Autor: Aidas-Americas.org
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger
la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación
causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada
comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales
pesados en los beneficiarios.
El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en
el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en
sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas
por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la
ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la
cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79.
El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las
medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14
beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas
necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la
sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los
estándares internacionales aplicables a la materia.”
Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y
reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios,
finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de
metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron
evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología,
psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los
médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y
Huancayo.
Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y
entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días.
El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que
aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico,
sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro
de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo. También comprometió
una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios
que no pudieron ser atendidos.
Desde las organizaciones que representamos a las víctimas
esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas
de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un
diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento
adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la
medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los
incluidos en la ampliación otorgada este año.
“Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas
originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones
urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido
implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud
de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian
Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación
de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al
funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto
Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La
Oroya y la de toda la Provincia de Yauli.
“En La Oroya existen problemas estructurales en materia de
salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH
emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue
presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para
las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si
existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se
podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que
emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Tomado de envio en red foroba
No hay comentarios:
Publicar un comentario