domingo, 23 de octubre de 2016

MEJORANDO VIVIENDAS INDÍGENAS EN COLOMBIA

 Nuevas viviendas indígenas, solución pintada de camuflado
Viviendas de dos módulos fueron entregadas en la comunidad El Volao. Foto: Ricardo Monsalve
Son varios los colegios de resguardos indígenas que también fueron remodelados. Foto: Ejército
Dependiendo de la étnia puede variar el tipo de construcción. Foto: Ricardo Monsalve
El coronel (r) Raúl Peña entrega la vivienda a un indígena en Necoclí. Foto: Ejército
1.280  familias de diferentes etnias fueron seleccionadas para la construcción de vivienda.
El resguardo indígena de El Volao, ubicado en la vereda Las Changas del municipio de Necoclí, en Urabá, tiene un solo cruce en el que se encuentran la única vía de acceso y la principal, que comunica con el casco urbano.
Hasta hace pocos años, a lado y lado de esas vías había más rastrojo que viviendas o estructuras. Los pobladores de ese resguardo vivían en chozas, e incluso aseguran que si alguien que no ha visitado esa zona en varios años, no va a reconocer mucho si regresa.
Esa transformación de los pueblos indígenas inició hace cinco años con la ayuda del Ejército Nacional, que reconstruyó colegios, casas de gobierno y centros de salud. Ahora, con la ayuda de varios gobiernos departamentales, entidades públicas y privadas, se inició una nueva fase de este proyecto: mejoramiento de vivienda de todos los pobladores de esas comunidades.
Y gracias a esa intervención, ese cruce del resguardo El Volao, ya tiene a su alrededor un colegio con varias aulas de clase, un centro de salud en concreto, una casa de gobierno de dos pisos y varias viviendas prefabricadas de dos módulos con todas las comodidades (ver gráfico).
“Esto es un proceso que se lleva a nivel nacional, pero acá en nuestra jurisdicción, Antioquia, Córdoba y Chocó, se hizo un diagnóstico en el que se pudo establecer que las víctimas del conflicto, los que más tenían problemas eran las comunidades indígenas, lógicamente negritudes y campesinos también sufrieron mucho, pero seleccionamos 1.280 familias de las etnias Emberá, Catíos, Chamí, Senú y Gunadule”, explica el general Jorge Salgado, comandante de la Séptima División del Ejército.
En Antioquia, concretamente en Urabá, se han intervenido siete comunidades y a todas “les hicimos unas construcciones comunitarias, casas de gobierno, centros de salud, complejos educativos. Vimos que una de las mayores prioridades que tenían era de vivienda, entonces con la Gobernación de Antioquia, con el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura aprovechamos que esas comunidades tenían subsidio de vivienda por ser víctimas de la violencia y les estamos brindando solución”, agregó el general.
En palabras del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, “el Ejército ha sido un gran aliado silencioso del progreso de los pueblos indígenas; en esta comunidad (El Volao) ellos están terminando 83 viviendas de la ciudadela y ahora vamos a empezar en conjunto otras 87”.
Y es que para el gobernador es prioridad darles beneficios a las comunidades indígenas en Antioquia, “con o sin acuerdos de paz”, y por eso asegura que se está “trabajando para hacer una ciudadela indígena en cada comunidad; estamos trabajando para dar más tierras, ampliar su territorio, para que se perfeccionen un poco más en sus cultivos agrícolas, que sean más productivos y ahí estamos ayudando con mayores inversiones; también queremos conservar la cultura de ellos, que los profesores sean de esas comunidades, que los funcionarios sean de esas comunidades”.
Un nuevo comienzo
“Como dice el dicho, el miedo no conoce calzón mi señor”, dice Sofanor Quintero, uno de los habitantes de El Volao, quien se refiere a la época en que la guerra no tuvo piedad con esa población de 659 habitantes. “Acá los grupos armados nos sacaron a todos, no quedó nadie y muchos pensamos que no íbamos a volver, pero gracias a Dios regresamos unos meses después”.
Eso ocurrió entre los años 1995 y 1996 cuando guerrilla, paramilitares y Estado luchaban a sangre y fuego por esa zona del Urabá, generando un enorme desplazamiento con cientos de víctimas.
“Ahora la cosa es diferente, mis hijos tienen oportunidades que yo no tuve, ellos ahora tienen un colegio con techo, en vez de palmas; con sillas, en vez de troncos, es muy diferente”, agrega Sofanor, quien confiesa que aún vive en una choza con su pareja, siete hijos y dos nietos a la espera de ser beneficiado con las viviendas que están construyendo en su comunidad.
Una historia diferente cuenta Nidia Ortiz, una de las últimas beneficiadas con la intervención. Ella ya tiene una casa donde tiene una tienda y vive con su esposo y cuatro hijos. “Soy muy afortunada, ya iniciamos la construcción de la nueva vivienda”, dice mientras señala el terreno en el que quedará la estructura. “Ahí quedará mi pieza y la de mis hijos, la vida nos cambiará, estábamos esperando esto”.
