Infraestructura en América Latina|
Un llamado a la reflexión sobre el rol del Banco Mundial en
Latinoamérica
Por: Vanessa Torres, abogada- investigadora en la Asociación
Ambiente y Sociedad-Colombia
Recientemente, el Banco Mundial ha sido noticia en el ámbito
internacional por las declaraciones de su execonomista jefe, Paul Romer, sobre
las alteraciones que realizó esta organización a su ranking de competitividad
empresarial Doing Business. Dicha herramienta mide, desde el año 2002, la
facilidad de hacer negocios en 190 países; los datos que ofrece son tenidos en
cuenta como fuente primaria en materia de inversión y desarrollo a nivel global
y gozan de gran reconocimiento. Puntualmente, en una entrevista que ofreció a
The Wall Street Journal Romer reconoció la alteración de la clasificación
otorgada a Chile por el Banco desde el año 2014, realizada por motivaciones
políticas en contra del gobierno de Michelle Bachelet, y ofreció una disculpa
al país y a “cualquier otro país en donde se haya transmitido una impresión
equivocada” (ADNradio.cl 16 de enero de 2018).
Esta noticia no solo tuvo como consecuencia la renuncia del
experto analista de la economía internacional; también puso sobre la mesa el
debate planteado desde las organizaciones de la sociedad civil al Banco sobre
los criterios de objetividad de los datos utilizados por esta institución para
realizar sus informes y la importancia de establecer mecanismos de acceso a la
información pública, participación y seguimiento directo, por parte de la
sociedad civil, de los análisis y la información técnica de los diferentes
préstamos que estas instituciones conceden a los países de la región.
Otro ejemplo ocurre con las asociaciones público-privadas
(APP), figura muy empleada para el desarrollo de infraestructura en la región,
respecto la cual el Banco Mundial ha dado un apoyo directo a los gobiernos
latinoamericanos para crear el marco legal, definir su implementación y usarlo
para la financiación de proyectos específicos (como ocurre en el caso de
Colombia).
Frente al “Marco para la divulgación de información en las
alianzas público-privadas del Banco Mundial” — que fue publicado en diciembre
de 2015 presentado a consulta hasta febrero de 2016— Ambiente y Sociedad y
organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertenecientes a más de
20 países elaboramos un documento de posición en que exigimos transparencia
desde el momento en que un proyecto es elegido para ser APP y se realice la
publicación de los costos de las obras financiadas a través de esta figura
—incluyendo, por supuesto, los pasivos—, lo cual permitiría tener un verdadero
panorama de los altos riesgos y costos que este tipo de obras pueden generar a
los gobiernos y a sus ciudadanos.
Estos procesos de seguimiento ciudadano se tornan urgentes
con las alianzas o asociaciones público privadas, que, en resumen, son aquellos
contratos celebrados entre el sector público y el privado en el que parte de
los servicios o labores que tradicionalmente eran responsabilidad del Estado
empiezan a ser suministrados por el privado para el abastecimiento de
infraestructura o servicios públicos. En Colombia, la totalidad de la cartera
de vías de cuarta generación o 4G ha adoptado este tipo de contrato. Solo para
contextualizar su importancia, podemos recordar el proyecto de navegabilidad
del río Magdalena, que fue parte del escándalo de corrupción de Odebrecht y
está actualmente detenido, lo que ha causado la renuncia de tres directores de
Cormagdalena en menos de dos años. Y también la Ruta del Sol, proyecto
caracterizado por enormes retrasos, irregularidades en materia de costos de la
obra e impactos socio-ambientales, entre otros, al punto que se le ordenó a la
Nación tomar posesión de las obras por la incapacidad de la empresa privada
encargada para ejecutarlo (nuevamente Odebrecht), pero sin que los ciudadanos
sepamos cuánto nos costarán estos
incumplimientos.
A pesar de estos ejemplos, el “Marco para la divulgación de
información en las alianzas público- privadas del Banco Mundial” destacó a
Colombia como uno de los países que cumplían los estándares en materia de
acceso a la información de APP a nivel global y lo ubicó entre los primeros
lugares. Esta calificación contrastaba con la inexistencia en ese entonces (año
2015) del Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUAPP), que empezó a
funcionar en el primer trimestre de 2016 y a la fecha no presenta datos
técnicos de los proyectos ni de monitoreo sobre la ejecución de los mismos,
pese a que el marco regulatorio está vigente desde el año 2012.
Este es solo un ejemplo más de los casos que ponen en duda
la objetividad y exactitud en los datos suministrados por parte del Banco
Mundial en aspectos clave que debieran contener sus informes de certificación
sobre aquellas estrategias, figuras o proyectos que les interesa promover al
interior de nuestros países. Sin embargo, también es la oportunidad de hacer un
llamado a la apertura al diálogo por parte de estas instituciones con la
sociedad civil latinoamericana, que reconoce a instituciones como el Banco
Mundial como actores principales en su agenda de incidencia —dado que son
quienes financian una visión de desarrollo económico extractivo—, frente a los
cuales está dispuesta a establecer caminos de diálogo técnico y monitoreo para
garantizar un concepto de desarrollo sustentable que respete el marco de
derecho internacional del que estas instituciones hacen parte. TOMADO DE EL
ESPECTADOR DE COLOMBIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario