¡Acuerdo regional
vinculante y sin reservas para proteger a los defensores ambientales, el acceso
a la
Luego de más de 4 años de negociaciones se logró el objetivo
de tener un acuerdo que incluya referencias específicas a las obligaciones de
los estados firmantes de tomar medidas especiales de protección a defensores y
defensoras ambientales de todo el continente.
DAR ha seguido el proceso desde 2015, cómo miembros del
Mecanismo Público – y más recientemente de The Acces Initiave-, apoyando en la
estrategia de comunicación e incidencia.
Desde entonces nos sumamos a los esfuerzos de organizaciones como CEMDA
de México, FARN de Argentina, Artículo 19 de Brasil, entre varias otras.
Buscamos incluir artículos que eleven el estándar de protección de derechos
ambientales. Luego de una intensa de negociación, de artículos que entraban y
salían del Acuerdo, creemos que el resultado es positivo y deja mucho espacio
para continuar vigilantes a la completa implementación, con políticas y
legislación efectiva para la plena vigencia de la Justicia Ambiental.
El Principio 10 en el
Perú
En palabras del Viceministro Fernando León, que se sumó a la
delegación peruana el día jueves 01 de marzo: “Este acuerdo, complementa muy
bien los avances que ha hecho el estado peruano en materia de acceso a la
información, participación ciudadana, y acceso a la justicia en asuntos
ambientales, además de lograr una visión y acción regional en esta materia. […]
El acuerdo, refuerza al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), al
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al Sistema Nacional de
Fiscalización Ambiental, que tienen a la participación ciudadana como un
elemento clave, asimismo, el Poder Judicial, como parte del SNGA, tiene también
en este acuerdo un respaldo para reforzar la acción de Acceso a la Justicia
Ambiental por parte de los ciudadanos, con iniciativas como la creación de
juzgados especializados y el pacto de Madre de Dios”.
¿Qué se discutió?
Durante esta novena reunión se discutieron los artículos del
13 al 15, definiciones, preámbulo, principios, entre otros. Entre los logros
más importantes para sociedad civil tenemos han la inclusión de la definiciones
de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, defensores ambientales,
información ambiental y la eliminación de la posibilidad de hacer reservas.
"Este Acuerdo es importante para generar un estándar en
América Latina y el Caribe, por el contexto actual de corrupción y de impactos
por proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo para aquellos países
que no cuentan con efectivos instrumentos nacionales sobre estos derechos y que
organismos internacionales como CIDH y ONU han instado a los gobiernos a
implementar. Asimismo, fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de
protección de poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la
vulneración de estos derechos impacta en otros derechos como la consulta
previa, salud, medio ambiente sano, y territorio” En palabras de Aida Gamboa -
especialista– Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú.
Algunos puntos críticos fueron las definiciones de
“público”, que hayan eliminado posibilidad de enviar comunicaciones al Comité
de Facilitación del Acuerdo y que en el artículo referido a justicia ambiental,
en la referencia a “legitimación activa amplia”, se subordine a la legislación
nacional. Sin la participación activa del público no se hubiera culminado con
este tratado, que concluyó sin ninguna reserva por parte de los Estados partes
y que definió que se necesitará 11 ratificaciones el Acuerdo para su entrada en
vigor. Esperamos que los países puedan implementar este Acuerdo con celeridad y
sobre todo que sea ratificado por la mayor cantidad de Estados.
Un minuto de silencio por Berta.
La sesión de negociación cerró con un sentido homenaje a
Berta Cáceres a exactamente dos años de su trágica muerte. La sociedad civil
pidió un minuto de silencio en la sala. El acto sirvió para recordar a los
representantes de los gobiernos, la importancia de lograr la total
implementación del acuerdo y las consecuencias que ha traído a la región, el
progresivo debilitamiento de la normativa ambiental y de las protecciones
necesarias para aquellos que están en la primera línea de defensa cuando
estallan conflictos por el uso de los recursos naturales en los territorio
latinoamericanos. Tomado de envio de miguel rementeria de foroba
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