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fotografía del sur de Concordia ER Argentina , autor luis pedro mujica

martes, 25 de octubre de 2016

LICENCIAS AMBIENTALES: EL FUSIBLE FUNDIDO DEL SECTOR ELÉCTRICO DE COLOMBIA


FOTO Donaldo Zuluaga
Pasado el susto por el fenómeno de El Niño a comienzos de este año, las trabas del licenciamiento ambiental están poniendo en riesgo la expansión eléctrica que el país requiere.
Si la central hidroeléctrica Ituango encendiera hoy sus turbinas, la generación eléctrica que produciría no tendría por dónde salir y estaría atrapada.
Así lo advirtió a EL COLOMBIANO Luis Camargo, gerente de Intercolombia (filial de ISA que administra el sistema de transmisión), en el Congreso de Energía Mayorista, organizado por el Consejo Nacional de Operación (CNO), que se clausuró el viernes, en Cartagena.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Camargo precisó que la Interconexión Noroccidental, que comprende cuatro líneas a 500 mil voltios para sacar la energía de Ituango, está frenada por trámites ambientales y su atraso alcanza los ocho meses.
“Esta infraestructura se debería estar construyendo, pero mientras no tengamos el permiso ambiental no podemos mover nada, todo está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Nuestra meta sería entrar en operación en 2018 como requiere la generación de Ituango, pero las cuentas nos dan que solo sería posible terminarlas en 2019”, declaró.
Entonces, ¿se corre el riesgo de que la generación de la central hidroeléctrica más grande de Colombia quede atrapada? Camargo respondió que Intercolombia dispone de “holguras” (plazos) que están siendo “gastadas”, pero admitió que son altos los riesgos de no tener las obras a tiempo por falta de esos permisos.
Consultado sobre el sobrecosto de esos retrasos, el funcionario evitó entregar una cifra, aunque señaló que ese tipo de problemas, en parte, lo pueden asumir los consumidores, pero principalmente Intercolombia, porque se trata de un inconveniente en la construcción.
Siguen las dificultades en el sector
Por este tipo de situaciones que alimentan la problemática que se está observando para la ejecución de los proyectos en el último año, la infraestructura eléctrica no ha crecido a un ritmo adecuado para cumplir con los estándares de calidad y seguridad requeridos, y el caso de Hidroituango es prueba de ello.
Esto puede llevar a enormes riesgos para la economía y las familias colombianas, considerando los rezagos actuales en la planeación y desarrollo de la infraestructura eléctrica, y en el desarrollo de otros proyectos importantes.
Cabe recordar que a la demanda de energía eléctrica en el país ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2000, y hasta 2015 superaba los 66 mil gigavatios-hora (GWh) por año (ver gráficos).
A medida que haya más generación de electricidad, habrá más estabilidad del servicio, mayor cobertura y se esperarían menores tarifas para hogares y empresas.
El gerente de Intercolombia también reconoció que de los 21 proyectos que la empresa debería entregar en 2018, otros seis están bloqueados por trámites ambientales, principalmente. “Estamos esperando que las autoridades respectivas coordinen actuaciones y resuelvan, de lo contrario, los proyectos no se podrán hacer y el país está demandado energía para su desarrollo”.
El peso del factor social
Las exigencias de las comunidades asentadas en las áreas de influencia de los proyectos energéticos, también se mantienen como otro elemento que está frenando la ejecución de esa infraestructura.
Lucio Rubio, director de la multinacional Enel en Colombia, explicó que las comunidades hoy son más exigentes, más radicales y más conectadas a redes sociales como Facebook y Twitter.
El empresario aseguró que mediante esas redes, las comunidades están siendo manipuladas, provocando oportunismos. “Cuando se anuncia un proyecto, de la noche a la mañana aparece una comunidad indígena nómada. Fue el caso de la subestación Norte, en Bogotá, donde resultó una comunidad que estaba asentada en el Cauca, sur del país”.
Rubio denunció que en otros casos se han detectado invasiones y acciones de hecho que generan distanciamiento entre empresas y poblaciones, porque es la Fuerza Pública la que termina resolviendo conflictos.
