Pueblos originarios pasan a segundo plano
Ruy D’Alencar
Gobierno busca agilizar exploraciones en territorios
indígenas y áreas protegidas.
El gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena de
Bolivia, tiene dos momentos. Primero, del 2006 al 2010 otorga protección a los
22 parques nacionales que hay en el país y a los territorios donde se asientan
las 38 etnias reconocidas por la Constitución Política del Estado del 2009,
impulsada por Morales. Segundo, del 2010 en adelante, cuando se produce un
cambio de 180° en la política hacia las comunidades originarias.
En agosto del 2006, al inicio de su primera gestión el
presidente Evo Morales nacionalizó las concesiones de riqueza forestal,
aurífera y gasífera en las áreas protegidas del país en un acto cargado de
símbolos cerca del Parque Nacional Madidi, al noroeste de Bolivia. Flanqueado
por militares, Morales declaró que las áreas protegidas volvían a manos del
Estado y de los pueblos indígenas para ser protegidos.
Como un día histórico fue llamado por el gobierno boliviano
el día de la asunción de Morales a su segundo mandato en enero del 2010 por
considerar que en esa fecha se produjo el renacimiento de Bolivia como Estado
plurinacional de fuerte presencia indígena, en el marco de una nueva
Constitución y de una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En ese contexto, la adopción de la plurinacionalidad plantea
el inicio de una nueva institucionalidad estatal indígena.
Los pueblos indígenas cuentan con siete curules en la ALP,
tienen el reconocimiento de autonomías indígenas en sus comunidades y se
respeta sus parámetros de usos y costumbres en la justicia. Todo eso se
consiguió en el primer gobierno de Morales, explica Pedro Nuny, exdiputado
indígena del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
El artículo 30 de la Constitución, en su inciso 15,
establece que los pueblos originarios tienen derecho a “ser consultados
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el
derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe
y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables
en el territorio que habitan”.
Siete años después, se produjo un cambio importante en el
gobierno del cambio, lo que representa un quiebre en la institucionalidad
estatal indígena.
De la protección al extractivismo
Durante el III Congreso de Gas y Petróleo de Bolivia,
realizado en la ciudad oriental de Santa Cruz el 22 y 23 de mayo, el
vicepresidente Álvaro García Linera reveló que el gobierno planea “explorar en
los parques nacionales en busca de reservas hidrocarburíferas” y reclamó
celeridad en las exploraciones, ante la atenta mirada de ejecutivos de Repsol
de España, Petrobras de Brasil e YPF de Argentina.
El titular de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, planteó en el mismo congreso reducir los
plazos para obtener la licencia ambiental para operaciones petroleras, agilizar
las consultas a pueblos indígenas en parques nacionales y viabilizar la
exploración donde haya comunidades.
Sin embargo, el sociólogo boliviano José Mirtembaum explicó
que “no hay bosques sin indígenas, ni pueden vivir los indígenas sin bosques”,
respecto a la interdependencia entre pueblos originarios y territorios
ancestrales, generalmente ubicados en áreas protegidas.
Si se parte de este análisis, la propuesta de explorar y
explotar hidrocarburos en parques nacionales constituye un dilema entre el
aprovechamiento económico y la subsistencia de las comunidades que recibirán
los impactos ambientales.
“Para mí, esa posición de querer abrir exploración petrolera
o minera en un parque como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) revela una decisión gubernamental de priorizar los ingresos
antes que la subsistencia de los pueblos”, sostiene Fernando Vargas Mozúa,
presidente del TIPNIS, antes aliado de Morales y ahora opositor a su gobierno
debido un proyecto vial estatal que atravesará ese territorio protegido.
En los últimos tres años, tres marchas indígenas de protesta
ligadas a la gestión de áreas protegidas marcan la ruptura de relaciones entre
el gobierno y dirigentes como Vargas y Adolfo Chávez, presidente de
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), una de las
organizaciones que sustentó las propuestas de reforma del MAS.
Para Nuny, en siete años de gestión, Morales se movió en un
vaivén “del discurso de protección de la Madre Tierra al extractivismo, algo
que criticó de anteriores presidentes”.
Melva Hurtado, presidenta de la CIDOB afín al gobierno, organización
paralela constituida en julio del 2012, asegura que hay indígenas que quieren
aprovechar los recursos naturales de sus territorios y áreas protegidas y que
otros dirigentes indígenas “quieren vetar el progreso de mis hermanos para
beneficiarse sólo ellos”.
Por su parte, García Linera, en el congreso de gas y
petróleo, sostuvo que varias declaratorias de áreas protegidas surgieron en la
década de los 90, en “tiempos neoliberales” y fueron hechas por personas a las
“Respetamos la Madre Tierra, pero no vamos a vivir como hace
300 años, por lo que el gobierno va a usar esa riqueza cuidando de cumplir con
las normas de mitigación del daño ambiental”, dijo.
Según los inversionistas, como el artículo 30 de la
Constitución hay otros más que son una “traba” para avanzar en exploración y
explotación de gas y minerales en los territorios donde están asentados pueblos
originarios. Por ello, el vicepresidente pidió a Villegas “destrabar” los
procedimientos para la exploración.
“La exploración es para ayer; estamos atrasados en todo”,
dijo, dirigiéndose en tono de reclamo a Villegas, en el congreso de
hidrocarburos.
Derechos indígenas dejados de lado
He aquí una paradoja que confronta el gobierno que ahora
busca inversiones para exploración en áreas protegidas y tierras comunitarias
de origen, porque la Constitución incluyó candados legales que protegen los
derechos de los indígenas a participar y a ser consultados sobres el uso de las
riquezas que hay en el suelo donde viven.
Sin embargo, luego de la Cumbre sobre el Cambio Climático y
Derechos de la Madre Tierra, organizada por el gobierno en abril del 2010 en el
céntrico departamento de Cochabamba, empezaría un distanciamiento entre
gobernantes y pueblos originarios debido a las diferencias sobre la gestión de
áreas protegidas y territorios, algo que hoy desembocó en una ruptura
definitiva tras el pedido de exploración en esas zonas por parte del
vicepresidente.
Entre las conclusiones más sobresalientes de la cumbre se
planteó que los países detengan las iniciativas en bosques y selvas “basados en
mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados”.
Se propuso exigir a los gobiernos “un programa mundial de restauración de
bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos,
implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona” y se
estableció que “los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y
apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga
urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”.
Tres años más tarde, no sólo se plantea abrir carreteras que
atraviesen zonas protegidas, sino que se alienta la exploración y extracción de
hidrocarburos. Y mientras los inversionistas aplauden, los indígenas observan
con desconfianza. — tomado de envío de Noticias Aliadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario