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fotografia de Italia , autor luis pedro mujica

sábado, 4 de febrero de 2017

GUERRA, HAMBRE Y MIEDO, LOS MALES QUE CONFINAN EL BAUDÓ COLOMBIA

 GUERRA, HAMBRE Y MIEDO, LOS MALES QUE CONFINAN EL BAUDÓ
Mujer embera cocina maíz y plátano para su sustento y el de su familia en la comunidad Tassi.  FOTO Donaldo Zuluaga
Calles del resguardo indígena de Puesto Indio.
Habitantes del Medio Baudó. 50 mil pesos cobran los grupos ilegales al campesino para permitir mover el combustible.
Habitantes del Medio Baudó. 
EN DEFINITIVA
Las comunidades del Alto y Medio Baudó se encuentran confinadas por las acciones de los grupos armados ilegales. Piden atención estatal y más intervención en sus territorios.
Puerto Meluk es un pueblo pequeño, pero parece un infierno grande. La carretera que llega de Quibdó, en el Chocó, termina abruptamente en las aguas del río Baudó, y en este paraje, donde el sol curte la piel de sus habitantes y se llega después de cuatro horas en camión, los negocios se cierran con cerveza en mano y con sacos de arroz repletos de billetes.
Es un territorio de senderos sin pavimentar y casas construidas sobre estacones, levantadas entre la miseria; equipos de sonido hacen retumbar las paredes de madera, y el puerto, que hace las veces de cancha de fútbol, se ha convertido en el sitio de salida de los cargamentos de coca hacia el Pacífico. Las lanchas zarpan cuando el sol se oculta y río abajo llegan a Pizarro, también en el Chocó, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia reciben “la mercancía que se irá al exterior”.
Entre el bullicio de la calle principal, donde puede comprarse un pollo para almorzar, encontrar una camisa, conseguir herramienta para una lancha, buscar una gorra y pedir una aspirina, Iván*, un negro corpulento y bajo, toma jugo de yuca en leche para mitigar el calor de las dos de la tarde. Habla poco, pero cuando lo hace gesticula tanto, que puede verse hasta el último de sus dientes blanqueados, según él, por el calcio que le da comer pescado por años.
—¿Usted vio el puerto? Hombe (sic) allá se cierran los negocios. Esa gente está por ahí y son los que mandan. Ellos imponen las normas y el que se salga se puede morir.
—¿Y están uniformados?
—No, responde, pero uno sabe quiénes son, andan en moto grande, y por ese lado es mejor tener cuidado para no meterse en problemas.
—¿Y la Policía?
—Ellos por acá ni vienen. Tienen puesto pero no se asoman, además son pelaos traídos de quién sabe dónde.
Y es cierto. El comandante de la estación tiene 25 años, y sus agentes son jóvenes recién salidos de la escuela que terminaron en este pueblo caluroso sin conocer los motivos que concluyen con un solo argumento: “nos pusieron como carne de cañón”.
***
Las reglas de las que habla Iván en tono muy bajo son impuestas por los paramilitares que deambulan en Puerto Meluk, cabecera municipal del Medio Baudó, y van desde la restricción de salir a altas horas de la noche y moverse por ciertos territorios, hasta la prohibición del consumo de drogas, el castigo público al que robe, el cobro de 50.000 pesos por tambor de gasolina movido por el río, y un impuesto entre el 10 % y el 20 % a cualquier insumo que se mueva en las aguas del caudaloso Baudó.
“Los paramilitares mandan por acá, y hasta ustedes los periodistas deben tener cuidado para no tomar fotos donde no deben para no meterse en un problema”, explica María*, esposa de Iván, dueña de una de las tiendas de cachivaches de Puerto Meluk.
Confinados por el miedo
El día del tiroteo en el resguardo indígena Tassi, en el Alto Baudó, el profesor John Hamilton Sabugara Forastero tomó los niños que pudo y se encerró con ellos en una de las viviendas de su familia. Los otros corrieron a la selva a esconderse del “dum que rompe el aire y rasga el cuerpo”.
Los paramilitares llegaron hasta el caserío y dentro de la población abrieron fuego contra una columna del Eln que entró a la fuerza a esta comunidad. Fue a las dos de la tarde del 23 de junio de 2014 cuando los indígenas llegaban de sembrar, y hoy, casi tres años después, el jaiperabú, como llaman al miedo, aún persiste entre los embera.
“Fue tremendo susto porque uno no conoce el combate ni la violencia y uno por los tiros se asusta. Todos los niños corrían pal monte (sic) y eso lo conocimos la primera vez”, recuerda Hamilton.
Este episodio se repitió un año después, esta vez en un territorio sagrado para esta comunidad que ellos identifican como Ana Dolores Mendoza. En este sitio, donde se encuentran las plantas sagradas y no puede cazarse, las Autodefensas Gaitanistas se enfrentaron al Eln. Desde entonces, al jaibaná no lo abandona la tristeza, y este hecho produjo el desplazamiento masivo.
“Llegaron actores armados del Eln y exigieron a la comunidad, hablaron de restricciones de andar por la selva porque los caminos están minados, entonces los civiles no pueden ir a los bosques”, precisa el gobernador embera Jeisson Mecha.
Se desplazaron sin retorno
Después de sonar el último disparo, 24 familias de esta etnia se embarcaron en sus canoas y se fueron río abajo. Llegaron a la comunidad Puesto Indio, un terreno encumbrado al lado del río Cugucho al que se llega después de navegar durante nueve horas por un río en el que toca bajarse a caminar ante la ausencia de las lluvias, y cuyo lecho seco deja al descubierto las piedras lisas.
En este resguardo, los niños indígenas caminan desnudos por las calles de barro seco, amarillo; juegan fútbol con un cojín cuadrado de espuma y muchas de sus mujeres parecen ancianas, pues su piel arrugada y sus pechos caídos de amamantar a los hijos les da un aspecto de senectud.