El Grupo EPM, del Municipio de Medellín, tampoco escapa a problemas a la hora de ejecutar sus diferentes obras, reconoció su vicepresidente de Proyectos e Ingeniería, Wilson Chinchilla.
Las dificultades son cada vez más complejas. Muestra de ello se aprecia en la construcción del complejo Nueva Esperanza (subestación más linea de transmisión), para aumentar el transporte de energía hacia municipios de Cundinamarca, Meta, Guaviare y norte del Tolima.
En ese empeño se incurrió en mayores costos y tiempos de ejecución, riesgo de racionamiento, necesidad de obras de mitigación, mayores costos para el usuario y pérdida de competitividad del país.
“Los problemas que se afrontaron fueron suficientes para dar al traste con la rentabilidad del proyecto y ha puesto en riesgo el abastecimiento energético de la región: fue un proyecto concebido en 2008, EPM se lo ganó en 2010 y debía entrar en operación en agosto de 2012 y, si tenemos fortuna, solo se activará en abril de 2017”, comentó el funcionario.
Hacia la cobertura total
Mientras las grandes empresas del sector eléctrico enumeran una tras otro los dolores de cabeza que afrontan para avanzar en sus planes de expansión, el Gobierno mira con satisfacción avances alcanzados en cobertura del servicio.
El director Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz, aseguró que el país requiere inversiones por 4,3 billones de pesos para alcanzar cobertura total y cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. De ese monto, 3,8 billones de pesos se aplicarían en zonas interconectadas y 500 mil millones más en regiones alejadas.
“Esas inversiones dependerían de la disponibilidad fiscal, pero deberíamos imponernos como meta que el país tenga cobertura total en la próxima década”. Insistió que esa es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “debemos hablar de energía como derecho de todos los colombianos”, añadió.
Por eso Gaviria planteó la posibilidad de generar energía usando 24 rellenos sanitarios que en el país tienen economías de escala. “Sería una de las alternativas más costo-eficientes para aprovechar y reducir los gases de efecto invernadero. Las inversiones serían de unos 800 mil millones de pesos en 15 años, para cumplir 30 % de metas de esos gases”.
Pero, ¿qué tan atractiva es esa opción para inversionistas? “Hoy los costos no son competitivos con las actuales subastas (del Gobierno), pero tenemos que ser conscientes de que la regulación de energía ignora temas ambientales”, reconoció Gaviria, quien sugirió que en adelante habrá que incorporar esa alternativa en la discusión de futuras reformas del sector (ver Dicen de...).
Por ahora, el inventario de expansión en generación tiene 234 proyectos con registro vigente ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), y suman una capacidad instalada estimada de 8.424 megavatios, algo así como 3,5 veces Hidroituango.
Finalmente, Orlando Cabrales, exviceministro de Energía, consideró que la reforma a la política pública para el sector energético debe ser liderada por el Gobierno: “se debe tomar decisiones que clarifiquen hacia dónde vamos y bajar la incertidumbre, que genera más estrés que energía”.
Para el experto resulta claro que a Gobierno, empresas y consumidores les interesa que haya inversión para construir una infraestructura competitiva, eficiente, sostenible. “La tarea es atraer inversión, pero hay que tener mucho cuidado con las señales que se dan como país”, puntualizó.*Por invitación del CNO.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
DICEN DE...A NADIE SE LE NIEGA UN DECRETO
El diagnóstico del marco normativo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) mostró que, en promedio, destinan 3,8 % del producto interno bruto (PIB) a cargas regulatorias. Planeación Nacional precisa que en Colombia se desconoce este costo. Pero explica que entre 2000 y 2016, los 67 reguladores nacionales emitieron casi 2,6 decretos al día. Además, uno de cada tres decretos fueron sustanciales y uno de cada seis modificó un decreto previo. Por eso hoy el inventario suma 15 mil decretos en 16 años y 53 mil resoluciones, más 2.900 emitidas por comisiones regulatorias.
OPINIÓN CADA QUIEN CON SU INTERÉS
INFORMERETOS PARA UNA BUENA ESTRUCTURACIÓN

FERNEY ARIAS JIMÉNEZ Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna. TOMADO DE EL COLOMBIANO 

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