Advierten que se
pagará un costo excesivo para salir de la crisis eléctrica
Según un documento, el Gobierno ofreció altas tasas de
retorno a las empresas para acelerar la inversión y generó un costo extra anual
de US$600 millones; el Ministerio de Energía lo justifica por la alta
vulnerabilidad del sistema
Según un documento, el Gobierno ofreció altas tasas de
retorno a las empresas para acelerar la inversión y generó un costo extra anual
de US$600 millones; el Ministerio de Energía lo justifica por la alta
vulnerabilidad del sistema Fuente: Archivo
Un informe de 14 páginas, sin rechazos al tarifazo, pero con
una profundidad poco frecuente para discutir la cuestión energética sin caer en
la grieta, se convirtió en una de las mayores críticas a la gestión de Mauricio
Macri en electricidad, un área que está en cabeza del ministro de Energía, Juan
José Aranguren. Quizás eso se deba a que el texto fue originado en el Cippec,
un organismo con llegada al Gobierno y con influencia en el sector público.
Allí cuestiona que la Casa Rosada se debió comprometer a pagar altas tasas de
retorno para que las empresas inviertan, algo que provocará un costo adicional
a ser pagado por los usuarios.
El trabajo es de Diego Bondorevsky, investigador principal
del Cippec. Cuestiona que el Gobierno les abrió la puerta del negocio primero a
las grandes empresas, cuando en el mundo los pequeños productores adquirieron
un rol trascendental. Y lamenta que se firmaron contratos a largo plazo
"de forma centralizada, sin fundamentos públicos y comprometen pagos a
realizar por los consumidores por los próximos 15 años".
Días después del recambio en la Casa Rosada, el Gobierno
decretó la emergencia eléctrica. La gestión de Julio De Vido había dejado un
sistema precario en el que se repetían los cortes por la situación del sector
de distribución, con riesgo concreto, además, de que la oferta eléctrica no
alcanzara para cubrir la demanda por la escasez de reservas. "Hoy estamos
al borde de un colapso [energético]", resumió en aquel momento Aranguren.
Fuente: LA NACION
Energía lanzó en marzo del año siguiente la denominada
resolución 21, por la cual se licitaron aproximadamente 3100 megawatts (MW) de
generación térmica para evitar cortes. Esos contratos, denominados PPA, se
firmaron a 10 años y se efectivizaron en un precio medio de US$21/kW-mes.
"Para poner en contexto esos valores, en Chile los precios resultantes de
esa tecnología son de aproximadamente US$8,5/kW-mes, y en México (un sistema
con gran componente térmica y de mayor escala) del orden de US$6/kW-mes",
sostiene el trabajo de Bondorevsky. "Las elevadas tasas internas de
retorno requeridas por los inversores en las licitaciones, en un contexto en el
cual se sumaban un alto riesgo país y el riesgo específico del sector, que
definieron plazos de recuperación de la inversión de 4 a 5 años, ponen en duda
la decisión de privilegiar un resultado de corto plazo (evitar los altos costos
de la energía no suministrada) asumiendo costos significativamente mayores que
los que tendría el sistema con cortes", resume el documento. Según los
números de Bondorevsky, el sistema tiene un costo anual adicional de US$600
millones por esta medida (aproximadamente US$2700 millones en total a valores
presentes por 12 años).
"Dado que los consumidores son quienes se van a hacer
cargo de estos costos por los próximos años, este tipo de contratos se
transforman en hipotecas muy caras a pagar" para ellos.
Ante la consulta de LA NACION, Bondorevsky reconoció que a
la llegada del nuevo gobierno el margen de reserva era mínimo. Por eso, aclara que
su gran crítica es "a la forma en la que se toman las decisiones. ¿Por qué
en tan poco tiempo se toman decisiones tan importantes? ¿Por qué las
decisiones, que implican transferencias de consumidores a empresas de mucha
plata, son tan centralizadas?".
El trabajo del Cippec cuestiona la escasa participación que
el Gobierno les dio a los pequeños generadores de energía, una especie que
proliferó rápidamente en el mundo en los últimos años. De acuerdo con el
documento, el plan de energías renovables que lanzó Energía (RenovAr), una de
sus medidas con mejor acogida entre el público y los inversores, se estructuró
a través de contratos que no contemplan la posibilidad de que medianos usuarios
autogeneren energía ni exporten los sobrantes a la red. "Por el contrario
-cuestiona-, RenovAr también garantiza un flujo de fondos a los inversores
mediante contratos de largo plazo en un contexto de costos decrecientes de las
tecnologías renovables", sostiene.
El Gobierno comenzó a atender esa dificultad. En noviembre
del año pasado se aprobó la ley que fomenta la denominada generación
distribuida, para que usuarios domésticos generen de manera individual, que fue
reglamentada en los últimos días de diciembre.
Finalmente, el Cippec cuestiona que en el país "no
existe actualmente un plan de largo plazo, expresado en forma pública y
transparente para el sector eléctrico". Según Bondorevsky, puede ocurrir
que los funcionarios se lo hayan contado a las empresas en reuniones, pero no a
la sociedad en su conjunto.
Ante la consulta de LA NACION, el Ministerio de Energía
respondió por escrito. A continuación, los puntos sobresalientes: "La
situación de contexto cuando se decidió la convocatoria estaba caracterizada
por falta de reservas en todas las etapas de la cadena del suministro eléctrico
y un nivel muy alto de vulnerabilidad de los equipos e instalación, factores
que daban una alta probabilidad de existencia de cortes de suministro", se
explicó. "Otro punto a tener en cuenta al comparar los precios medios en US$/kw-mes
es la diferencia en el riesgo país y los estándares para obtener financiamiento
que existían y aún persisten entre la Argentina, Chile y México. Si bien los
precios por los PPA fueron altos respecto de países como Chile y México, los
mismos fueron mucho más bajos que los concedidos por el Estado en la
administración anterior, en la gestión previa a la iniciada en diciembre de
2015".
El ministerio agregó: "Ya se han tomado medidas para
superar la emergencia eléctrica; a partir de una situación más estable con la
finalización de la misma, se concentrarán esfuerzos y atención en definir
políticas y acciones que orienten en mejor forma a la oferta y a la demanda en
sus decisiones. Y ya se ha promovido por medio de incentivos adecuados, y se ha
verificado, la instalación de medidores inteligentes en varias de las empresas
distribuidoras".
Dos miradas para un problema
"Se firmaron contratos de forma centralizada que
comprometen pagos a realizar por los usuarios por los próximos 15 años",
cuestiona el Cippec.
"La licitación se convocó cuando al sistema le faltaban
reservas y tenía un nivel alto de vulnerabilidad", explicó el Ministerio
de Energía.
Por: Pablo Fernández Blanco – TOMADO DE LA NACION DE AR
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