato con Chevron, y todos los que se le
ocurra firmar a YPF en Vaca Muerta,
o lejos de ella.
Posteriormente, pese la sanción de la flamante ley que
consagraba el secreto sobre el contrato con Chevrón, YPF simuló ceder ante la
Justicia, y el 22 de septiembre pasado entregó a la Justicia el primer acuerdo
que había firmado con Chevron. La cual a su vez el 7 de octubre se lo entregó
al ex senador y actual legislador de la provincia de Santa Fe, Giustiniani,
quien lo hizo público la semana siguiente en una conferencia de prensa.
Ley Chevron
Sorpresivamente, el 07 de abril pasado -cuatro días después
del escándalo internacional de los Panamá Papers y el debate instalado sobre
empresas ocultas en paraísos fiscales, donde el presidente Mauricio Macri está
metido en el ojo de la tormenta- y mientras YPF apelaba el contundente fallo de
la jueza Carrión de Lorenzo, ordenándole publicar el acuerdo, el mandatario
nacional anunció sorpresivamente el envío al Congreso de un proyecto de ley de
acceso a la información pública.
Expresó que se trataba de una iniciativa que busca
“transparentar” la información ligada a todas las entidades estatales,
brindándosele todos los documentos y datos relacionados con la administración
pública a cualquier ciudadano que lo requiera. “El Estado no es de los que
gobiernan y el dinero no es nuestro, es de la gente y tienen derecho a saber
cómo lo destinamos“, sentenció Macri. Y velozmente un día después, comenzó el
debate del proyecto de ley en comisión parlamentaria.
El 18 de mayo, al mes siguiente de presentado, la Cámara de
Diputados aprobó con modificaciones el proyecto del oficialismo, con el apoyo
de casi todos los bloques que la conforman. Haciéndole agregados a sus
“Excepciones” -las mismas a las que había aludido Alonso- que como se verá
seguidamente, reforzaban el derecho de YPF a mantener un absoluto secreto sobre
el contrato.
No obstante el proyecto no recibió el mismo tratamiento
veloz por parte del Senado, donde evidentemente quedó trancado. Al mismo tiempo
de Giustiniani denunciaba públicamente la demora por parte de YPF en exhibir el
contrato, a la par que algunas ONG reclamaban que se hiciera publico el mismo,
con motivo de la audiencia publica convocada para el 16 de septiembre por el
ENARGAS, para debatir respecto el megatarizafo del gas natural. Con la
exigencia por parte de la Corte Suprema, que en ella también se debería
considerar el precio en boca de pozo a percibir por los productores de gas y
petróleo.
Esta situación lo llevó al Gobierno a tirarse a una pileta
vacía, pidiendo el tratamiento sobre tablas en el Senado de dicho proyecto. Que
se concretó la semana previa a las audiencias públicas, el 7 de septiembre,
durante el cual sorpresivamente, los senadores justicialistas junto con Fernando
“Pino” Solanas, realizaron modificaciones al proyecto, echando por tierras las
cláusulas con las que se pretendía legalizar el secreto sobre el contrato con
Chevrón.
Acerca esas modificaciones, un cable de Télam señalaba que
entre los cambios, “los más importantes son los que incluyen entre los entes
que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios
legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la
explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta”.
El proyecto fue velozmente girado a la cámara baja para
tratar sus modificaciones. Para lo cual se requiere una mayoría agravada de dos
tercios, a los efectos de rechazar las modificaciones hechas por la otra
cámara. Cosa que parecía imposible, ante la actividad hostilmente obstructiva
por parte del bloque kirchnerista, a toda iniciativa proveniente del macrismo.
Pero milagrosamente, el 14 de septiembre sucedió el milagro,
que conjunto a macristas con kirchneristas, y también a radicales, peronistas,
aristas, lilistas, y alguna otra ista. Y así dos días antes de la concreción de
las audiencias por el megatarifazo del gas natural, sobre tablas, o sea con una
mayoría agravada de dos tercios para obtener el quorum, Diputados rechazó con
la mayoría agravada de dos tercios de los votos, las modificaciones
introducidas por el Senado.
