Pérdida de bosques
Las masas forestales del país han sufrido un constante
deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es
preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso
global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una
compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su
perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de
alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en
tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria
hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un
constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros
y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado
severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación
descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo
que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del
desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y,
según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a
cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción
se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta
de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la
tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo,
protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel
crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de
carbono.
Fuente: LA NACION
Las especies más afectadas por la explotación son,
principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las
yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste
es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo
con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en
tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no
afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte
previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de
impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas
décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual
se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el
segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000
hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la
superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de
hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace
mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor
que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los
ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la
recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos
(pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas
silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez
lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la
intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo
coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a
categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles
de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la
protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor
irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan
el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca
evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han
solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados
delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse.
Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la
ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole
suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques,
debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas
restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y
problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque,
sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales. Tomado de la nación de ar
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