Los préstamos del Banco Mundial y la gestión ambiental en
el Perú: Algunos efectos (in)esperados
- DAR
estuvo presente en las Reuniones Anuales del Banco Mundial (BM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI) como panelista invitado para comentar
acerca de los efectos que han tenido los préstamos del Banco Mundial en la
gestión de los recursos naturales en el Perú.
- Se
hizo una análisis de la relación entre los préstamos del BM al Perú y la
aprobación de la Ley N°30230.
- El
evento “Development Policy Financing: Opportunities for Low-Carbon,
Pro-Poor Outcomes” contó con la participación de Korinna Horta de la ONG
Urgewald, Heike Mainhardt del Bank Information Center (BIC) y de Hassan
Zaman del Operations Policy and Country Services del Banco Mundial.
- En
el panel se presentó el estudio World Bank Development Policy
Finance and Climate Change: Is the Bank providing the Right Incentives for
Low-Carbon Development in Peru? Realizado por el BIC, próximo a
publicarse.
Los DPL[1] son instrumentos crediticios usados por el BM que
se entregan en el marco de su Estrategia de Ayuda a Países (CAS[2]) siempre y
cuando el país en cuestión cumpla con a) mantener un marco macroeconómico
adecuado a las recomendaciones del BM y el Fondo Monetario Internacional, b)
implementar la totalidad de las reformas sugeridas y c) cumplir con acciones
preparatorias estipuladas por el Banco[3].
Harlem Mariño, especialista de DAR, puso a discusión dos de
estos DPL y sus efectos sobre la normativa socioambiental peruana. El primero
de ellos, destinado a potenciar el capital humano y la
productividad exigía, como condición previa, la eliminación
de “normativas, procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos
públicos en cualquier nivel de gobierno”[4], tuvo como consecuencia
directa el debilitamiento de la capacidad operativa de la recientemente creada
OEFA[5] para prevenir y sancionar infracciones ambientales al promover la
aprobación de la Ley N°30230[6].
Con respecto a este caso, señaló que el problema central
radica en la poca voluntad que ha mostrado el BM para desarrollar un sistema de
monitoreo de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos que se
produjeron producto de sus DPL. Esto se pone en evidencia luego de
evaluar la poca capacidad del Estado Peruano para reaccionar adecuadamente
frente a los derrames ocurridos a todo lo largo del Oleoducto Norperuano.
La respuesta de los representantes del BM fue pobre. No
consideró la existencia de una conexión entre los incentivos directos e
indirectos que ha generado respecto a estos temas señalando que sus DPL apoyan
políticas generales y no proyectos específicos. Sin embargo, ocurre una
situación similar con el segundo DPL analizado[7]. Este instrumento financiero
tuvo como objetivo promover la mejora del marco legal que regula las
Asociaciones Público-Privadas (APP), con la intención de agilizar la puesta en
marcha de proyectos necesarios para el desarrollo del país. El incentivo
económico tuvo resultados cuantitativos: Del 2011 al 2014 se prestaron 15 mil
millones de USD para financiar APP en el Perú. El 45% de este total fue para
proyectos energéticos. En este caso, un sistema de evaluación de riesgos de
parte del BM hubiera permitido advertir que el Perú no cuenta con un marco
regulatorio adecuado para las energías renovables. En efecto, los proyectos financiados
fueron hidroeléctricas e hidrocarburos, promoviendo actividades que van en la
línea contraria a la de sus objetivos. Recordemos que el Banco se ha
comprometido con la lucha contra el cambio climático, en la que invierte gran
cantidad de recursos[8].
Un caso emblemático es la APP que dio origen al Gasoducto
Sur Peruano. En este caso se definió que sean los consumidores los que asuman
el riesgo en caso de que la empresa no alcance los márgenes de ganancia
comprometidos. Esto finalmente ocurrió y los cálculos del BIC indican que entre
el 2002 y el 2008 los usuarios un subsidio equivalente a 430 millones USD.
El año pasado las Reuniones Anuales del BM y el FMI se
realizaron en Lima, que paralelamente provocó una de las movilizaciones más
grandes de los últimos años. La marcha “Desmintiendo el Milagro Peruano”
convocó a sindicatos, organizaciones indígenas, sociedad civil nacional e
internacional y movimientos juveniles, culminó con la entrega de un
pronunciamiento a la alta dirigencia de ambas instituciones financieras que
enfatizaba, entre otras cosas, la responsabilidad del BM en el proceso de
debilitamiento de estándares socioambientales.
DAR junto a otras organizaciones de la sociedad civil
considera que si los DPL han de cumplir con sus objetivos, y no tener impactos
indeseados, deben contar con instrumentos de medición de riesgo socioambiental;
sin ellos, el objetivo del Banco de acercar al Perú al club de los países que
han encontrado un equilibrio entre la promoción de las inversiones y la
sostenibilidad ambiental se aleja.
[1] Development
Policy Loan.
[2] Country Assistance Strategy.
[4] Boosting human capital and productivity development
policy financing with a deferred drawdown option: $1.25 billion USD.
[5] Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
[6] Esta ley fue resultado, entre otras cosas, de la Acción
Previa N° 6 del DPL que buscaba darle mayor poder a INDECOPI para eliminar
“normativas, procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos
en cualquier nivel de gobierno”.
[7] DPL 2. Public Expenditure and Fiscal
Risk Management DPF-DDO: $1.25 billion USD.
[8] "Para avanzar en esa dirección, se requieren transformaciones económicas y encaminarse hacia la eliminación total
de emisiones netas (i) antes de fines de siglo". Fuente: www.bancomundial.org/es/topic/ climatechange/overview
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