Buenos Aires 19 junio 2018 // greenpeace ar
Ing. Mauricio Macri Presidente de la República Argentina
Nos
dirigimos a Usted, a fin de manifestarle nuestra profunda preocupación por las
recientes amenazas de índole intimidatorias hacia Greenpeace Argentina,
organización que -como Usted bien sabepresenta una trayectoria de trabajo por
décadas en favor del ambiente de los argentinos, y en todo el planeta. Esta
situación, que más adelante le describimos, ha generado una gran preocupación
en el seno de la organización, por el riesgo que implica para la actividad que
sus miembros desempeñan, destinada a la protección del ambiente, derecho
fundamental de todo ciudadano argentino de acuerdo a lo establecido por nuestra
Constitución Nacional, y por los acuerdos internacionales con jerarquía
constitucional que nuestro país ha suscripto, en particular en la Convención
Americana de Derechos Humanos. Como Usted reconoce, la libertad de expresión
protege el derecho de todas las personas de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, incluyendo el ejercicio del pensamiento
político, del periodismo, la expresión cultural y la artística, la enseñanza y
el pensamiento religioso. Estas libertades no sólo aplican a ideas percibidas
como favorables por las mayorías o por cualquier gobierno, sino que quedan
incluidas todas aquéllas que puedan perturbar, impresionar o que resulten
contrarias a las políticas del Estado. Entendemos que esta libertad carecería
de sentido si manifestarse, peticionar o expresarse contrariamente a la opinión
política de quienes se encuentran a cargo de cualquier Poder, implicara riesgo
alguno para la libertad personal. Seguramente coincidimos en sostener que las
manifestaciones públicas permiten elevar el nivel y la calidad de la
información, del debate y del involucramiento social en temas de interés
general. Como consecuencia, nuestra democracia resulta fortalecida cuando
existe una voluntad permanente de sostener los valores de la libertad de
expresión, de discusión, de participación y de protesta, en tanto dicho sistema
de valores forma parte constitutiva e insoslayable de aquélla forma de
organización social. Las manifestaciones públicas son los recursos con los que
contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores, mujeres,
agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para visibilizar los
reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la libertad se amenaza, se
judicializa, se deslegitima, la calidad de la democracia se degrada en su
práctica cotidiana. Como Usted bien sabe, Greenpeace es una organización
ecologista internacional, económica y políticamente independiente, que se
financia únicamente con el aporte de más de 3 millones de personas en todo el
mundo, y que utiliza la no violencia para exponer y encontrar solución a los
problemas ambientales. La piedra angular del conjunto de valores fundacionales
de Greenpeace -los cuales sostenemos en todo el mundo y en cada una de nuestras
campañas-, responde a principios que se basan en dar público testimonio de la
destrucción del ambiente mediante acciones pacíficas, con el objetivo de
promover un cambio en la realidad. Este compromiso con la libertad de expresión
y con el derecho de protesta no es patrimonio exclusivo de Greenpeace. Por el
contrario, estos valores están firmemente arraigados en la tradición de la
protesta como motor de cambio positivo en la historia de la humanidad. Basta
que recordemos los movimientos de protesta pública, pacífica y multitudinaria
por los derechos civiles, por el sufragio universal, por la abolición de la
esclavitud, por los derechos de las mujeres, sin los cuales no contaríamos hoy
con varios de los fundamentales derechos que componen nuestras libertades
civiles y políticas. Los eventos que nos motivan a dirigirle esta carta ocurren
en el marco de nuestra Campaña de Bosques, que lleva más de 20 años en el país
denunciando la deforestación, en distintas provincias del país y a nivel
nacional. En particular, y como en tantas otras oportunidades, denunciamos la
deforestación ilegal, en este caso en la finca denominada “Cuchuy”, ubicada en
la provincia de Salta, que se encuentra incluida en un conjunto de bosques
amenazados con el avance irregular de las topadoras, y que son incluidos en
nuestro informe “Desmontes S.A. Parte 2” desde el año 2014. Frente al avance
inminente del desmonte de los bosques nativos dentro de aquella finca,
propiedad de Alejandro Braun Peña, continuamos nuestra campaña con la finalidad
de solicitar el cese de las actividades de desmonte que se iniciaron a fines
del año pasado, sobre miles de hectáreas de bosques nativos protegidos por la
Ley Nacional de Bosques (26.331). Dicho reclamo público derivó en la recepción
de cartas documento por parte de su propietario hacia la organización y sus
miembros, y en una convocatoria a una mediación de su parte, la que se celebró
el 8 de marzo del 2018. Durante la misma, Braun Peña nos reclama a los
representantes de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y la dicente, que
sus acciones le habrían causado presuntos daños y perjuicios, cuando él había
“dedicado mucho tiempo y dinero para convertirse en uno de los empresarios más
ricos y poderosos del país, pero también para estar en las sombras y ser uno de
los más desconocidos". A continuación, Braun Peña amenazó a los
representantes de la entidad: "Como ustedes hicieron la campaña enfocada
en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para
joderlos a ustedes en forma personal", a lo cual su abogado añadió:
"Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es
Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el
país". Unos días más tarde, el Diputado Nacional por Cambiemos, Juan
Carlos Villalonga, increpó e insultó telefónicamente a la dicente, lo cual no
solo es totalmente inaceptable por parte de un Diputado de la Nación, sino
preocupante que cualquier autoridad se sienta habilitada para violentar a un
miembro de nuestra institución, o de cualquier otra, por una diferencia de
posiciones. Le informamos que ambas agresiones y amenazas fueron denunciadas
ante autoridades judiciales de la Nación y ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El 11 de abril del 2018 se presentó una querella penal en el
juzgado porteño número 20 denunciando a Braun Peña y a Villalonga. El 24 de
mayo del 2018 Greenpeace presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, donde se explica en detalle el contexto y ambas amenazas.
Debe Usted coincidir con seguridad en que el trabajo de una organización como
Greenpeace exige que las instituciones garanticen la seguridad y la libertad
para ejercer el derecho de protesta y petición ante las autoridades y
sociedades privadas de cualquier talla de modo pacífico. Dichas libertades
lamentablemente se encuentran en detrimento a nivel global, y todos requerimos
que en la República Argentina suceda todo lo contrario. Nuestro trabajo es
permanente e independiente: ha sucedido y continuará sucediendo durante todos
los gobiernos, cualquiera sea su orientación partidaria, en todos los países,
defendiendo distintas causas, mostrando casos variados de la destrucción de la
Naturaleza, y cumpliendo únicamente con nuestra misión como organización
internacional, para la protección del ambiente a nivel global. Por ello, la
defensa del ambiente y de las libertades para su ejercicio, no tiene color político:
nuestro quehacer diario depende de hablar libremente, de no ser perseguido por
las opiniones, de hacer respetar la ley, de controlar las decisiones de quienes
ejercen la representación del Estado en todos sus poderes y niveles
jurisdiccionales. En consecuencia, y como Jefe de Estado de la República
Argentina, acudimos a Usted para la defensa del sistema democrático que nos
cobija, y le solicitamos tenga a bien enfatizar la importancia de los derechos
y libertades a la expresión y a la protesta en seguridad, garantizando el
ejercicio del disenso y el reclamo público pacífico. Finalmente, y como cierre
a esta solicitud, buscamos compartir junto con Usted lo establecido por nuestra
Constitución Nacional en su artículo 41, que en la Argentina y en el mundo
representa el eje central de nuestra misión, lo que resulta de interés para el
bienestar común: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Natalia Machain
Co-Directora Ejecutiva de Greenpeace Argentina
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