La hambruna se ha apoderado de ellos, tanto, que en cada casa se ven los perros famélicos husmeando los fogones calientes en los que cocinan plátano con sal, el único alimento que los sostiene en un territorio en el que no pueden cazar, cultivar o pescar.
Dairo Palacio Lizarda, personero de Pie de Pató, cabecera municipal del Alto Baudó, territorio al que pertenecen las comunidades indígenas de Tassi, Puesto Indio y otras a lo largo del río Cugucho, explica que en el momento el miedo es generalizado y han recibido declaraciones de comunidades que expresan nerviosismo por la presencia de grupos armados, específicamente del Eln.
“El estado de confinamiento de las comunidades lo primero que genera es que no salgan a cazar ni a pescar, no pueden cultivar y ellos se limitan a lo que puedan encontrar en sus parcelas que solo es maíz y plátano. No van más allá porque se pueden encontrar en la selva a los grupos y eso ha generado una crisis alimentaria”, cuenta el personero municipal.
Las comunidades no quieren volver. Algunos indígenas retornaron a su terruño y no hallaron nada de lo que tenían. La selva se tragó sus casas de madera, la maleza se trepó por las tablas y techos y los grupos armados ilegales se llevaron los cerdos y las gallinas, lo poco que tenían para sobrevivir.
Volvieron a entrar
El resguardo de Puesto Indígena está compuesto por dos cuadras largas de casas de madera y un rancho grande en el que los comuneros realizan sus rituales ancestrales.
En el río las mujeres hacen la limpieza de la ropa de sus hombres y toman el agua para cocinar, lavar los platos y bañarse. Su río les duele, la contaminación por mercurio generada por la minería les ha ido acabando el pescado y hoy ya no encuentran las especies de 30 y 40 centímetros. Lo que pescan son gañuto (pescado pequeño) que no les alcanza para alimentarse bien.
La situación de esta comunidad volvió a agravarse después del 9 de enero pasado cuando integrantes del frente Resistencia Cimarrón llegaron al caserío, amenazaron con granadas y fusiles, estrujaron a los habitantes y preguntaron por el gobernador.
“Todo fue confusión. Ellos llegaron y dijeron que se tenía que presentar o las cosas iban a ser peores. Nos decían que éramos colaboradores de los paramilitares y nosotros no somos colaboradores de nadie, ni de la guerrilla ni de los otros grupos”, cuenta uno de los habitantes del lugar.
Esta nueva irrupción en las comunidades generó más terror, tanto que el personero Palacio cree que hay un inminente desplazamiento y el riesgo de reclutamiento por los golpes dados por la Fuerza Pública al Eln.
Para evitar ese reclutamiento, los niños embera han optado por hacer parte de la Guardia Indígena, una entidad que vela por el bienestar del territorio, hace respetar las normas y exige a los grupos armados lejanía de sus áreas para evitar la estigmatización por los actores del conflicto armado.
Llevan chaleco y pañoleta verdes, y un bastón de mando que les representa la autoridad, y aunque quieren mantenerse alejados de la guerra, su fantasma los persigue: ellos han tallado su bastón en forma de fusil de grupo armado.
“También somos país”
Hace poco menos de dos meses que las comunidades del Medio y Alto Baudó no ven en sus ríos a los integrantes del Ejército. El personero Palacio asegura que fueron retirados y que los pocos policías que hay en el municipio no dan la sensación de seguridad exigida por esa población, golpeada por los actores violentos desde 1995, año en el que se establecieron los primeros grupos de Autodefensa en una zona dominada por años por la subversión. La guerra fue a muerte y dejó el territorio con el 95 % como víctimas del conflicto armado, muchas de ellas sin reparar.
Dice la alcaldesa de Pie de Pató, Carmen Elisa Londoño Mosquera, que la situación es tan crítica, “que por eso estamos haciendo lo que podemos, lo humanamente posible, tocando puertas a ver cómo empezamos a mitigar la situación en todos los sentidos, orden público, seguridad social, inversión social”.
Agrega la mandataria, una negra alta con cabello trenzado y de contextura gruesa, que saluda en cada casa de su municipio, que el Baudó es Colombia “y acá hay personas que necesitamos el apoyo del Gobierno, nuestra gente pide a gritos la voz del Estado”.
En esas selvas profundas del Chocó la gente siente que su tierra ya no les pertenece. El miedo que ronda por sus ríos y campos les ha quitado sus costumbres ancestrales, y el jaiperabú les quita el sueño, más cuando los perros delatan su presencia en las noches silenciosas de sus territorios.
DICEN DE...VÍCTIMAS SIN REPARACIÓN
El enlace de víctimas del Alto Baudó, Francisco Javier Mosquera, explicó a este diario en el recorrido por este municipio, que el abandono estatal los ha llevado hasta la situación de no tener un espacio para atender a las víctimas. “El Estado no ha sido muy presente ni ha tenido la más mínima participación con el Alto Baudó, por el desplazamiento masivo en el municipio, y no contamos con un punto para atender las víctimas y decirles: usted tiene derecho a esto, se le va a solucionar esto porque el Estado no lo proporciona. A las personas les brindamos una atención humanitaria inmediata que es la primera fase y posteriormente se les orienta sobre cuáles son los derechos que él como víctima tiene y no volverlos a revictimizar. Además las víctimas no han sido reparadas y ellos han hecho la solicitud para obtener las ayudas como desplazados”.

JAVIER ALEXÁNDER MACÍAS Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia. TOMADOD E EL COLOMBIANO 

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