Cómo funciona la educación superior gratuita en los países
de América Latina
Chile es el país que tiene "más privatizada" la
educación terciaria y cerca del 80% de la matrícula estudia en una institución
privada.
por Javiera Herrera “La excepción, hoy en día, es Chile”.
Cristóbal Villalobos, académico de la U. Diego Portales, describe así el
panorama de la educación superior en América Latina. Esto, porque “si se ven
los países de la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o
bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno”, dice el también
investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación. Y ejemplifica con
Uruguay, Venezuela y Argentina.
En cambio, en Chile, sólo 16 de las 60 universidades son
estatales y sus aranceles pueden bordear hasta los $ 4,8 millones en las
carreras de la salud. También hay nueve instituciones “públicas no estatales”,
que fueron creadas antes de 1981, cuyos valores son similares a las estatales,
y luego están las privadas, donde los alumnos pueden pagar hasta $ 6 millones
al año, si es que no cuentan con alguna beca de arancel.
En materia de gratuidad, en 2013, las autoridades del
Mineduc entregaron 276 mil becas de aranceles, aunque en la mayoría de los
casos éstas no cubren el total del valor de la carrera. Si a ello se suman los
créditos (Fondo Solidario y Con Aval del Estado), la inversión alcanza a $ 980
mil millones y la cobertura se extiende al 53% de los alumnos.
Situaciones como estas son las que, de aquí a seis años,
deberían cambiar debido al anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de
gratuidad universal en la educación terciaria.
Es por eso, además, que la situación de la educación
superior en la región cobra relevancia, considerando también que esta semana
los rectores de los planteles estatales le solicitaron al ministro del ramo que
la gratuidad en el sistema se iniciara por ellas.
BIEN PUBLICO SOCIAL
“La Educación Superior es un bien público social, un derecho
humano y universal y un deber del Estado”, se indicó en la Conferencia regional
del área, realizada por la Unesco en 2008. En dicha instancia también se señaló
que la enseñanza terciaria, “se enfrenta a corrientes que promueven su
mercantilización y privatización”, punto que es abordado por Gonzalo Zapata,
investigador del Centro de Políticas y Prácticas de la Educación (Ceppe) de la
UC.
“Más allá de las diferencias en América Latina, la tendencia
generalizada de las últimas décadas ha sido hacia la creciente privatización en
toda la región. En comparación con el resto del mundo, América Latina tiene la
proporción más alta de instituciones y matrícula atendidas por el sector
privado”, señala.
De hecho, según el investigador de la U. Diego Portales, de
los 24 millones de alumnos terciarios que hay en América Latina, cerca del 50%
estudia en un plantel privado y cerca del 80% de la matrícula chilena lo hace
en un plantel de ese tipo.
A pesar de eso, Zapata señala que la oferta pública “es
financiada directamente por el Estado (...), y ésta prima fundamentalmente en
aquellos países en los que existen sectores públicos importantes”.
Uno de los países que tiene una baja cifra es Argentina,
país que desde los años 1950 tiene abiertas las universidades públicas a todos
los connacionales.
Este modelo es uno de los más citados en Chile, pero Marcelo
Rabossi, profesor de la U. Torcuato di Tella, de Buenos Aires, publicó en la
revista Higher Education que edita el Ceppe que, de los 1,4 millones de alumnos
que están en esas 54 universidades, “el 22% de todos los alumnos logra graduarse”,
y añadió que “en más de un tercio de las universidades públicas de Argentina,
las tasas de abandono superan el 80%”, por lo cual se han debido desarrollar
distintas políticas para limitar la deserción, como crear carreras más cortas y
técnicas.
Villalobos señala que México es otro país donde hay
universidades gratuitas, pero allí es el Estado quien financia directamente los
planteles. Mientras que en Uruguay, tras el egreso de la U. de la República, la
única universidad pública (junto a cinco instituciones privadas), los
estudiantes deben realizar un aporte al plantel.
En Brasil, donde las universidades federales superan las 60,
pero también hay planteles públicos, estatales y privados, también se
implementó un sistema de gratuidad en las que dependen de los estados
federales. En ellas se implementó, según Villalobos, un sistema de cuotas para
que hasta el 50% de la matrícula provenga de las escuelas públicas.
En Ecuador, en la década pasada, hubo un fuerte aumento de
las instituciones privadas, en desmedro de las estatales. Sin embargo, en 2010,
se instauró la gratuidad buscando asegurar la calidad de las instituciones y la
inclusión, con resultados “positivos”, según sus autoridades. DESAFIOS Francisco
Javier Gil, director de la Cátedra Unesco-Usach, señala que “la gratuidad no va
a garantizar mayor inclusión, si es que no se hace una profunda reforma al
sistema de ingreso”. Esto, porque si es que se exigen, por ejemplo, 650 puntos
PSU para un cupo a la universidad, “los dejas a casi todos fuera”.
Zapata señala, por otro lado, que “la educación superior
necesita de política, con claros objetivos, controles y financiamientos acordes
al diseño. Uno de los errores más recurrentes en la región ha sido el
crecimiento desregulado de la educación superior, muchas veces financiado
pobremente, sin evaluación, acompañamiento ni control”.
Mientras, el experto en educación José Joaquín Brunner
señala en su paper “Nuevas dinámicas de educación superior latinoamericana”,
que en cuanto al acceso, hay que “tomar en cuenta las consecuencias de un
ingreso masivo. En particular que, por un tiempo, un mayor número de
estudiantes vendrá de hogares ubicados en los últimos tres quintiles de
ingreso, cuyo capital económico, social y cultural es reducido”. TOMADO DE LA
TERCERA DE CHILE
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