La imagen muestra que no hubo brotes verdes afirmativos,
sino que casi todo era verde, ya que esa postura fue aprobada con 182 votos a
favor y 16 en contra. Quienes alzaron sus manos en favor de la aprobación
fueron los bloques de Cambiemos, el Frente para la Victoria, el Frente
Renovador, el Bloque Justicialista, y la Coalición Cívica, apoyando la iniciativa
de explotar Vaca Muerta, mediante convenios absolutamente secretos para los
argentinos.
Pacto Prokirchnerista: El macrista Emilio Monzó dialogó
en la sesión con el kirchnerista Héctor Recalde
En alegre montón, al que antes le llamaban contubernio, los
votos afirmativos más notables por orden alfabético fueron, ALFONSÍN, Ricardo,
UCR / BOSSIO, Diego, PJ / CAMAÑO, Graciela, FR / CONTI, Diana Beatriz, K / DE
MENDIGUREN, José Ignacio, FR / DE PEDRO, Eduardo Enrique, K / DE VIDO, Julio, K
/ di TULLIO, Juliana, K / GARRÉ, Nilda, K / GIOJA, José Luis, K / HELLER,
Carlos Salomón, K / KICILLOF, Axel, K / KIRCHNER, Máximo, K / MASSA, Sergio
Tomás, FR / MASSOT, Nicolás María, PRO / MESTRE, Diego Matías, UCR / NAZARIO,
Adriana Mónica, esposa del ex gobernador José De la Sota, FR / NEGRI, Mario
Raúl, UCR / PEDRINI, Juan Manuel, K / RECALDE, Héctor Pedro, K / RUCCI, Claudia
Mónica, FR / TONELLI, Pablo Gabriel, PRO, etc.
En cuanto los pocos votos negativos notables fueron:
ARGUMEDO, Alcira Susana, Proyecto Sur / BINNER, Hermes, Partido Socialista /
DONDA PÉREZ, Victoria Analía, Libres del Sur. En cuanto los mas notables que
oportunamente se ausentaron para no dejar el mocho puesto fueron: CABANDIÉ,
Juan, K / CARLOTTO, Remo Gerardo, K / CARRIÓ, Elisa María Avelina, CC: DEPETRI,
Edgardo Fernando, K / KUNKEL, Carlos Miguel, K / SOLÁ, Felipe Carlos, FR
/ STOLBIZER, Margarita Rosa, GEN, etc.
Seguidamente el 29 de septiembre, el presidente Macri emitió
el decreto 1.044, promulgando la ley Nro. 27.275, también conocida como Ley de
Acceso a la Información Pública. Que en honor de la verdad debería
llamarse Ley de Impedimento a la Información respecto el contrato con
Chevron. Además del presidente, el mismo cuenta con la firma del jefe de
gabinete Marcos Peña, y el ministro del interior Rogelio Frigerio.
Toda excepción tiene su regla
Se dice que toda regla tiene su excepción, pero en este
caso, con el elocuente paralelismo que se fue dando entre los avatares
judiciales y legislativos, se podría decir que se legisló arteramente, con el
objeto de fijar las excepciones, no las reglas.
La noticia, desde los medios masivos de comunicación, fue
que después de 12 años de espera, Argentina iba a contar con su primera ley que
garantizaría a todos los habitantes del país reclamar, exigir y recibir todos
los datos requeridos en referencia al funcionamiento de la administración
estatal.
Sin embargo, tal como lo han señalado distintos
legisladores, el artículo 8 de la Ley de Acceso de Información Pública en sus
Excepciones, a las que se refirió tempranamente Alonso, legalizó que
YPF oculte para siempre su acuerdo secreto con Chevron, y todos los
otros que ha firmado, o se le ocurra firmar en un futuro.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
El Artículo 8, tipifica cuáles serían las situaciones de
excepción, por las que no corresponde que el Estado –en este caso, YPF- otorgue
a la ciudadanía determinada información pública. A continuación, los incisos
resaltados en negrita son los más notables que legalizan la cerril postura
adoptada por YPF en relación con el contrato con Chevron. Estos son:) “Información
que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario”.
Parece una dislate, pero seguidamente se verá que no. Según
una estimación de YPF del 2013, las reservas que cuenta Vaca Muerta alcanzarían
un total de 16.200 millones de barriles de petróleo, y 8,72 billones de metros
cúbicos de gas natural (308 Trillones de pies cúbicos). Por ende, se habla de
un negocio formidable con un enorme circuito de dinero, que al precio actual
del petróleo de u$s 50 el barril, en petróleo representarían 81.000 millones de
dólares.
Pero en gas natural, con la meta de su precio de u$s 7 el
Millón de BTU o 25 ctvs de dólar el m3 impuesta por el gobierno a los
consumidores argentinos con el megatarifazo, representan 2,26 billones
de dólares (2.260.000.000.000). O sea cinco veces el actual PBI de
Argentina. Y ademas debajo de la formación de Vaca Muerta, se encuentra la
formación de Los Molles, que se estima que tiene aún mas recursos que Vaca
Muerta.
Este enorme negocio es el que está detrás de Vaca Muerta, y
subrepticiamente detrás de Los Molles, para convertirla en una gran exportadora
de gas natural, por parte de las multinacionales que operan allí. Y el actual
Gobierno evidencia tener la intención de que la inversión la costeen los
consumidores argentinos, pagando el gas como si fuera importado.
En lugar de convertir esos enormes recursos energéticos, en
una ventaja comparativa de los argentinos, para aumentar la competitividad de
su economía con energía barata. De todas maneras, esa enorme fuente de pesos y
divisas, también le cabría la tipificación de “poner en peligro el correcto
funcionamiento del sistema financiero o bancario”, si se dificultara su
operación con los acuerdos secretos que se están firmando al respecto.
c) “Secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el
nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.
Como se vio, gran parte de las reservas de gas y petróleo
son recursos no convencionales. Que se se extraen mediante el método de
fractura hidráulica o fracking. Dentro de estos procedimientos, se utilizan
químicos corrosivos, que se mantienen en secreto. Esto ha generado grandes discusiones
en distritos de Estados Unidos, al negarse las empresas a publicar la
composición de los productos químicos que emplea. Siendo este otro punto más
para justificar el ocultamiento al acuerdo, para no perjudicar “el nivel de
competitividad” de los agentes utilizados para el fracking.
d) “Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida de carácter confidencial”.
Simplemente ese tercero sería Chevron. Ya que la publicidad
del acuerdo, podría traerle problemas a la hora de realizar negocios paralelos
y posteriores.
l) “Información obtenida en investigaciones realizadas
por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya
divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”.
Precisamente, esas “investigaciones” pueden aludir a las
exploración de los datos geológicos de Vaca Muerta, y la aplicación de las
técnicas del fracking en ese lugar.
m) “Información correspondiente a una sociedad anónima
sujeta al régimen de oferta pública”.
Este es el último inciso, y el más notable en beneficio del
secreto del contrato YPF – Chevron. Ya que YPF es una Sociedad Anónima sujeta
al regimen de oferta pública, tanto en Argentina como en EEUU. Por tal motivo,
quedó amparada para no presentar su acuerdo con la multinacional
estadounidense.
Esta condición no estaba en el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo. Fue introducida descaradamente en su trámite en Diputados, rechazada
en el Senado, y ratificada un día después de que la justicia rechazara el
recurso extraordinario de YPF ante la Corte, y dos días antes de que se
concretaran las audiencias por el megatarifazo del gas natural.
“La posibilidad de acceder a este tipo de datos en
adelante -sobre el acuerdo YPF y Chevron- estaba contemplada
en las modificaciones que hizo el Senado a la Ley de acceso a la información
pública, y que en Diputados con el aval de los bloques de Cambiemos y del
Kirchnerismo se encargaron de podar, ratificando la media sanción original de
la cámara baja”, señaló en un comunicado el bloque Libres del Sur, con la
firma de Victoria Donda.
Además Donda aseveró, “votamos en contra de insistir en
la redacción de diputados porque tal como fue aprobada no cumple en forma
íntegra con la búsqueda de transparencia que la sociedad demanda. Teníamos una
opción mejor: aprobar la media sanción con las modificaciones que introdujo el
Senado”.
También fue rechazado por el bloque Proyecto Sur, señalando
su senador “Pino” Solanas, respecto el artículo 8 inciso m): “Este inciso
fue escrito exactamente en la cresta de la ola del conflicto con Chevron;
expresión de la degradación institucional de la que estamos viviendo, con el
fallo de la Corte para hacer público el contrato de YPF – Chevron que es de
noviembre. Y fue ratificado. Hasta la fecha, el gobierno que continuó al
gobierno que lo había firmado, lo mantiene oculto. YPF es una sociedad con
mayoría estatal y los argentinos pagamos más de 6.000 millones de dólares para
recuperar el 51% de sus acciones”.
También fue rechazado por el bloque del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores, y los diputados del socialismo de Santa Fe. E incluso,
en una columna de opinión publicada en Página/12, un docente de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sentenció que la ley aprobada era
conforme la pretensiones de YPF.
La punta del contrato con Chevron hecha pública
Así se llegó a una situación paradojal, en la que al mismo
tiempo que la Justicia le ordenaba a YPF que sin mas trámite hiciera público el
contrato con Chevrón, el Congreso sancionó una ley diciendo que debía ser
secreto. Y en consecuencia se habría suscitado un escándalo, sí YPF aduciendo
las disposiciones de la flamante ley, se negaba a entregar el contrato a al
Justicia.
Lo cual habría puesto sobre el tapete el engaño de sancionar
una supuesta ley de transparencia pública, para ocultar el contrato con
Chevron, con su consecuente escándalo y vergüenza para los legisladores
intervinientes. Por ello en base a órdenes que seguramente vinieron de arriba,
y después de serías discusiones entre los departamentos de comunicaciones y
legales de YPF, se optó por la salida política de compromiso, de mostrar solo
la punta del contrato con Chevron, el “Project Investment Agreement” o
“Contrato de Proyecto de Inversión”. También conocido por sus siglas como PIA.
Se perpetró así con el consentimiento de sus intervinientes,
un triple engaño a la ciudadanía. El de la sanción de una ley de transparencia,
para concretar un ocultamiento. El respecto al verdadero motivo de esa ley. Y
la supuesta publicación de un contrato, cuando en realidad se mostró una ínfima
parte de él.
En consecuencia el martes 11 de octubre pasado, luego de que
la Justicia le entregara a Giustiniani el acuerdo YPF – Chevron entregado a
ella por YPF, el ex senador y demandante ante la Justicia concretó una
conferencia de prensa, en la que dio conocer algunas pautas del famoso acuerdo
para explotar la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta.
“Esto es un triunfo al derecho al acceso a la información
publica -se ufanó el diputado Giustiniani con micrófono en mano-.
Nosotros fuimos a la justicia, porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre
de 2013, YPF nos contestó que no tenía obligación de dar ningún tipo de
información, porque ellos eran una Sociedad Anónima. Lo consideramos una falta
de respeto. Y por eso habíamos presentado un amparo que el 10 de noviembre del
año pasado, después de un largo recorrido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en un fallo ejemplar, dijo: ‘La información no es del Estado. El pueblo
de la Nación Argentina tiene derecho al acceso a la información pública’. Y
ordenó a YPF entregar una copia del contrato”.
La sorpresa que brindó dicha conferencia de prensa, es que
el PIA firmado el 16 de julio de 2013, entre YPF y Chevron, no es en realidad
un Proyecto de Inversión, sino un contrato de préstamo entre filiales de dichas
petroleras, instaladas en paraísos fiscales. Si bien se sospechaba que los
firmantes del pacto estaban a nombre de sociedades offshore, lo novedoso es que
no se hizo como un acuerdo entre inversionistas, sino que se trata de un mutuo
entre un prestamista y un prestatario o deudor.