Realmente la casa de Nidia es una buena estructura, con adecuada distribución para su familia e insiste en que ahora tendrá más espacio para seguir con su negocio y los cultivos de maíz, yuca, plátano, arroz y ñame, “que es lo que da la tierra por acá”, añade.
Por su parte, Ramiro Solar conoce a la perfección las nuevas viviendas pues ha disfrutado varias y cree que son cómodas, con lo necesario. Aunque todavía no es propietario cuenta que lleva “mucho rato viviendo en casa ajena, de arrimado, por eso es que las conozco y quiero una para mí”.
Ramiro, quien vive de la agricultura, pero también de cuidar las casas de algunos de sus hermanos en las que ha vivido, dice que aunque no tiene planeado qué hacer apenas le construyan su propia vivienda, tiene seguro que la gozará con su hija y también buscará una pareja “para disfrutarla”.
Toda esta transformación que ha tenido esta comunidad ha sido seguida muy de cerca por Marco Antonio Ruiz Quintero, cacique del resguardo.
Asegura que todo este proceso de remodelar las casas y reconstruir las fachadas no fue fácil, pues tuvo que aprobarse en varios congresos.
“Gracias a Dios se ha podido superar todo, la gente lo pensó bien y decidió. Hoy en día las familias tienen su vivienda digna y están muy contentas. Nuestro resguardo ha tenido un cambio total”, asegura el cacique, quien desea ver a todas las 659 personas viviendo “bajo un techo digno”.
El “arquitecto” del Ejército
Treinta años duró en el Ejército, estuvo casi todos en el sur del país, vivió en primera persona lo peor que puede ofrecer la guerra y sabe lo que las comunidades padecieron de la mano de todos los actores armados que han participado en ella.
Raúl Peña se retiró hace cinco años en el grado de coronel, y actualmente maneja el Grupo Asesor del Comandante (GAC), en este caso de la Séptima División del Ejército.
“Hay 14 grupos en todo el país realizando lo mismo que nosotros en esta jurisdicción, estamos abarcando la guerra no kinética, la no armada y nos estamos metiendo en la parte social, en una tarea interagencial con gobernaciones y alcaldías, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas con el ánimo de favorecer el posconflicto y de ayudar a las más de ocho millones de víctimas que ha dejado”, explica el coronel (r).
Este oficial es uno de los que ha liderado todo el proyecto con las comunidades indígenas en Antioquia, Córdoba y Chocó y conoce por lo que se ha tenido que pasar para poder darle vivienda a quienes el conflicto los ha dejado sin nada, “por eso es que hemos superado todo tipo de dificultades, hay mucha voluntad de parte y parte”, dice.
Y es que como ocurre en la ruralidad, se pueden encontrar casas muy alejadas de los cascos urbanos y en los resguardos no es la excepción.
“En muchas zonas los materiales han tenido que ingresar no solo a lomo de mula, también de indígenas y soldados; ha sido muy complicado, en muchos resguardos, por ejemplo, nos ha tocado esperar que los ríos bajen su nivel para poder pasar todo el material porque ni siquiera hay puentes. Ha sido muy complejo, pero los indígenas han entendido y ellos están muy dispuestos a ayudarnos, antes vivían prácticamente en ramas y ahora les estamos haciendo una casa digna que sirve para reparar un poco todo lo que les ha quitado la guerra”, relata Peña.
De esos municipios que visitó siendo militar y en los que combatió al enemigo, a este coronel retirado le gustaría regresar ahora con su nuevo rol a los límites de Caquetá y Putumayo, en la Tagua, Remolinos o Las Delicias, donde vivió de cerca la guerra. “Esa zona fue muy golpeada, y me gustaría regresar para ayudar a la gente. Son muchas las partes del país donde se requiere presencia del Estado con inversión social y los militares tenemos muchas soluciones”, concluye.
EN UN MINUTOBAJO CAUCA ES LA PRÓXIMA INTERVENCIÓN
CORONEL (R) RAÚL PEÑA
Grupo Asesor del Comandante
¿Qué sigue después de la intervención a las comunidades indígenas en Urabá?
“En este momento se está haciendo una primera fase de 287 unidades que abarca comunidades situadas en los municipios de Dabeiba, Apartadó, Turbo y Necoclí y posteriormente vamos a pasar al Bajo Cauca en Caucasia y Zaragoza con 274 viviendas. Es muy probable que se inicie el próximo mes”.
¿Estas ayudas también llegarán a otras comunidades?
“Sí, primero estamos con los resguardos indígenas porque los identificamos como las comunidades más golpeadas por la violencia, pero también tenemos proyectado impactar en negritudes y campesinos, sabemos que todos han sufrido con esta guerra y por eso también queremos ayudar allí,
donde también hay mucha miseria”.

RICARDO MONSALVE GAVIRIA Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid TOMADO DE EL COLOMBIANO 

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