EE. UU. desnuda graves abusos en cárceles ticas
POR DAVID DELGADO C. / - Actualizado el 4 de marzo de
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos
desnuda los graves abusos cometidos en perjuicio de los derechos humanos de los
reos en las cárceles ticas, durante el 2013, causados por la sobrepoblación.
El documento fue publicado el jueves anterior y señala que
con un nivel de hacinamiento del 38% (lo recomendable es que no supere un 20%),
hay inadecuadas condiciones de sanidad, dificultades para la atención médica,
violencia entre presos y falta de personal administrativo y custodios.
Además, apunta que la sobreocupación dificulta la seguridad
y el control de los reos, lo que contribuye a que haya violencia. Por otra
parte, informa de que hay inadecuados espacios para descanso, colchonetas
deterioradas para dormir y abuso de drogas.
Según el informe, a agosto del 2013, había 13.694 personas
en el programa institucional, 14.942 en la comunidad, 2.125 en modalidad
semiabierta, 739 en penal juvenil y 847 mujeres.
EE. UU. llamó la atención sobre la población sin condena,
pues a junio del 2013, había 3.184 indiciados, es decir, cerca de un 23% de los
encerrados. En San Sebastián, centro con más indiciado, había 1.159 individuos,
pero solo caben 664, lo que propicia las condiciones de insalubridad.
La cárcel de San Sebastián es el centro con más cantidad de
reos sin condena. A julio del 2013, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló
que había 1.159 individuos, pero solo hay espacio para 664, lo que propicia las
condiciones de insalubridad. | MARCELA BERTOZZI.
Reacción. La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita,
aseguró recibir con preocupación el informe, pero sostuvo que el Gobierno ha
realizado esfuerzos. Por ejemplo, mencionó que el próximo mes finalizará la
ampliación de 1.250 espacios en cuatro cárceles y no han dejado de
desinstitucionalizar casos especiales para que cumplan su pena en libertad.
En octubre pasado, por ejemplo, el juez de ejecución de la
pena, Roy Murillo, ordenó la reubicación de 370 reos sentenciados en San Sebastián
a otras cárceles, lo cual provocó una salida de igual número de reos a la calle
para que les dieran campo a aquellos.
Garita señaló que el año pasado se construyó una clínica en
La Reforma, que costó ¢650 millones, y se aprobaron 200 plazas de policías.
Este año, indicó, se incluirán 100 plazas para personal técnico.
Manifestó que del préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por $132 millones, en abril sacarán a licitación la
construcción de tres unidades productivas en Nicoya que darán espacio para 550
personas, y cuatro unidades en La Reforma para 800 reos.
La ministra llamó la atención sobre el elevado ingreso de
reos a las cárceles. Según dijo, cada semana reciben 150 nuevas personas y el
sistema no tiene capacidad. “Habría que construir una cárcel cada dos meses
para atender a estas personas. Requerimos un debate sobre la política punitiva
del país, sobre el uso de la prisión preventiva y sobre los períodos de las
penas”, aseguró la funcionaria.
Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, expuso
que desde su punto de vista la situación que se vive en las cárceles es el
talón de aquiles en materia de derechos humanos en Costa Rica, lo que calificó
como ‘vergonzoso’.
El juez considera que el Poder Ejecutivo no ha tomado las
medidas apropiadas para resolver el problema. “Esto es un asunto estructural y
no podemos seguir con condenatorias individuales, la forma de atacarlo es
estructural, sin quitarle recursos del presupuesto a este sector”.
José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de
Justicia, aseguró que el informe estadounidense debe tomarse con “el debido
cuidado” para responder adecuadamente a los señalamientos que se hacen sobre
las debilidades en el cumplimiento de los derechos humanos.
Arroyo puntualizó que los jueces deben tener conciencia del
carácter excepcional de la prisión preventiva para que se aplique en casos
realmente graves, además, que el país debe volver a evaluar la pena de prisión
para los hechos de menor gravedad y discutirse la pertinencia de penas de
prisión que lleguen a los 50 años. Paralelamente, mantener una política de
construcción carcelaria. TOMADO DE LA NACION DE COSTA RICA
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