En la figura del prestamista, aparece “Chevron Overseas
Finance Limited”, radicada en las Islas Bermudas. Mientras que el tomador del
dinero es “YPF Shale Oil Investment I LLC”, registrada en el distrito de
Delaware (Estados Unidos) considerada también como un paraíso fiscal. Esto
quiere decir que YPF y Chevron no pactaron de forma directa este préstamo, sino
que interpusieron una serie de intermediarios instalados en distintas regiones
del continente, declaradas como paraísos fiscales.
Según Giustiniani, el contrato expone una red de sociedades
offshore ligadas a YPF, que hace que la trama sea realmente enmarañada. YPF SA
sería la dueña absoluta de una empresa denominada “Wokler Investment SA”,
radicada en la República de Uruguay, país sindicado también como paraíso
fiscal. A su vez, este holding uruguayo es el dueño de otra offshore, radicada
en las Islas Bermudas, denominada “YPF Shale Oil Holding Ltd”. Luego, esta
misma es la dueña de la primera filial de YPF mencionada en Delaware, que
figura como la tomadora del préstamo que le concedería la filial de Chevron
radicada en el archipiélago del océano Atlántico.
Además “YPF Shale Oil Investment I LLC”, es dueña del
paquete completo accionario de otra sociedad de Delaware llamada “YPF Shale Oil
Investment II LLC”. Tanto el “Investment I” y el “Investment II”, manejan a su
vez el paquete accionario de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en
Argentina, llamada “Compañía de Hidrocarburo No Convencional (CHNC) SRL”.
“Esto determina que el ingreso de fondos, que se produce
mediante el Investiment I, vaya hasta CHNC. Y después, lo producido en el 50%
de la concesión que YPF le concede a esta SRL vuelva ese producido hacia arriba
a una cuenta de Nueva York, que por supuesto es de Chevron”, explicó el
legislador de Santa Fe.
Según los analistas, surgen varios interrogantes a la hora
de indagar porqué se armó esa simulación jurídica de un contrato de préstamo, y
la intrincada red de empresas radicadas en paraísos fiscales implicadas en el
mismo. Y la primera respuesta tiene que ver si se hizo a los fines de la
evasión impositiva, ya que el amparo jurisdiccional para el no pago de
impuestos es una de las claves que tienen los distritos mencionados.
La explicación que por su parte aportó YPF, es que esa
maraña societaria tenía por objeto evitar embargos por parte de los fondos
buitres, que entonces mantenían vivas las demandas contra Argentina. Al que se
suma la penuria de divisas que por esos mismos motivos aquejaban a Argentina.
Ante la cual puede pensarse que ese PIA o contrato
preliminar, fue la forma rápida de hacerlas ingresar al país, hasta que se
arribaran a acuerdos específicos de asociación y participación en la
explotación de Vaca Muerta. Razón por la cual lo importante de esos acuerdos no
radicarían en el PIA publicadi, sino en los que vinieron después que se
mantienen en secreto, como se verá seguidamente.
Otro interrogante tiene que ver con la responsabilidad de
Chevron sobre el perjuicio ambiental que se pueda generar en la región de Vaca
Muerta. “Porque Chevron no aparece nunca”, señala Giustiniani en
referencia al contrato de inversión. “Si estamos hablando del fracking,
estamos hablando de un método de extracción de gas y petroleo que esta
observado en muchos lugares del mundo, problematizado y prohibido por
contaminación ambiental. En el mismo Estados Unidos, hay estados que no lo
permiten. Y hay un control riguroso por parte de su agencia estatal de qué tipo
de productos se usan en este tipo de actividad”.
Otra cláusula del contrato es la que que otorga garantías a
la hora de girar dólares al extranjero, en caso de que las leyes nacionales no
lo permitan. Esto abre la puerta para que la transferencias de utilidades se
pudieran girar al exterior, independientemente de las restricciones legales que
existían entonces.
