GUERRA, HAMBRE Y
MIEDO, LOS MALES QUE CONFINAN EL BAUDÓ
Mujer embera cocina maíz y plátano para su sustento y el de
su familia en la comunidad Tassi. FOTO
Donaldo Zuluaga
Calles del resguardo indígena de Puesto Indio.
Habitantes del Medio Baudó. 50 mil pesos cobran los grupos
ilegales al campesino para permitir mover el combustible.
Habitantes del Medio Baudó.
EN DEFINITIVA
Las comunidades del Alto y Medio Baudó se encuentran
confinadas por las acciones de los grupos armados ilegales. Piden atención
estatal y más intervención en sus territorios.
Puerto Meluk es un pueblo pequeño, pero parece un infierno
grande. La carretera que llega de Quibdó, en el Chocó, termina abruptamente en
las aguas del río Baudó, y en este paraje, donde el sol curte la piel de sus
habitantes y se llega después de cuatro horas en camión, los negocios se
cierran con cerveza en mano y con sacos de arroz repletos de billetes.
Es un territorio de senderos sin pavimentar y casas
construidas sobre estacones, levantadas entre la miseria; equipos de sonido
hacen retumbar las paredes de madera, y el puerto, que hace las veces de cancha
de fútbol, se ha convertido en el sitio de salida de los cargamentos de coca
hacia el Pacífico. Las lanchas zarpan cuando el sol se oculta y río abajo
llegan a Pizarro, también en el Chocó, donde las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia reciben “la mercancía que se irá al exterior”.
Entre el bullicio de la calle principal, donde puede
comprarse un pollo para almorzar, encontrar una camisa, conseguir herramienta
para una lancha, buscar una gorra y pedir una aspirina, Iván*, un negro
corpulento y bajo, toma jugo de yuca en leche para mitigar el calor de las dos
de la tarde. Habla poco, pero cuando lo hace gesticula tanto, que puede verse
hasta el último de sus dientes blanqueados, según él, por el calcio que le da
comer pescado por años.
—¿Usted vio el puerto? Hombe (sic) allá se cierran los
negocios. Esa gente está por ahí y son los que mandan. Ellos imponen las normas
y el que se salga se puede morir.
—¿Y están uniformados?
—No, responde, pero uno sabe quiénes son, andan en moto
grande, y por ese lado es mejor tener cuidado para no meterse en problemas.
—¿Y la Policía?
—Ellos por acá ni vienen. Tienen puesto pero no se asoman,
además son pelaos traídos de quién sabe dónde.
Y es cierto. El comandante de la estación tiene 25 años, y
sus agentes son jóvenes recién salidos de la escuela que terminaron en este
pueblo caluroso sin conocer los motivos que concluyen con un solo argumento:
“nos pusieron como carne de cañón”.
***
Las reglas de las que habla Iván en tono muy bajo son
impuestas por los paramilitares que deambulan en Puerto Meluk, cabecera
municipal del Medio Baudó, y van desde la restricción de salir a altas horas de
la noche y moverse por ciertos territorios, hasta la prohibición del consumo de
drogas, el castigo público al que robe, el cobro de 50.000 pesos por tambor de
gasolina movido por el río, y un impuesto entre el 10 % y el 20 % a cualquier
insumo que se mueva en las aguas del caudaloso Baudó.
“Los paramilitares mandan por acá, y hasta ustedes los
periodistas deben tener cuidado para no tomar fotos donde no deben para no
meterse en un problema”, explica María*, esposa de Iván, dueña de una de las
tiendas de cachivaches de Puerto Meluk.
Confinados por el miedo
El día del tiroteo en el resguardo indígena Tassi, en el
Alto Baudó, el profesor John Hamilton Sabugara Forastero tomó los niños que
pudo y se encerró con ellos en una de las viviendas de su familia. Los otros
corrieron a la selva a esconderse del “dum que rompe el aire y rasga el
cuerpo”.
