Intendencia otorgó un comodato a una empresa antes de que la
Junta apruebe su plan
"Parque cerrado por desarme”, decía el cartel que los
usuarios habituales del Parque Roosevelt encontraron el 30 de noviembre en el
sector de juegos infantiles frente al supermercado Géant. Ese día se inició la
tala de 114 árboles en un espacio de 3,5 hectáreas. Así se confirmaba un temor
de la comisión Roosevelt para todos: la privatización del parque nacional.
Un operario les comunicó a los vecinos que se limpiaba el
terreno para “la implantación de un parque privado” de diversiones.
No obstante, la resolución municipal Nº 13/06732 del 27 de
noviembre indica que la extracción de 91 pinos pinaster y 23 eucaliptus
colorados responde a que “algunos” estaban en “peligro de caer”, según un
relevamiento técnico de la Intendencia de Canelones.
Al día siguiente, la resolución Nº 13/06768 aclaró los
términos: la intendencia otorgó un comodato precario por cuatro meses a la
empresa Blupark (Grupo del Oeste) para que acondicione el predio para la
“construcción de plateas”.
En el documento la comuna advirtió que “no genera obligación
ni responsabilidad de naturaleza alguna para la intendencia, ni otorga derechos
a la mencionada empresa, si no resultara adjudicataria”.
El concejal de Ciudad de la Costa, Fabio Bon (Partido
Nacional), dijo que es “fundamental establecer
la legalidad del acto administrativo”.
La vocera Mariana Milicevic había dicho al diario El País
que el terreno sería entregado en concesión por 29 años.
La precisión no es menor: el proyecto de un parque de
diversiones de 16 juegos –entre ellos un elevador de 17 metros de altura y un
tren fantasma “humano”– todavía no fue aprobado por la Junta Departamental de
Canelones. Es más; el lanzamiento de una licitación abreviada estaba previsto
para el viernes pasado, pero el edil Adolfo Lereté (Partido Nacional), miembro
de la Comisión Especial de Seguimiento del desarrollo del Parque Roosevelt, no
tenía noticias de esto.
“A la Junta no llegó ni notificación por la tala ni
notificación por el comodato”, afirmó.
El director interino del Parque Roosevelt, Juan Toscani,
confirmó a El Observador que Blupark ingresó al predio para construir dos
explanadas de hormigón. Más tarde se colocarán estructuras de hierro y otras
prefabricadas.
La estimación es que para “mediados o fines de enero” ya se
comience a operar. La adjudicación de la licitación abreviada solo demorará 15
días.
“La empresa empezó las obras sin compromiso. Pero por la
magnitud del proyecto, está segura que no tendrá competencia”, comentó.
La prontitud de los plazos llamó la atención de Bon: “Esto
es una adjudicación directa. Nadie va a hacer una inversión por tres meses.
Triste sería que hubiese una licitación con nombre y apellido”. El Plan Maestro
para el parque tardó 20 meses en ser aprobado por los ediles.
Cecilia Brito, integrante de la Comisión Roosevelt para
todos, adelantó a El Observador que los vecinos se movilizarán en contra de la
privatización –como ya se hizo cuando se impulsó la construcción del estadio de
Peñarol– que entienden va contra de la ley Forestal (Nº 15.939), que establece
que un parque nacional no puede ser “sometido a explotación, salvo la necesaria
para preservar el destino de interés general que motivó su creación”.
Brito recordó que en ocasión de una audiencia pública por el
Plan Maestro se denunció ante la comuna que no se divulgaron los factores de
construcción y privatización para la zona frente al Geánt.
“El Plan Maestro fue una pantalla que nos pusieron. Se nos
escondieron detalles. Se habilitaba a cualquier empresa a ocupar ese espacio”,
señaló a El Observador.
Y agregó: “Esta administración arruinó en cinco años un
parque de 100 años. Hay prostitución y todo es una mugre”. También se ha
constatado robo de árboles y la construcción de dos viviendas precarias en la
parte central que están en proceso de desalojo.
El edil, el concejal y la comisión de vecinos preparan un
recurso de amparo para detener el talado y la construcción del parque en el
predio.
Toscani apuntó que la empresa que se instale en el padrón
debe encargarse de su reforestación con especies de hoja caduca y autóctonas.
“El compromiso es que por cada árbol que se saque, se
planten dos”, explicó. Además expresó que los pinos y eucaliptos extraídos no
tenían “valor paisajístico ni estaban protegidos”.
El parque es propiedad del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca y en noviembre del 2008 se traspasó la administración a la
comuna por un plazo de 30 años.
En el convenio se lee que el traspaso quedaba sujeto a que
se mantuviera el carácter público del parque, que se prohibía la extracción de
arena, tala o poda indiscriminada y que se exigía el uso por el público general
de como mínimo dos terceras partes de la superficie de 350 hectáreas. TOMADO DE
EL OBSERVADOR DE URUGUAY
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