Diputados aprueban
ley para revertir áreas mineras "ociosas"
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en
sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley de Control y
Fiscalización de Áreas Mineras.
El objetivo de este proyecto de ley es establecer mecanismos
de control y fiscalización sobre actividades que desarrollen los titulares de
derechos mineros en Bolivia y proceder a la caducidad de concesiones en caso de
verificarse la inexistencia de actividades en áreas mineras y definir la causal
para la resolución de contratos mineros.
El proyecto de ley, al que accedió la ANF, determina que la
verificación de las actividades mineras estará a cargo del ministerio del área
y será la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (Agjam) la que
determine la caducidad de la concesión.
Asimismo establece que en el caso de contratos mineros
suscritos por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuando se establezca
la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras,
éstos serán resueltos por la misma Comibol, sobre la base del informe de
verificación realizado por el Ministerio de Minería.
El ministro de Minería, Mario Virreira, se hizo presente en
la sesión de la Cámara de Diputados para argumentar el proyecto de ley e indicó
que el objetivo del mismo es recuperar aquellas áreas mineras
"ociosas", que sólo están para "engorde" y que no producen
ningún beneficio.
"En nuestro país hemos podido observar que hace
muchísimos años atrás diferentes entidades que operan en la minería, como
empresas unipersonales o empresas propiamente dichas, han registrado (…)
concesiones por pertenencias (…) y concesiones por cuadrículas, acumulando una
cantidad bastante importante de hectáreas, (…) que nos ha hecho ver que tenemos
áreas registradas en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas
(Sergeotecmin) que no tienen ninguna utilidad", explicó, de acuerdo a un
comunicado de prensa.
La autoridad dijo, según el comunicado, que la Empresa
Minera San Cristóbal cuenta con un total de 62 concesiones, o 7.682
cuadrículas, de las que trabajan menos del 10 por ciento.
El proyecto de ley define, además, que la caducidad de
concesiones no procede cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiere
producido como consecuencia de avasallamientos o como resultado de una
disposición de autoridad competente. Sin embargo, la existencia de
avasallamientos deberá estar debidamente denunciada ante las autoridades
competentes.
El artículo cuarto del proyecto señala que las áreas
revertidas a consecuencia de la caducidad o resolución serán consideradas
reserva fiscal, mientras que los contratos que se resuelvan sobre áreas en las
que Comibol ejerce titularidad se mantendrán a favor de la empresa estatal.
El proyecto de ley contiene cinco artículos y cuatro
disposiciones finales. Tras su aprobación en Diputados, fue derivada a la
Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
Tomado de la patria de Bolivia
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