Los paramilitares llegaron hasta el caserío y dentro de la
población abrieron fuego contra una columna del Eln que entró a la fuerza a
esta comunidad. Fue a las dos de la tarde del 23 de junio de 2014 cuando los
indígenas llegaban de sembrar, y hoy, casi tres años después, el jaiperabú,
como llaman al miedo, aún persiste entre los embera.
“Fue tremendo susto porque uno no conoce el combate ni la
violencia y uno por los tiros se asusta. Todos los niños corrían pal monte
(sic) y eso lo conocimos la primera vez”, recuerda Hamilton.
Este episodio se repitió un año después, esta vez en un
territorio sagrado para esta comunidad que ellos identifican como Ana Dolores
Mendoza. En este sitio, donde se encuentran las plantas sagradas y no puede
cazarse, las Autodefensas Gaitanistas se enfrentaron al Eln. Desde entonces, al
jaibaná no lo abandona la tristeza, y este hecho produjo el desplazamiento
masivo.
“Llegaron actores armados del Eln y exigieron a la
comunidad, hablaron de restricciones de andar por la selva porque los caminos
están minados, entonces los civiles no pueden ir a los bosques”, precisa el
gobernador embera Jeisson Mecha.
Se desplazaron sin retorno
Después de sonar el último disparo, 24 familias de esta
etnia se embarcaron en sus canoas y se fueron río abajo. Llegaron a la
comunidad Puesto Indio, un terreno encumbrado al lado del río Cugucho al que se
llega después de navegar durante nueve horas por un río en el que toca bajarse
a caminar ante la ausencia de las lluvias, y cuyo lecho seco deja al
descubierto las piedras lisas.
En este resguardo, los niños indígenas caminan desnudos por
las calles de barro seco, amarillo; juegan fútbol con un cojín cuadrado de
espuma y muchas de sus mujeres parecen ancianas, pues su piel arrugada y sus
pechos caídos de amamantar a los hijos les da un aspecto de senectud.
La hambruna se ha apoderado de ellos, tanto, que en cada
casa se ven los perros famélicos husmeando los fogones calientes en los que
cocinan plátano con sal, el único alimento que los sostiene en un territorio en
el que no pueden cazar, cultivar o pescar.
Dairo Palacio Lizarda, personero de Pie de Pató, cabecera
municipal del Alto Baudó, territorio al que pertenecen las comunidades
indígenas de Tassi, Puesto Indio y otras a lo largo del río Cugucho, explica
que en el momento el miedo es generalizado y han recibido declaraciones de
comunidades que expresan nerviosismo por la presencia de grupos armados,
específicamente del Eln.
“El estado de confinamiento de las comunidades lo primero
que genera es que no salgan a cazar ni a pescar, no pueden cultivar y ellos se
limitan a lo que puedan encontrar en sus parcelas que solo es maíz y plátano.
No van más allá porque se pueden encontrar en la selva a los grupos y eso ha
generado una crisis alimentaria”, cuenta el personero municipal.
Las comunidades no quieren volver. Algunos indígenas
retornaron a su terruño y no hallaron nada de lo que tenían. La selva se tragó
sus casas de madera, la maleza se trepó por las tablas y techos y los grupos
armados ilegales se llevaron los cerdos y las gallinas, lo poco que tenían para
sobrevivir.
Volvieron a entrar
El resguardo de Puesto Indígena está compuesto por dos
cuadras largas de casas de madera y un rancho grande en el que los comuneros
realizan sus rituales ancestrales.
En el río las mujeres hacen la limpieza de la ropa de sus
hombres y toman el agua para cocinar, lavar los platos y bañarse. Su río les
duele, la contaminación por mercurio generada por la minería les ha ido
acabando el pescado y hoy ya no encuentran las especies de 30 y 40 centímetros.
Lo que pescan son gañuto (pescado pequeño) que no les alcanza para alimentarse
bien.
