HONDURAS ES EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA DEFENDER EL
PLANETA
“La Madre Tierra, militarizada, cercada, envenenada, […]
nos exige actuar”, dijo la activista ambiental hondureña Berta Cáceres en uno
de sus últimos discursos. Y el 2 de marzo del año pasado hombres armados
entraron en su casa a la noche y la mataron a tiros. ¿Por qué? Por su campaña
en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca y
porque
“Mi mamá fue una mujer nacida en el pueblo Lenca que ha sido
asesinada por no estar dispuesta a que el color verde de nuestras montañas, que
el sonido puro y espiritual de nuestros ríos, que el canto armonizador de
los pájaros desaparezca, por ser firme y entender lo profundo y lo que
nos comunica nuestra naturaleza“, dijo Salvador Zuniga Cáceres, hijo de
Berta. Su madre lideraba un movimiento en defensa del territorio del pueblo
Lenca y luchaba para que no se construya una represa hidroeléctrica en el
río Gualcarque, sagrado para la comunidad. Ella, su familia y otros
activistas ambientales integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), habían sido amenazados muchas veces
por esta lucha, pero nadie hizo nada para protegerlos. Y a Berta finalmente la
mataron. Desde Greenpeace iniciamos una campaña para pedir el cierre del
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, exigir justicia por Berta y reclamar por
una Comisión Independiente que esclarezca el asesinato que hoy, a casi un año
de ocurrido, no ha sido resuelto.
En su último informe, la organización Global Witness
reveló que Honduras es el lugar más peligroso para defender el planeta: desde
2009 fueron asesinados 123 activistas que luchaban por la tierra y el
medioambiente. Entre ellos está Berta.
Los proyectos mineros, agroindustriales y energéticos son
los pilares de la economía de Honduras. Pero el problema principal es que se
redujeron los controles ambientales, se privatizaron los recursos hídricos y se
pasó por alto a las comunidades. No se cumple el derecho de los pueblos
de ser consultados por el uso de sus recursos naturales. Por el contrario, se
los amenaza y, si no ceden, se los mata. Y, como si esto fuera poco, las
investigaciones de los asesinatos nunca se resuelven por la corrupción y el
encubrimiento.
Estados Unidos y otros países canalizan dinero hacia
Honduras a través de paquetes de ayuda que se usa para financiar a los
proyectos económicos que ponen en peligro la vida de los activistas
ambientales. Es un círculo vicioso: Estados Unidos financia a
instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación
Financiera Internacional que son los que invierten en infraestructura y
proyectos hidroeléctricos en Honduras. Para que esos proyectos se lleven
adelante es necesario que nadie se interponga y, si las comunidades lo hacen,
se las amenaza y mata para que dejen de hacerlo. En teoría el 50 % de
la financiación directa de Estados Unidos al Gobierno de Honduras está
condicionada a que el país cumpla sus obligaciones de derechos humanos, lo que
incluye permitir que los activistas “operen sin interferencias” . Pero esto no
ocurre: nadie protege a los activistas ambientales. Y, a pesar de las muertes,
Estados Unidos sigue aprobando el desembolso de fondos para Honduras.
Esta situación no solo se da en Honduras sino que se
replica en el resto de Latinoamérica. El caso de Berta Cáceres es representativo
de la criminalización y persecución que sufren los defensores del
medioambiente y los derechos humanos en América Latina.
Leé más sobre el caso de Berta Cáceres acá.
Tomado de envio en red foroba
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