Y finalmente, otra cláusula que se sospechaba estaba en el
acuerdo secreto y que ahora quedó confirmada, es que el Estado Nacional
renuncia a cualquier tipo de inmunidad. Y en caso de alguna disputa judicial
con el concesionario (Chevron), será resuelto en un tribunal de París. Es
decir: lo resolvería algún “Thomas Griesa” con acento francés.
“Acá finalizó una etapa, donde ganó el derecho al acceso
de información. Y empieza una etapa distinta, que es el análisis del contrato;
de ver si los intereses nacionales están resguardados o no”, aclaró
Giustiniani ingenuamente. Afirmando que entregaría copias del acuerdo al
Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, y a la Defensoría
del Pueblo de la Nación, para que se analice minuciosamente, y se tomen medidas
al respecto.
De la punta del iceberg, a lo que se oculta debajo del agua
El asesor del senador “Pino” Solanas, Alejandro Olmos Gaona,
hijo del recordado investigador de la deuda externa, fue uno de los pocos que
obtuvo una copia del acuerdo. Y afirmó que además del PIA, “existen
otros contratos derivados de este que no se han dado a conocer, debido a lo
cual hay que realizar una nueva demanda judicial, a los efectos de que se
exhiban los mismos”.
La que de concretarse, seguramente se encontrará con el
blindaje legal que le puesto al resto de los contratos, la flamante ley de
supuesta Información Publica. Por su parte la agencia estatal de noticias
Télam, preciso que lo que YPF entregó, es solo uno de los 26 acuerdos firmados
con Chevron para explotar Vaca Muerta, o sea que se habrían firmado otros 25
acuerdos después de firmado el PIA en julio del 2013.
Télam especificó que de los 26 documentos, “12 fijan
los términos y las condiciones legales y comerciales de la inversión y
operación, mientras que los 14 restantes hacen foco en el cumplimiento de las
condiciones contractuales, en función de las acciones de Chevron”. A su vez
en distintas notas, YPF fue informando a la Comisión Nacional de Valores (CNV)
la firma de esos nuevos acuerdos. Tal como lo expone la nota presentada el 10
de diciembre del 2013, que dice:
“… continuando con la información brindada al
mercado mediante Hechos Relevantes del 16 de Julio, 29 y 30 de agosto pasados
en relación al tema de la referencia, informamos que YPF S.A. y algunas de sus
subsidiarias y subsidiarias de Chevron Corporation, han completado exitosamente
la instrumentación de la documentación pendiente para el cierre del Acuerdo de
Proyecto de Inversión, que permitirá el desembolso por parte de Chevron de los
montos totales oportunamente informados, por una suma de USD 940.000.000
(dólares estadounidenses novecientos cuarenta millones) por parte de Chevron,
adicionales a los USD 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos
millones) que ya desembolsara dicha empresa .”
Finalmente, el 22 de septiembre pasado, YPF informó a la CNV
que ese día había entregado el PIA a la Justicia, en cumplimiento de lo
ordenado por ella. Recordando en la nota, que “este Acuerdo tuvo como
objetivo generar el primer desarrollo de no convencional de la Argentina. Hoy,
Loma Campana es el segundo yacimiento más grande de la Argentina y el
más grande en el mundo en petróleo no convencional fuera de Estados
Unidos.”
Advirtiendo no obstante que esas entregas no se iban a
repetir en un futuro, gracias a la flamante ley: “La entrega del
referido acuerdo no implica una renuncia de la Compañía a defender sus derechos
ante cualquier otro requerimiento de información y/o documentación confidencial
de la Compañía en el futuro.”
Así gracias al contubernio entre
macristas, kirchneristas, massistas, peronistas, radicales, lilitos, etc,
lo que era un derecho a la información respecto los contratos de Chevrón, se
transformó en un revés. Por lo cual con una música muy conocida y letra
parecida, todos ellos podrían cantar “La marcha de los muchachos
crevronistas”, “Todos unidos triunfaremos, y a Chevron le diremos, un grito de
corazón, Chevrón, Chevron, que grandes sos, sos el primer explotador”.-
TOMADO DE ENVIO EN FACE D E STRIPTEASE DEL PODER