La situación de esta comunidad volvió a agravarse después
del 9 de enero pasado cuando integrantes del frente Resistencia Cimarrón
llegaron al caserío, amenazaron con granadas y fusiles, estrujaron a los
habitantes y preguntaron por el gobernador.
“Todo fue confusión. Ellos llegaron y dijeron que se tenía
que presentar o las cosas iban a ser peores. Nos decían que éramos
colaboradores de los paramilitares y nosotros no somos colaboradores de nadie,
ni de la guerrilla ni de los otros grupos”, cuenta uno de los habitantes del
lugar.
Esta nueva irrupción en las comunidades generó más terror,
tanto que el personero Palacio cree que hay un inminente desplazamiento y el
riesgo de reclutamiento por los golpes dados por la Fuerza Pública al Eln.
Para evitar ese reclutamiento, los niños embera han optado
por hacer parte de la Guardia Indígena, una entidad que vela por el bienestar
del territorio, hace respetar las normas y exige a los grupos armados lejanía de
sus áreas para evitar la estigmatización por los actores del conflicto armado.
Llevan chaleco y pañoleta verdes, y un bastón de mando que
les representa la autoridad, y aunque quieren mantenerse alejados de la guerra,
su fantasma los persigue: ellos han tallado su bastón en forma de fusil de
grupo armado.
“También somos país”
Hace poco menos de dos meses que las comunidades del Medio y
Alto Baudó no ven en sus ríos a los integrantes del Ejército. El personero
Palacio asegura que fueron retirados y que los pocos policías que hay en el
municipio no dan la sensación de seguridad exigida por esa población, golpeada
por los actores violentos desde 1995, año en el que se establecieron los
primeros grupos de Autodefensa en una zona dominada por años por la subversión.
La guerra fue a muerte y dejó el territorio con el 95 % como víctimas del
conflicto armado, muchas de ellas sin reparar.
Dice la alcaldesa de Pie de Pató, Carmen Elisa Londoño
Mosquera, que la situación es tan crítica, “que por eso estamos haciendo lo que
podemos, lo humanamente posible, tocando puertas a ver cómo empezamos a mitigar
la situación en todos los sentidos, orden público, seguridad social, inversión
social”.
Agrega la mandataria, una negra alta con cabello trenzado y
de contextura gruesa, que saluda en cada casa de su municipio, que el Baudó es
Colombia “y acá hay personas que necesitamos el apoyo del Gobierno, nuestra
gente pide a gritos la voz del Estado”.
En esas selvas profundas del Chocó la gente siente que su
tierra ya no les pertenece. El miedo que ronda por sus ríos y campos les ha
quitado sus costumbres ancestrales, y el jaiperabú les quita el sueño, más
cuando los perros delatan su presencia en las noches silenciosas de sus
territorios.
DICEN DE...VÍCTIMAS SIN REPARACIÓN
El enlace de víctimas del Alto Baudó, Francisco Javier
Mosquera, explicó a este diario en el recorrido por este municipio, que el
abandono estatal los ha llevado hasta la situación de no tener un espacio para
atender a las víctimas. “El Estado no ha sido muy presente ni ha tenido la más
mínima participación con el Alto Baudó, por el desplazamiento masivo en el
municipio, y no contamos con un punto para atender las víctimas y decirles:
usted tiene derecho a esto, se le va a solucionar esto porque el Estado no lo
proporciona. A las personas les brindamos una atención humanitaria inmediata
que es la primera fase y posteriormente se les orienta sobre cuáles son los
derechos que él como víctima tiene y no volverlos a revictimizar. Además las
víctimas no han sido reparadas y ellos han hecho la solicitud para obtener las
ayudas como desplazados”.
JAVIER ALEXÁNDER MACÍAS Amo el periodismo, y más si se hace
a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia.
Egresado de la Universidad de Antioquia. TOMADOD E EL COLOMBIANO
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