LA MAYOR ASOCIACIÓN
DE NEGOCIOS DEL MUNDO OBTIENE VOZ DIRECTA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ONU
En una histórica resolución sin precedentes, la Sexta
Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
le otorgó estatus de observador a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por
su sigla en inglés). La resolución, presentada por Francia, Albania, Colombia,
Holanda y Túnez, y adoptada durante el 71º período de sesiones de la Asamblea
General, posiciona a la ICC como observador a partir de 1 de enero de 2017.
Por primera vez, la Sexta Comisión (dedicada al examen de
las cuestiones jurídicas) de la Asamblea General de la ONU aprobó a una
organización empresarial como observador. Hasta el momento, la lista actual de
Estados no miembros, entidades y organizaciones con estatuto de observadores se
limitaba principalmente a Estados no miembros, como la Santa Sede y el Estado
de Palestina, y organizaciones intergubernamentales como la Unión Africana y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los
sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil no figuran en la lista.
La solicitud de incluir en el orden del día provisional del
67º período de sesiones de la Asamblea General el tema "Estatuto de
observador de la ICC en la Asamblea General" se hizo en 2012 en una carta
dirigida a la ONU por el Representante Permanente de Francia. En ese momento,
la Asamblea General decidió aplazar la decisión a su 68º período de sesiones y,
un año después, la Asamblea General volvió a someterla a su 69º período de
sesiones. En esta sesión de 2014, la Asamblea General debatió un posible estatuto
de observador para la ICC, pero no se llegó a un acuerdo entre los Estados
miembros de la ONU. Así, la propia Francia sugirió poner fin a la discusión y
negociar una resolución en una etapa posterior. En setiembre de 2016, el
Representante Permanente de Francia presentó nuevamente una carta a la ONU con
la solicitud de incluir el tema sobre la condición de observador de la ICC en
la agenda del 71º período de sesiones de la Asamblea General.
El Representante Permanente de Francia justificó esta
solicitud de la manera siguiente: "El sector privado puede aportar
recursos clave al conocimiento, la experiencia, el acceso y el alcance -que a
menudo son cruciales para avanzar en los Objetivos de las Naciones Unidas.
[...] El otorgamiento de la condición de observador permanente a la ICC en la
Asamblea General fortalecerá las relaciones entre la ONU, sus Estados Miembros
y la comunidad empresarial mundial y seguirá mejorando los modelos inclusivos
de cooperación existentes. La solicitud de la ICC para obtener el estatus de
observador y representar puntos de vista de negocios en la Asamblea General es
parte de la histórica misión de fomentar la paz y la prosperidad a través del
comercio mundial".
El proyecto de resolución había sido propuesto inicialmente
por el representante de Francia ante el Comité el 11 de octubre de 2016. El
proyecto revisado estipulaba que la concesión de ese estatuto no establecería
un precedente ni modificaría los criterios existentes para la condición de
observador.
En ese sentido, el representante de Venezuela subrayó la
importancia de seguir los criterios establecidos para la concesión de la
condición de observador, señalando asimismo que el proyecto de resolución
destacaba el "carácter excepcional" de la ICC. El representante de la
Federación de Rusia hizo hincapié en que la solicitud no podía utilizarse como
precedente e instó a las delegaciones a seguir respetando los criterios de la
Asamblea General para las organizaciones internacionales que deseaban ser
observadoras.
Según la ICC, además de Francia, también apoyaron la
resolución otros 22 Estados miembros de la ONU. Se aprobó sin votación el 11 de
noviembre de 2016.
En respuesta a este logro, el Presidente de la ICC, Sunil
Bharti Mittal, declaró:
"Estamos dispuestos a garantizar que el sector privado
desempeñe plenamente un papel en el cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030.
Es un gran honor para la ICC el otorgamiento de la condición de observador en
la Asamblea General de la ONU. [...] Dada la complejidad de los desafíos mundiales
actuales, es vital que las empresas tengan una voz clara en la toma de
decisiones de la ONU. Esperamos poder utilizar esta plataforma única para
desplegar plenamente los recursos, experiencia y conocimientos de los negocios
mundiales en la labor de la Asamblea General".
Desde 1946, la ICC ha tenido un estatus consultivo de alto
nivel ante la ONU. Con la condición de observador tiene mayor acceso a las
reuniones y a la documentación de la Asamblea General.
Con 6,5 millones de empresas miembros en más de 130 países,
la ICC es la organización empresarial más grande del mundo. Representa en
particular los intereses de las empresas que participan en negocios
internacionales.
Muchas organizaciones de la sociedad civil critican que las
posiciones y las recomendaciones políticas de la ICC a menudo estén en profunda
contradicción con los estándares sociales, ambientales y de derechos humanos.
En relación al comercio y la inversión: La ICC solicita
regularmente a los gobiernos que mantengan y fortalezcan los acuerdos de
protección y promoción de las inversiones, incluidas las fuertes disposiciones
de solución de controversias inversionista-Estado para asegurar que los
inversionistas tengan acceso directo a la solución de controversias y
compensación financiera.
En derechos humanos: La ICC se opone firmemente a cualquier
instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho
internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas
transnacionales.
Sobre el cambio climático: La ICC apoya los intereses de las
grandes corporaciones transnacionales de petróleo, gas y energía. En sus
declaraciones, insiste en que los gobiernos deben mantener abiertas todas las
opciones de energía, incluidos los combustibles convencionales como el carbón,
el gas, el petróleo y la energía nuclear.
La concesión de la condición de observador a la Cámara de
Comercio Internacional podría fortalecer aún más el poder de las grandes
empresas y acentuar el desequilibrio entre los intereses corporativos y la
sociedad civil en la política mundial.
Por Svenja Brunkhorst y Jens Martens.
Fuente: Global Policy Forum (GPF).
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