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la fotografía es del sur de Argentina , autor luis pedro mujica

miércoles, 20 de junio de 2018

CARTA DE GREEN PEACE AL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA


Buenos Aires 19 junio 2018 // greenpeace ar

Ing. Mauricio Macri Presidente de la República Argentina 

Nos dirigimos a Usted, a fin de manifestarle nuestra profunda preocupación por las recientes amenazas de índole intimidatorias hacia Greenpeace Argentina, organización que -como Usted bien sabepresenta una trayectoria de trabajo por décadas en favor del ambiente de los argentinos, y en todo el planeta. Esta situación, que más adelante le describimos, ha generado una gran preocupación en el seno de la organización, por el riesgo que implica para la actividad que sus miembros desempeñan, destinada a la protección del ambiente, derecho fundamental de todo ciudadano argentino de acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución Nacional, y por los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional que nuestro país ha suscripto, en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como Usted reconoce, la libertad de expresión protege el derecho de todas las personas de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, incluyendo el ejercicio del pensamiento político, del periodismo, la expresión cultural y la artística, la enseñanza y el pensamiento religioso. Estas libertades no sólo aplican a ideas percibidas como favorables por las mayorías o por cualquier gobierno, sino que quedan incluidas todas aquéllas que puedan perturbar, impresionar o que resulten contrarias a las políticas del Estado. Entendemos que esta libertad carecería de sentido si manifestarse, peticionar o expresarse contrariamente a la opinión política de quienes se encuentran a cargo de cualquier Poder, implicara riesgo alguno para la libertad personal. Seguramente coincidimos en sostener que las manifestaciones públicas permiten elevar el nivel y la calidad de la información, del debate y del involucramiento social en temas de interés general. Como consecuencia, nuestra democracia resulta fortalecida cuando existe una voluntad permanente de sostener los valores de la libertad de expresión, de discusión, de participación y de protesta, en tanto dicho sistema de valores forma parte constitutiva e insoslayable de aquélla forma de organización social. Las manifestaciones públicas son los recursos con los que contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores, mujeres, agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para visibilizar los reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la libertad se amenaza, se judicializa, se deslegitima, la calidad de la democracia se degrada en su práctica cotidiana. Como Usted bien sabe, Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica y políticamente independiente, que se financia únicamente con el aporte de más de 3 millones de personas en todo el mundo, y que utiliza la no violencia para exponer y encontrar solución a los problemas ambientales. La piedra angular del conjunto de valores fundacionales de Greenpeace -los cuales sostenemos en todo el mundo y en cada una de nuestras campañas-, responde a principios que se basan en dar público testimonio de la destrucción del ambiente mediante acciones pacíficas, con el objetivo de promover un cambio en la realidad. Este compromiso con la libertad de expresión y con el derecho de protesta no es patrimonio exclusivo de Greenpeace. Por el contrario, estos valores están firmemente arraigados en la tradición de la protesta como motor de cambio positivo en la historia de la humanidad. Basta que recordemos los movimientos de protesta pública, pacífica y multitudinaria por los derechos civiles, por el sufragio universal, por la abolición de la esclavitud, por los derechos de las mujeres, sin los cuales no contaríamos hoy con varios de los fundamentales derechos que componen nuestras libertades civiles y políticas. Los eventos que nos motivan a dirigirle esta carta ocurren en el marco de nuestra Campaña de Bosques, que lleva más de 20 años en el país denunciando la deforestación, en distintas provincias del país y a nivel nacional. En particular, y como en tantas otras oportunidades, denunciamos la deforestación ilegal, en este caso en la finca denominada “Cuchuy”, ubicada en la provincia de Salta, que se encuentra incluida en un conjunto de bosques amenazados con el avance irregular de las topadoras, y que son incluidos en nuestro informe “Desmontes S.A. Parte 2” desde el año 2014. Frente al avance inminente del desmonte de los bosques nativos dentro de aquella finca, propiedad de Alejandro Braun Peña, continuamos nuestra campaña con la finalidad de solicitar el cese de las actividades de desmonte que se iniciaron a fines del año pasado, sobre miles de hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley Nacional de Bosques (26.331). Dicho reclamo público derivó en la recepción de cartas documento por parte de su propietario hacia la organización y sus miembros, y en una convocatoria a una mediación de su parte, la que se celebró el 8 de marzo del 2018. Durante la misma, Braun Peña nos reclama a los representantes de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y la dicente, que sus acciones le habrían causado presuntos daños y perjuicios, cuando él había “dedicado mucho tiempo y dinero para convertirse en uno de los empresarios más ricos y poderosos del país, pero también para estar en las sombras y ser uno de los ​ más desconocidos". A continuación, Braun Peña amenazó a los representantes de la entidad: "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos ​ verdes para joderlos a ustedes en forma personal", a lo cual su abogado añadió: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio ​ que apuesta por el país". Unos días más tarde, el Diputado Nacional por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga, increpó e insultó telefónicamente a la dicente, lo cual no solo es totalmente inaceptable por parte de un Diputado de la Nación, sino preocupante que cualquier autoridad se sienta habilitada para violentar a un miembro de nuestra institución, o de cualquier otra, por una diferencia de posiciones. Le informamos que ambas agresiones y amenazas fueron denunciadas ante autoridades judiciales de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 11 de abril del 2018 se presentó una querella penal en el juzgado porteño número 20 denunciando a Braun Peña y a Villalonga. El 24 de mayo del 2018 Greenpeace presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se explica en detalle el contexto y ambas amenazas. Debe Usted coincidir con seguridad en que el trabajo de una organización como Greenpeace exige que las instituciones garanticen la seguridad y la libertad para ejercer el derecho de protesta y petición ante las autoridades y sociedades privadas de cualquier talla de modo pacífico. Dichas libertades lamentablemente se encuentran en detrimento a nivel global, y todos requerimos que en la República Argentina suceda todo lo contrario. Nuestro trabajo es permanente e independiente: ha sucedido y continuará sucediendo durante todos los gobiernos, cualquiera sea su orientación partidaria, en todos los países, defendiendo distintas causas, mostrando casos variados de la destrucción de la Naturaleza, y cumpliendo únicamente con nuestra misión como organización internacional, para la protección del ambiente a nivel global. Por ello, la defensa del ambiente y de las libertades para su ejercicio, no tiene color político: nuestro quehacer diario depende de hablar libremente, de no ser perseguido por las opiniones, de hacer respetar la ley, de controlar las decisiones de quienes ejercen la representación del Estado en todos sus poderes y niveles jurisdiccionales. En consecuencia, y como Jefe de Estado de la República Argentina, acudimos a Usted para la defensa del sistema democrático que nos cobija, y le solicitamos tenga a bien enfatizar la importancia de los derechos y libertades a la expresión y a la protesta en seguridad, garantizando el ejercicio del disenso y el reclamo público pacífico. Finalmente, y como cierre a esta solicitud, buscamos compartir junto con Usted lo establecido por nuestra Constitución Nacional en su artículo 41, que en la Argentina y en el mundo representa el eje central de nuestra misión, lo que resulta de interés para el bienestar común: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
 Aprovechamos la oportunidad para saludar a Usted atentamente,
Natalia Machain 
Co-Directora Ejecutiva de Greenpeace Argentina

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